Fuente: La Nación

La autorización judicial solicitada por el Minis­terio Público en enero pasado, que hizo posi­ble la extracción de datos de la Seprelad, se realizó bajo el control jurisdic­cional y respetando las normas establecidas en el artículo 282 del Código Procesal Penal. Este artículo menciona el control judicial en las actuaciones de investi­gación del Ministerio Público; la Policía Nacio­nal y la Policía Judicial lo realizarán siempre bajo control judicial.

El 24 de enero de este año, el fiscal Aldo Cantero soli­citó y obtuvo el permiso de la jueza Clara Ruiz Díaz de extraer datos de la Sepre­lad, en plena etapa prepa­ratoria y con la causa n.° 6869/2023 caratulada “Persona innominada s/ denuncia falsa y otros” en plena etapa investi­gativa. En ese tiempo, la causa era una denuncia innominada, el Minis­terio Público no tenía imputados, por tanto, es absurdo hacer participar a la defensa o las personas sospechadas de que están siendo investigadas. En un ejemplo burdo: es absolu­tamente incorrecto que en los casos de narcotráfico o de secuestro se ponga a conocimiento de los sos­pechosos la existencia de una investigación en curso.

Es en la etapa preparatoria que el agente del Ministe­rio Público está obligado a colectar la mayor cantidad de información suficiente para formular la acusación y sostenerla a través de la prueba producida en jui­cio, según señalan acorda­das de la Corte Suprema de Justicia. El objetivo prin­cipal en la etapa prepara­toria es la investigación o recolección de infor­mación.

Las acordadas de la máxima instancia judi­cial señalan que en la etapa preparatoria se desarro­lla una actividad de inda­gación dirigida y para ello es necesario permitir el ingreso de todo tipo de información relacionada al caso y que sirva a los fis­cales, incluso sin preocu­parse demasiado por las formalidades.

Lo que los medios anticar­tistas y los abogados de los imputados intentan ins­talar es que la extracción de datos de la Seprelad se hizo violando proce­dimientos e incluso vul­nerando preceptos cons­titucionales, cuando en la etapa preparatoria, el Ministerio Público tiene amplias facultades sin vulnerar lógicamente las garantías fundamentales.

CAMBIO DE CARÁTULA

Otro de los argumentos que alegan los abogados de los imputados en el caso y la “prensa amiga” es el cam­bio de carátula (que pasa de “nominada” a “inno­minada”) y que esto cons­tituiría una vulneración del derecho a la defensa como plantea el diario Abc Color. El citado medio exige, al igual que el abo­gado Osvaldo Granada, que defiende al imputado René Fernández, anular la impu­tación por este cambio de carátula y no dar participa­ción a los defensores.

Hay que recordar que la carátula carece de impor­tancia pues no es una figura jurídica, solo en la práctica se le da alguna relevancia. La participa­ción de los sospechados de un hecho y cuáles son las calificaciones jurídicas se dan con actos procesa­les específicos tales como: imputación, imposición de medidas cautelares, acu­sación, auto de apertura a juicio, condena. Es decir, la carátula no es un acto procesal, lo cual destruye el argumento de los abo­gados de los imputados del caso.

Fuente: AFP

Durante la gira de seis días, Kishida se reunirá con el presidente francés, Emmanuel Macron, con el mandatario brasileño Luiz Inacio Lula da Silva y el presidente Santiago Peña, informó su despacho.

“Este es el año de América Latina, y es el centro de atención del mundo”, afirmó el portavoz del gobierno japonés, Yoshimasa Hayashi, en una rueda de prensa en la que destacó que Brasil preside el G20 y Perú tiene la presidencia del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

“Japón quiere aprovechar esta oportunidad para fortalecer sus vínculos con los países de Latinoamérica”, agregó.

En la reunión con Lula, se espera que Kishida firme un acuerdo de cooperación bilateral sobre varios temas medioambientales, incluyendo el cambio climático y el proceso de reducción de emisiones de carbono, informó la agencia japonesa Kyodo News.

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Kishida viajará con representantes de al menos 40 empresas, con el objetivo de aumentar las inversiones de Japón en Brasil y de impulsar la cooperación en tecnologías verdes, indicó el diario Nikkei.

El gigante automovilístico japonés Toyota anunció en marzo un plan para invertir 11.000 millones de reales (2.200 millones de dólares) para aumentar la producción de vehículos híbridos en Brasil.

Los procedimientos fueron encabezados por el fiscal antidrogas Néstor Narváez, en el marco del Operativo Arambe II en el departamento de Canindeyú, desarrollado del 23 al 25 de abril de 2024,.

Los trabajos de control se desarrollaron en las zonas rurales del distrito de Villa Ygatimi, y los datos finales señalan que la pérdidas económicas aproximadas para los grupos criminales que operan en estas actividades ilicitas alcanzan la suma de Gs. 22.037.000, equivalente a US$ 2.966.000.

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Durante los procedimientos llevados en forma conjunta con los agentes antinarcóticos de la Policía Nacional se logró la destrucción de 48 hectáreas de supuesta marihuana en etapa de cosecha, distribuidas en 14 parcelas, equivalentes a 144.000 de kilos de marihuana prensada.

Además, se requisaron 6250 kilogramos de supuesta marihuana picada. También se destruyeron once campamentos precarios ubicados en la zona y se requisaron diez zarandas y enseres varios.

La ley establece que el Consejo Nacional de la Lectura y el Libro, presidido por la Secretaría Nacional de Cultura y acompañado por el Ministerio de Educación y Ciencia y el apoyo de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, deberán diseñar y conducir el Plan Nacional de fomento del libro y la lectura.

Deberán facilitar el acceso de toda la población a las bibliotecas públicas, principalmente, de las personas en condiciones de vulnerabilidad, mediante la incorporación de nuevas tecnologías de la información y el conocimiento, articular la compra de libros de autores nacionales e internacionales destinados a bibliotecas públicas, comunitarias y a aquellas habilitadas en espacios no convencionales, impulsar la investigación científica en el ámbito de la lectura, el libro y el acceso a la cultura, además de otras disposiciones.

Trabajarán con las gobernaciones y los municipios la implementación de programas locales de fomento al libro y la lectura y la correspondiente asignación presupuestaria anual, según la particularidad de sus territorios.

En los casos de territorios en frontera, los planes incluirán, al mismo tiempo, programas de afirmación de la soberanía cultural y de fomento de la integración regional, promoviendo acciones conjuntas con los países vecinos, que beneficien el intercambio de libros, conferencias, presentación de autores, entre otras iniciativas.