Por Cinthia Mora, periodista.

Durante parte de su gobierno, el expre­sidente Mario Abdo Benítez (2021 a 2022) habría gestado, según el Ministerio Público, un esquema que aspiraba a generar investiga­ciones penales en contra de figuras contrarias a su movi­miento dentro del Partido Colorado (Horacio Cartes y Santiago Peña) con el propó­sito de debilitar sus figuras en el ámbito político, económico y electoral.

Para llevar adelante ese obje­tivo, el expresidente Abdo Benítez compuso su gabinete de ministros con personas de experiencia en el ámbito investigativo (exagentes fis­cales) entre ellos Carlos Arre­gui, Arnaldo Giuzzio y René Fernández.

La estrategia incluso había sido revelada por un excolabo­rador de Abdo, Eduardo Petta, quien reconoció en un pro­grama de televisión que gene­rar “pruebas” contra Cartes, a espaldas de la Justicia y en un contexto de odio político, era objetivo del Gobierno. Esta “confesión” de Petta revelaba la estrategia que luego sería utilizada en contra de los ene­migos políticos de Abdo.

El acta de imputación de la Fis­calía revela de qué manera en el gobierno de Mario Abdo Benítez, autoridades y funcio­narios no autorizados fueron armando una historia ficticia en contra de sus adversarios políticos y luego la publicaron en los medios oficialistas, con meros fines electorales.

EL ARCHIVO SECRETO

De acuerdo con la imputación, entre los meses de diciembre de 2021 a mayo de 2022, Car­los Arregui, entonces ministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bie­nes (Seprelad), junto con los funcionarios Carmen María Pereira Bogado, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene habrían redac­tado el informe de inteligen­cia n.° 10/2022 referenciado como “MARA041922MP” introduciendo información tergiversada y falsa, en cola­boración con personas ajenas a la institución.

Este informe de inteligencia está fechado el 20 de mayo del 2022, dos meses antes de la “designación” hecha pública contra Horacio Cartes por parte de la Embajada de EE. UU. en Paraguay. La base documental de ese informe de inteligencia fue detectada en los archivos de la Sepre­lad, institución que remitió al Ministerio Público un reporte sobre los antecedentes de ese informe de inteligencia, quiénes fueron los funcionarios responsables de su elabora­ción y en qué condiciones fue redactado.

En su respuesta al pedido de la Fiscalía, la actual ministra de Seprelad, Liliana Alcaraz, reporta que se pudo detectar en los archivos de la Sepre­lad un documento en for­mato Word, que habría sido utilizado como borrador del informe de inteligencia del 20 de mayo. Esta respuesta de la Seprelad fue clave para que el Ministerio Público construya su tesis de montaje y filtración de los informes de inteligencia.

En el archivo informático de la Seprelad no solo quedó el borrador utilizado sino tam­bién quedaron registradas las “huellas” de quienes intervi­nieron en su elaboración. El reporte de Alcaraz a la Fisca­lía incluye la copia de un correo electrónico de fecha 28 de marzo remitido por Carmen Pereira, entonces viceminis­tra de Seprelad, a Francisco Pereira, director de Análisis B, donde se incluía el archivo formato Word utilizado como base del informe de inteligen­cia contra Horacio Cartes.

EL ARCHIVO SECRETO: UN INFORME REMITIDO POR LA SEPRELAD REVELA ORIGEN DE LAS FILTRACIONES. FOTO: GENTILEZA

“CEREBROS” DE LA OPERACIÓN

En los archivos de la Dirección General de Análisis Finan­ciero y Estratégico (DGAFE) de la Seprelad quedaron las huellas de la operación mon­tada por funcionarios de la institución e incluso por per­sonas ajenas a la institución y sin potestad legal para acce­der a informes de inteligencia.

En el acta de imputación se incluyen los metadatos (hue­llas digitales) del archivo en formato Word remitido por Carmen Pereira a Fran­cisco Pereira. Estos metada­tos revelan que el autor del documento fue Daniel Farías Kronawetter y que la última modificación del documento fue hecha por René Fernán­dez en fecha 26 de marzo del 2022 a las 21:58.

En ese sentido, según la Fis­calía, Daniel Farías Kronawe­tter (asesor de inteligencia financiera del ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, comisionado recién a partir de junio de 2022 a la Sepre­lad) y René Fernández, enton­ces ministro de la Secretaría Nacional Anticorrupción, ambos sin ser funcionarios de la Seprelad, habrían elabo­rado el borrador (documento Word) que sirvió para hacer el posterior informe confiden­cial filtrado a la prensa.

Tal es así que, Farías y Fer­nández habrían compuesto el archivo en formato Word “AAA_INFORME_ DE INTELIGENCIA_AAA_MJ” cuyo contenido sirvió de base para la elaboración del informe de inteligencia. Los datos confidenciales en dicho documento Word habrían sido utilizados por autorida­des nacionales para que sean filtrados en redes sociales y discursos políticos.

