Este lunes 28 en la Cámara Alta deberá presentarse el viceministro de Transporte Guido Benza.

Será para formar parte de una mesa de trabajo para abordar temas de interés nacional como la reducción del costo del combustible y su posible incidencia en el costo del pasaje.

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La convocatoria está firmada por los senadores de Honor Colorado, Basilio Núñez, Lizarella Valiente y Nano Galaverna.

Petropar comunicó esta semana la disminución de 600 guaraníes en todos los tipos de combustible y de 1.500 en el gas de uso doméstico.

Al respecto, el viceministro dijo en una entrevista con la 970, que la variación se dará en el subsidio y no así en el precio del pasaje.

La tarifa técnica del pasaje, que incluye el monto total del servicio (sin discriminar el subsidio y el precio que paga el usuario), está compuesta por varios ítems. Uno de ellos es el combustible, que tiene una incidencia de entre el 45 al 50 %.

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Este está procesado por lesión de confianza referente  a un contrato de G. 8.000 millones a favor de la empresa Conserpar, para la construcción de empedrados y otras obras que, según la acusación, se pagó pero no se concretó.

El juez Delmàs abordó el caso en el que la fiscal Stela Mary Cano había  solicitado la desvinculación temporal del procesado en vista a que existen aún varias diligencias que se deben realizar para posteriormente formular la acusación contra el mismo.  O  en su defecto, dar el sobreseimiento definitivo.

El juez Delmàs sin embargo planteò un recurso de oposición al pedido, derivando el expediente a la instancia superior del Ministerio Plùbico, para que en ese estadio definan si los argumentos de la fiscal se ajustaron a derecho, de conformidad con la opinión de la fiscalìa.

En consecuencia será el Fiscal General Emiliano Rolòn, el que deberá decidir si ratifica el requerimiento de la agente fiscal Stela Mary Cano, para la desvinculación o no del proceso del exjefe comunal.

La acusación del Ministerio Público señala que existió una adjudicación de G. 8.199.571.925 para la construcción de desagüe pluvial, empedrados y adoquinados, contrato que se firmó en el 2016; sin embargo, las obras supuestamente no fueron terminadas y solo se logró ejecutar G. 6.063.405.010.

Debido al presente caso se llevó a cabo una pericia donde se logró probar que los trabajos ejecutados solo equivalieron a la suma de G. 4.466.652.321, por lo que el presunto perjuicio patrimonial sería de G. 1.596.752.689.

Al igual que meses atrás, el Poder Judicial vuelve a ser blanco de una amenaza de bomba, la cual, obliga a evacuar el Palacio de Justicia.

Si bien en la gran mayoría de los casos la amenaza es falsa, por una cuestión de protocolo, se debe cumplir con sacar a todos los funcionarios.

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El único antecedente real ocurrió el 29 de abril del 2009, cuando encargados de limpieza del edificio encontraron una bolsa negra en uno de los baños de la planta baja y que fue entregada a los efectivos policiales. Los uniformados depositaron el paquete sobre la calle Testanova (al costado del edificio) y posteriormente se produjo la explosión.

Por otro lado, el 29 de junio pasado, el fiscal Antisecuestros y Antiterrorismo, Joel Cazal imputó a Omar Darío Cristaldo Figueredo por los supuestos hechos punibles de coacción a órganos constitucionales y amenaza de hecho punible.

“Tío Rico les manda decir que hay una bomba en el Poder Judicial que va a explotar entre hoy y mañana”, había dicho el hombre en la llamada telefónica. En el caso de hoy, todavía no tienen pistas claras del origen de la amenaza.

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La agente fiscal Yeimy Adle imputó a Alberto Martín Ramírez Reyes por la supuesta comisión de los hechos punibles de apropiación y producción de documento no auténtico.

El hombre es acusado por el presunto robo de cheques pertenecientes al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y cuyo valor supera la suma de G. 48.000.000.

Antecedentes: Funcionario robó cheques del MEC y dejó a reemplazantes y jubilados sin cobrar

El ilícito fue detectado en agosto pasado cuando la jefa del departamento de Tesorería del MEC, Delia Lamas, se percató de la existencia de talones de varios cheques sin fechas ni firmas y uno fechado pero sin firma del funcionario que realizó el pago. Así también, notó que la planilla de pago estaba sin firma.

Ramírez Reyes cumplía funciones de “técnico” en esta área administrativa de la cartera educativa y era el encargado de ordenar los cheques pagados y no pagados, a fin de actualizar el registro de planilla de Excel.

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Luego de ser interrogado por su superior, el ahora procesado admitió haber sustraído de manera irregular un total de 24 cheques para posteriormente efectivizarlos y quedarse así con el dinero.

Los cheques robados por el funcionario del MEC debían ser destinados a pagos en concepto de Salarios y Reposo por Maternidad, por lo que el perjuicio económico afectó de manera directa a docentes reemplazantes y maestros jubilados.