La agente fiscal Belinda Bobadilla encabezó la constitución desarrollada esta mañana en las oficinas administrativas del Indert en Asunción.

La visita de los representantes de la Fiscalía se dio a los efectos de recoger documentaciones y otras evidencias que guardan relación con la investigación en curso.

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Dicha investigación, según explicó, se centra en una serie de denuncias referentes a tierras comunales que tendrían que estar destinadas al rubro de la pequeña ganadería, existiendo indicios de presuntos hechos de corrupción interna.

Sobre el procedimiento de hoy, Bobadilla explicó a El Observador que los campos comunales son inembargables y, por lo tanto, no se pueden realizar negocios jurídicos con los mismos, ya sea venta o cesión a particulares. Así también, se prohíbe cualquier tipo de edificación.

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De acuerdo a las denuncias, funcionarios de la institución estarían solicitando sumas de dinero para tramitar la adjudicación irregular de porciones de campos comunales y así beneficiar a personas particulares.

Cabe mencionar que el presidente del Indert, Francisco Ruiz Díaz, el día de ayer autorizó el cierre temporal de la sede del ente, en vista a las diligencias previstas por el Ministerio Público. Esta decisión provocó molestias entre los funcionarios, quienes no pudieron ingresar al lugar.

La laparotomía implica abrir el abdomen para examinar los órganos internos y diagnosticar o realizar tratamiento, mientras que la anexectomía derecha es el momento de la extracción de los órganos reproductivos derechos, como el ovario y la trompa de Falopio.

En este caso, la paciente, de 33 años y con diagnóstico preoperatorio de tumor anexial derecho, fue intervenida satisfactoriamente. El equipo logró la extirpación completa del tumor, cuyo peso alcanzó los 2.600 gramos.

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El equipo quirúrgico estuvo conformado por el jefe de guardia, Dr. Ever Rodríguez; cirujana, Dra. Griselda Mora; anestesiólogo, Dr. Walter Ávalos, Lic. en Anestesia, Enrique Rolón; instrumentadora, Lic. Adriana Betancourt, enfermera circulante, Lic. Delia Mercado y R.A.C., Lic. Carolina Mercado.

El Ministerio de Salud destacó el compromiso y la excelencia de los profesionales involucrados.

Desde Migraciones ya tomaron conocimiento respecto al caso que involucra al fiscal de Filadeflia, Lucrecio Cabrera, quien dispuso la liberación de dos ciudadanos oriundos de China Continental.

En tal sentido, el titular de esta dependencia estatal, Jorge Kronawetter, solicitó un informe al Ministerio Público, a fin de conocer bajo qué argumento legal fue ordenada esta llamativa medida.

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Cabe recordar que Cabrera otorgó la libertad a Jinxing Zhuang (35) y Yan Xiwu (48), quienes habrían ingresado a territorio paraguayo de manera irregular a través de Bolivia.

Al momento de ser inspeccionados por la Policía Nacional, ambos asiáticos se encontraban sin documentos que avalen su entrada legal al país.

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De acuerdo al procedimiento ordinario, la Fiscalía primeramente debía pedir un informe a la Dirección Nacional de Migraciones, de modo a determinar si los ciudadanos chinos tenían visa para avalar su estadía en Paraguay.

En caso de no haber contado con autorización, los extranjeros debían ser llevados hasta Migraciones de Infante Rivarola, en la frontera con Bolivia, para luego proceder a su expulsión del país.

En la sesión desarrollada este martes, la Cámara Baja incluyó en uno de sus puntos del orden del día el proyecto de ley “Por el cual se crea el Seguro de Desempleo”.

Luego de un intenso debate y análisis, los diputados finalmente optaron por aplazar el tratamiento de la citada propuesta legislativa por 16 días.

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Cabe recordar que este proyecto ya había sido presentado en el 2021 y, luego de varios años en el tintero, volvió a ser reflejado por algunos legisladores.

En esencia, lo que busca es crear un fondo especial para cubrir el pago a un trabajador que haya sido desvinculado de la empresa en que venía cumpliendo funciones.

Para el efecto, se prevé cobrar otro 1% de aporte obrero patronal tanto al trabajador como también al empleador, totalizando así un 2% de aumento. Los recursos obtenidos con ello permitirán solventar este seguro.

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La propuesta estipula seis meses de cobertura: 60% por el primer mes, 57% para el segundo mes, 54% para el tercero, 51% para el cuarto, 48% para el quinto y 45% para el sexto.

El proyecto ha generado una importante controversia en diversos sectores, generando posiciones tanto a favor como en contra. Para algunos, podría ser contraproducente al tener que exigir más aporte al trabajador; y para otros, sería beneficioso para apoyar económicamente a quienes sean desvinculados.