Conforme al acta de impu­tación, el archivo habría servido de base para la fil­tración de datos, en primer lugar, cuando el entonces presidente de la República, Mario Abdo Benítez, afirmó durante un discurso político el 8 mayo del 2022 que Hora­cio Cartes a través de la firma Tabesa pagaba un sueldo de G. 16.000.000 a Óscar Boida­nich, exministro de la Sepre­lad, a cambio de su silencio.

LAS HUELLAS DIGITALES DEL ARCHIVO SECRETO EXPONE A DOS PERSONAJES CLAVE EN LA GRAN CONSPIRACION, FARIAS Y FERNÁNDEZ.

En segundo lugar, a través del diario Última Hora cuando publicó la noticia “Empresas de Cartes pagaron hasta 50 millones mensuales a Boida­nich”. Y, en tercer lugar, a tra­vés del entonces secretario pri­vado adjunto del presidente de la República, Mauricio Espí­nola, quien habría publicado en su red social Twitter (X) datos de los salarios percibi­dos por Santiago Peña como directivo del Banco Basa.

La Fiscalía sospecha que, el archivo secreto elaborado por Farías y Fernández habría tenido un doble propósito, por un lado, servir de base para la filtración de datos confi­denciales de Santiago Peña y Óscar Boidanich a través de los medios de prensa, y por el otro, que estos mismos datos fueran utilizados para la emi­sión del posterior informe de inteligencia.

LA CAJA NEGRA

Este acuerdo se firmó en el año 2017 mediante la figura del fideicomiso, que en términos más sencillos consiste en una caja de seguridad o contrato de confianza donde uno entrega bienes, dinero o propiedades a un banco para que los cuide, gestione y use específicamente para un fin definido en el contrato.

En este caso, el IPS y Atlas acordaron que debía servir para financiar la construcción de cuatro hospitales: el Hospital Ingavi, la Policlínica, el Hospital Día y el Centro Hemato-Oncológico. Y para ese objetivo se fijó la suma de 828.000 millones de guaraníes.

A simple vista todo parecería conveniente para el IPS, sin embargo, en la práctica es otra la situación, ya que todo el dinero que la previsional recauda para salud pasa primero por el banco.

¿Cómo funciona el mecanismo? Cada mes, el IPS recibe aportes de trabajadores y empleadores para el fondo de salud. Según el contrato, el 100% de ese dinero se deposita primero en las cuentas administradas por el banco durante 30 días. Durante ese tiempo, el banco debe separar una reserva mínima de hasta 160.000 millones de guaraníes. Recién después de ese proceso, el resto del dinero vuelve al IPS para ser utilizado.

En pocas palabras, el banco actúa como una especie de aduana financiera. El dinero entra primero allí, se retiene una parte y luego se libera lo restante.

El contrato del IPS otorga grandes ventajas al banco Atlas porque el plazo de este acuerdo es de nada más y nada menos que de 30 años, es decir, durante ese periodo cada mes el banco tiene en sus cuentas sumas muy grandes de dinero provenientes de los aportes de los asegurados. Eso significa que la entidad financiera dispone de una enorme liquidez, y que puede utilizar dentro de sus operaciones habituales, sin asumir riesgos con su propio capital.

En el acuerdo firmado en el año 2017 y que sigue vigente, se fijó que los gastos de administración del contrato no los paga el banco Atlas. Es así que los honorarios profesionales, auditorías, impuestos o gastos legales se cubren con el propio dinero del IPS o con los fondos administrados en esa cuenta especial. Con esto el banco de los Zuccolillo no gasta ni arriesga su capital.

El principal problema de este contrato leonino es que los aportes de los trabajadores quedan retenidos cada mes en el banco, mientras los hospitales y servicios que debían construirse con ese dinero todavía siguen inconclusos o demorados.

Hay que recordar que los actuales administradores del IPS realizaron auditorías internas y externas por este contrato con Atlas, que derivaron en cuatro denuncias penales por las irregularidades detectadas en su manejo.

Uno de los informes reveló que solo el 26% del dinero de este pacto con Atlas se utilizó para los proyectos originales, que eran los cuatro hospitales, mientras que el 74% restante se destinó a obras o refacciones no previstas inicialmente. Para poder hacer esta jugarreta, se hizo una pequeña pero decisiva modificación al contrato para incluir un punto llamado “otros centros de salud” y así se comenzó a desviar la plata.

Pero lo más grave de todo es que algunos de estos supuestos trabajos para obras no previstas inicialmente no se ejecutaron; lo que a simple vista demuestra que se desviaron millones a obras fantasmas.

Como consecuencia, dos hospitales no se terminaron en tiempo y forma. El Hospital Día tuvo un avance mínimo y el Centro Hemato-Oncológico ni siquiera comenzó con esos fondos, lo que obligó a las actuales autoridades del IPS a buscar después recursos propios para continuar las obras, que se esperan que terminen recién este año.

Susana Medina, directora de licencias de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV), confirmó que Guarambaré ya implementa el nuevo sistema de QR en las licencias.

El código contiene toda la información sobre el conductor, con datos como: si pasó por la escuela de conducción obligatoria, si hizo el curso de primeros auxilios (que se realiza por única vez) y también si tiene infracciones o no.

