“Las responsabilidades individuales están plenamente corroboradas, las filmaciones, fotografías, las testificales apuntan directamente a sin lugar a dudas que esto fue parte de un plan organizado y preparado por sectores políticos, con una firme intención de aprovechar un malestar temporal ciudadano (enmienda) y generar un conflicto, caos y destrucción. El expediente judicial y la carpeta fiscal son irrebatibles, impresionante la cantidad de elementos que tenemos, desde declaraciones de los propios imputados quienes reconocen el hecho y dicen quiénes fueron los que financiaron y pagaron, al mismo tiempo también tenemos los cruces de llamadas que nos dan un esquema de trabajo, que empezó entre las 15.30 y las 16.00 del día 31 de marzo y siguió hasta las 22.00 y un poco más inclusive”, expresó el abogado a radio UNO.

Sostuvo que con todo lo que salió a la luz se puede determinar que algunos políticos avivados “ya un equipo de respuesta en caso de que ocurra un malestar ciudadano”. “Aprovecharon al máximo y convirtieron un día de vandalismo de causar caos y destrozos. Más que un día y hora específico, lo que estaban teniendo es un momento especifico, aprovecharon un momento de indignación ciudadana y convirtieron el día en luto para el país”, declaró.

Sosa Bareiro es uno de los abogados que representa a senadores oficialistas, que se adhirieron a la causa abierta tras la quema del Parlamento. El profesional aclaró que el trabajo del equipo jurídico es técnico y no político. Igualmente pidió dejar el fanatismo de lado y entender que lo ocurrido el 31 de marzo fue grave.

“Si ponemos énfasis en algunas cosas es porque defendemos nuestro trabajo, a la ciudadania le cuento que la carpeta y el expediente no dejan dudas, existen declaraciones de policías en servicio relatan detalladamente desde tempranas horas la campaña de crear zozobra de politicos, especialmente del PLRA, de forma organizada, también existen ciudadanos que participaron y vieron. O sea, acá hay un trabajo técnico, acá tenemos que dejar de lado los fanatismos y dejar de politizar cuestiones jurídicas. La gente que lo hizo (instigadores) tiene que hacerse responsable y dejar de escudarse detrás de personas que están pasando procesos desagradables porque recibieron ordenes de políticos. A mí realmente me indigna que al revisar la carpeta encuentro que al final los políticos que tiraron la piedra, ahora esconden la mano”, declaró.

Para finalizar manifestó que el cruce de llamadas, que requirió la Fiscalía de los implicados en la quema, será determinante pues “hay personas que normalmente no deberían tener comunicación, como un barra y un líder político horas antes de la situación”. Ese trabajo continúa en manos de los peritos del Ministerio Público.

JUICIO A PATRÓN

Ayer el fiscal Eugenio Ocampos presentó la acusación contra Stiben Patrón y un menor de 17 años y pidió que la causa sea elevada a juicio oral y público. Patrón y el adolescente están imputados por la supuesta fabricación de bombas molotov en el local del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), que luego fueron utilizadas en el incendio del Poder Legislativo.

Otros cuatro imputados, que están refugiados en Uruguay, no pudieron ser incluidos en el requerimiento pues el proceso en contra de los mismos está suspendido. Ellos son Brian Esteban Martínez Jara, Luis Osvaldo Sánchez González, Osvaldo Daniel Aquino Notario y Rubén Moisés Galeano. Los mismos fueron declarados en rebeldía con pedido de captura internacional.

Don Felipe Alvarez, como bien lo contó ayer, lleva unos 40 años dedicado a los trabajos de albañilería en el cementerio de la Recoleta. En ese tiempo, a la par de sus labores, crió a sus hijos dentro de ese mismo ambiente de esfuerzo y sacrificio para salir adelante.

“Nosotros crecimos por ahí cuidando autos y limpiando panteones. Él nos enseñó que el trabajo digno es cuando uno gana su plata honradamente. Lastimosamente,somos una familia que no podemos darnos algunos lujos, pero no por eso tratamos mal a nadie”, comentó Irene Alvarez, hija de don Felipe, en una conversación con el comunicador Freddy Vera.

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Pese a las dificultades económicas, don Alvarez nunca permitió que le falte nada a su familia, rememoró Irene, y luchó día a día por llevar el sustento a su casa, sin importar, la lluvia, el frío o el calor de 40°C como el que se sintió el domingo en el camposanto.

Irene comentó que sus padres viven en una casa alquilada en Luque, pues, en todos estos años, no lograron reunir el dinero suficiente para tener una casa propia.

La Municipalidad de Asunción anunció el lunes que cancelará el permiso otorgado a don Alvarez para trabajar en la Recoleta. Fue a partir de la queja de la chef Eugenia Aquino, quien el domingo transmitió un video en vivo para quejarse porque los albañiles estaban cocinando asado cerca del panteón de su padre.

Un total de 100 internos de la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este fueron documentados en una jornada interinstitucional organizada para dar cumplimiento a una resolución judicial.

La iniciativa, impulsada por el Juzgado Penal de Ejecución del Primer Turno de CDE, tiene como objetivo la emisión de certificados de nacimiento y documentos de identidad para las personas privadas de libertad en este centro penitenciario.

Durante la jornada, se solicitó la participación de funcionarios autorizados por la División de Dactiloscopia del Departamento de Criminalística de la Policía Nacional y el sistema AFIS (Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares). Esta medida facilita la identidad de los reclusos, quienes deben recibir un informe dactiloscópico para ser enviado a las autoridades correspondientes.

Además, a propuesta del director de la penitenciaría, se establecen líneas de acción para solucionar problemas relacionados con los internos indocumentados, con el fin de evitar complicaciones futuras.

La jornada contó con la participación de varias autoridades, entre ellas el juez penal de Garantías, el fiscal y representantes del Ministerio de Justicia, la Policía Nacional y el Registro Civil.

Poco después de las 22:00 hs del lunes se reportó un accidente de tránsito con derivación fatal a la altura del Km 47 de la Ruta PY06, en la zona conocida como Puente Kaguare de la ciudad de Obligado, Itapúa.

Resultó víctima de este percance Francisco Ramón Brizuela Báez, de 38 años, quien circulaba a bordo de una motocicleta cuando fue embestido de manera violenta por un ómnibus.

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Se trata de un bus de larga distancia perteneciente a la empresa de transporte “Expreso Paraguay”, conducido en ese momento por Hernán Escurra González, de 39 años.

Agentes de la Comisaría 13° de Obligado acudieron al sitio luego de recibir una llamada telefónica alertando sobre un aparatoso choque en la Ruta PY06.

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Una vez en el lugar del siniestro vial, encontraron al motociclista tendido en la capa asfáltica, ya sin signos de vida, por lo que se presume que falleció de manera instantánea.

Hasta el momento, no trascendieron las circunstancias en que ocurrió el accidente, por lo que se desconoce el grado de responsabilidad de los involucrados.