El jefe de gabinete del Poder Ejecutivo, Hernán Huttemann, quien fue designado por Mario Abdo para el equipo de transición del Gobierno, presentó un informe de Contrataciones Públicas en el cual rechazaba el “carnaval” de licitaciones que realiza la administración saliente, al exponer cifras comparativas de gobiernos anteriores.

De acuerdo con los datos de Contrataciones Públicas, entre los meses de enero y mayo del año 2013, de la era Lugo-Franco hubo 2.177 procesos de contrataciones. En esos mismos meses del año 2018, del gobierno de Cartes se registraron 1.849 procesos. En tanto que en lo que va de este 2023, en la salida de Marito hay 1.181 compras públicas.

Huttemann defendió que la cantidad de licitaciones dentro de este período de transición no es anómala y no registra mayor cantidad en comparación a los anteriores.

A simple vista se puede notar que existe menor porción de procesos de compras públicas en la actual administración del Estado al cotejar los números. Pero al escudriñar más a fondo, se descubre que en realidad lo trascendental es que el gobierno de Abdo supera ampliamente a sus antecesores en cuanto a los montos globales.

Si bien esta administración tiene menor cantidad de contrataciones, el valor de estas se disparan a la suma total de G. 371.939.988.431. Mientras que su predecesor, Horacio Cartes, llegaba solo a G. 192.316.836.971 y Federico Franco a G. 267.025.914.679.

Además de estos importantes valores en términos monetarios, otro dato que llama poderosamente la atención es la cantidad de contrataciones que se da por vía de la excepción, que es mucho más alta en el gobierno actual que en los anteriores. Tal es así que de enero a mayo de 2013, el monto de estos contratos se situaba en G. 165.288.137.940; en 2018 fue de G. 58.264.553.592, y finalmente en este 2023 el monto llega a los G. 267.857.476.402.

De acuerdo con la norma vigente, esta herramienta constituye una excepción a la licitación y debe entenderse como una adjudicación directa. El Art. 33 de la Ley 2051/03 establece que “las convocantes, bajo su responsabilidad, podrán llevar a cabo los procedimientos de contratación, sin sujetarse a los de licitación pública o a los de licitación por concurso de ofertas”. La justificación para hacer las compras por esta vía se sustenta en la urgencia justificada en casos de desastres naturales, de emergencias, las compras para la seguridad de la república, entre otros.

Es por ello que resulta llamativo el procedimiento escogido por esta administración para llevar adelante la mayoría de las compras públicas, siendo que la vía de la excepción debe ser efectivamente una condición singular, no así la regla común.

La pauta de la actual administración de ejecutar contrataciones vía excepción a mansalva y los montos que se destinan de las arcas del Estado desmiente por completo la versión oficial de que existe la misma cantidad de licitaciones en las tres transiciones de Gobierno. Con las adjudicaciones por vía de excepción, el equipo de Abdo está realizando vito con el dinero público y coloca en una situación complicada al equipo de Santiago Peña, el cual podría encontrarse con el fenómeno de la “caja vacía” cuando asuma la conducción del país.

El operativo fue realizado por agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y se logró desmantelar un negocio de distribución de miles de dosis de cocaína y crack.

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Fue detenido Lino Goiris Escobar, paraguayo, de 41 años, quien es sindicado como el responsable de mantener activo el comercio que funcionaba como fachada en ese punto fronterizo.

El hombre, al percatarse de la presencia de los intervinientes intentó huir hacia el lado brasileño, pero fue capturado por los agentes de la Senad.

En su poder fueron incautados 1,8 kilogramos de crack, equivalentes a cerca de 10 mil dosis. Además, 891 gramos de cocaína, 19 gramos de hachís y 370 gramos de marihuana.

Para los agentes antinarcóticos, Goiris es uno de los principales proveedores del microtráfico en la zona fronteriza.

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Las instituciones y gremios componentes de la Comisión Nacional de la Hidrovía Paraguay-Paraná, en la reunión presidida por el ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lezcano, ratificaron el compromiso con el pleno cumplimiento del Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra de Transporte Fluvial por la Hidrovía Paraguay-Paraná (Puerto de Cáceres – Puerto de Nueva Palmira).

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El encuentro contó con la participación de autoridades nacionales de los ministerios de Relaciones Exteriores, de Obras Públicas y Comunicaciones, de Industria y Comercio, de Economía y Finanzas; Administración Nacional de Navegación y Puertos; Comando de la Armada y de la Prefectura General Naval.

Del sector privado asistieron representantes del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos; Asociación de Agentes Marítimos del Paraguay; Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales; Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas; Cámara Paraguaya de Terminales y Puertos Privados; Comisión Permanente de Transporte de la Cuenca del Plata, y otras entidades nacionales asesoras.

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Paraguay se opone al cobro de un peaje de 1,47 dólares por tonelada de mercaderías que cruzan por territorio argentino, impuesto por el Gobierno de Alberto Fernández a partir de agosto.

Luis Benítez, luego de la reunión que mantuvo con el presidente de la República Santiago Peña en Mburuvichá Róga, aclaró que sí existe un acuerdo de pago con Argentina, pero de manera verbal.

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Explicó que el compromiso es de 3 pagos de 12 millones de dólares por cesión de energía, y hasta el momento, Argentina pagó 6 millones de dólares por esa deuda.

“36 millones de dólares ellos adeudan del año 2022 que tendría que ser en tres pagos, se entregó 6 millones. Estamos esperando, ojalá venga mañana o pasado. Y por el funcionamiento, recibimos 12 millones de dólares hasta la fecha” expresó el director Luis Benítez durante una conferencia de prensa.

Benítez indicó que están pendientes de una próxima reunión con sus pares de Argentina para avanzar en las negociaciones y que se cumplan los acuerdos.

“Hoy está normalizado, Argentina está retirando el 90% más o menos de la energía que hoy produce Yacyretá”, expresó.

Por otro lado, Luis Benítez dijo que están trabajando para sacar adelante una institución que el nuevo gobierno recibió con muchos problemas y sin recursos.

A la fecha, están atravesando una severa crisis económica que no les permite cumplir con varios pagos a determinados compromisos como el funcionamiento de la hidroeléctrica, las cuotas de préstamos y la remuneración a los pequeños proveedores, a quienes se les adeuda entre 6 a 7 meses.

“Sin recursos podemos tener la predisposición de hacer bien las cosas, pero no podemos avanzar. El recurso que recibía anteriormente la Entidad Binacional era de de 18, 19, 20 millones de dólares. Ahora ha bajado a 10, 12 millones de dólares y con eso no podemos funcionar como se funcionaba”, remarcó.

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