Los próximos municipios en implementar el QR son Yegros y Pilar. En febrero, Asunción y Lambaré. Se calcula que para junio, todos los municipios ya contarán con el nuevo sistema.

El último paso es la pérdida de puntos. Tres por las faltas graves y cinco por las gravísimas.

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SISTEMA INTEGRADO DE FALTAS

El futuro sistema integrado de faltas incluirá las faltas graves y gravísimas, decretadas como resultado de una sentencia judicial. Serán tenidas en cuenta solamente las faltas más cometidas.

FALTAS GRAVES MÁS FRECUENTES

Estacionar en lugares prohibidos

Ocupar espacios reservados

Circular sin chapa

Llevar más ocupante de lo permitido, principalmente en caso de las motos

Llevar a menores de 12 años en moto, (sanción de 4 a 10 jornales)

GRAVÍSIMAS MÁS FRECUENTES

Conductas que hayan causado accidentes: exceso de velocidad, conducir alcoholizado, no respetar la señal de Pare, negarse a la alcoholemia.

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LA CAJA NEGRA

El Directorio de la CONACOM resolvió instruir un sumario de investigación por posible infracción a los artículos 13 y 14 de la Ley N° 4956/2013 de Defensa de la Competencia y al artículo 34 del Decreto Reglamentario N° 1490/2014.

La investigación surge a raíz del incumplimiento de las cláusulas que habían sido impuestas a la empresa Retail S.A. durante la autorización de una operación de concentración del Grupo Vierci y el supermercado Nuevo Super, ubicado en la ciudad de Caacupé y cuya adquisición había sido aprobada en el año 2022 pero con condicionamientos específicos para evitar una posición dominante en el mercado minorista.

Fue en ese marco que, según los documentos oficiales, la Dirección de Investigación detectó varios indicios de prácticas anticompetitivas del conglomerado de supermercados que vulnerarían los compromisos asumidos ante la CONACOM.

Modificación unilateral y presión a proveedores

Uno de los puntos más graves identificados es la modificación unilateral de las condiciones comerciales con proveedores, realizada sin consentimiento ni nuevos contratos formales. El informe de la Conacom refiere que Retail impuso nuevas reglas de negocio, alterando precios, márgenes y descuentos, pese a que los contratos originales seguían vigentes. Uno de los proveedores reveló lo siguiente: “Ellos (refiriéndose al grupo Vierci) empezaron a incumplir con el contrato, que por más de que esté vencido como que continúa vigente ¿verdad?, porque nos empezaron a sacar ya los espacios, así como un método de presión y empezaron a suspender sus compras, o sea, empezaron a hacer compras muy chicas”.

Solicitud de facturas de competidores

La investigación también detalla que la firma habría exigido a proveedores entregar facturas o tickets de competidores para corroborar precios, una práctica expresamente prohibida. Este mecanismo permitiría al Grupo Vierci obtener información sensible del mercado y ajustar precios a conveniencia, limitando la libre competencia entre supermercados y afectando directamente al consumidor.

“Nos pidieron básicamente: así como conversamos en (...) tenemos cambios en el proceso de suba de precios, solicitamos tickets de compra de Biggie, Real y Fortis de uno o dos productos más referenciales que formen parte del listado de cambios de precios”, dijo uno de los proveedores. Otro reveló en una audiencia con la CONACOM: “Ante la suba de precios que se dieron en los últimos dieciocho meses, antes de una suba te obligaban, y te lo pedían por mail, el relevamiento de las otras cadenas: ‘si tal cadena no tiene tal precio, yo no te voy a subir el precio’”. Estas declaraciones exponen el modus operandi del Grupo Vierci para apretar a quienes le proveen los productos y a la vez afectar a las demás cadenas de la competencia. 

Calificaciones opacas y descuentos arbitrarios

Otro punto bajo análisis es el sistema de calificación no transparente de los proveedores. Según el expediente, Retail habría aplicado descuentos sin criterios claros, lo que afectaba la asignación de espacios de exhibición en góndolas. La normativa exige que estas prácticas sean claras, equitativas y no discriminatorias, condiciones que no se habrían cumplido.

Uno de los proveedores calificados a la conveniencia de Retail contó lo siguiente: “En conclusión, lo que a nosotros nos pasaron después para saber nuestra categoría en realidad fue el resultado de su fórmula, ¿entendés?, nosotros no sabemos en qué parte ahí nos perjudica o no del descuento porque ahora tipo estamos bien, mal, ya te dicen nomas ‘ahora vos me tenes que dar tanto más para subir de C a B”.

El expediente de la Conacom sigue en etapa de investigación y una vez finalizado determinará si el conglomerado, que controla parte importante del circuito de supermercados, medios de comunicación y distribución de productos, abusó de su poder económico para distorsionar la competencia y forzar alzas de precios, atendiendo al peso que tiene el Grupo Vierci en el mercado de consumo masivo, donde concentra parte de las principales marcas y canales de distribución del país.