El director brasileño de Itaipú, João Francisco Ferreira,anunció hace más de un mes la intención de reducir desde el 2023 la tarifa de energía producida por la binacional, bajo el argumento de atraer más inversiones y generar fuentes de trabajo.

La reducción de la tarifa implicará recortar el presupuesto 2022 de la Itaipú, el cual debe definirse en septiembre próximo y para lo cual ambos países miembros deben estar de acuerdo. Hasta aquí solamente se conoce la intención de Brasil y nada se sabe sobre la postura asumida por Paraguay.

“Lo que nosotros queremos es que la gente que está en Itaipú y en el consejo salgan y hablen. Que hablen los miembros del consejo, finalmente ellos son los que están administrando la realidad cotidiana”, dijo al respecto el canciller nacional, Euclides Acevedo, en entrevista con el canal Gen.

Paralelamente, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores se vienen realizando reuniones con técnicos, a fin de acopiar información y propuestas al respecto.

De aplicarse la reducciòn regirá en el 2022, un año antes de la revisión del Anexo C del tratado de Itaipú, de lo cual tampoco se tiene información.

Sobre este punto el ministro consideró que se debe trabajar en los próximos dos meses en buscar compensaciones que beneficien a ambos países ante la inminente baja de la tarifa.

La querella judicial presentada por el médico cirujano Eustasio Rojas Alegrerti, a través de su abogado José Fernández Zacur, consigna que Gubetich le vendió 4 inmuebles por valor de 2.350.000 dólares americanos, que en los hechos ya estaban embargados por deudas o vendidos a terceros.

Fernández Zacur dijo que el ex titular de la previsional, había convencido a su cliente para vender las propiedades en cuestión, invocando su necesidad de monetizar sus bienes para inyectar recursos a su campaña por la senaduría, por la lista de la línea liderada por Mario Abdo Benítez.

En los considerandos de la acusación, se hace mención a los documentos que aparentemente tenían visos de legalidad, pero que en los hechos no eran sino maniobras fraudulentas para cometer la estafa.

Andrès Gubetic está acusado en varios expedientes por varias irregularidades cometidas durante su gestión al frente de la previsional. Entre la larga lista se mencionan adquisiciones sin respaldo documental, presunta sobrevaloración de compras de medicamentos, supuesta malversación en pagos de servicios de seguridad, créditos adquiridos sin adecuación a requisitos legales para el efecto, entre otros.

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A través de un comunicado divulgado este martes, el Ministerio de Salud Pública expresó su posicionamiento respecto a las denuncias surgidas en las últimas horas.

Dichas denuncias guardan relación con algunos mensajes recibidos por parlamentarios y otras autoridades de parte de personas que invocan ser funcionarios de la institución y ofrecen contratos de trabajo.

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Respecto al tema, la cartera sanitaria aclaró que la contratación de personal se realiza bajo los mecanismos previstos en las leyes que rigen la función pública, desmintiendo que se utilicen comunicaciones telefónicas para dicho fin.

#COMUNICADO | El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social comunica cuanto sigue: pic.twitter.com/rZ8RfNItf6

— Ministerio de Salud (@msaludpy) April 30, 2024

Así también, instan a cualquier persona que pudiera recibir ofrecimientos de esta índole a formular la denuncia pertinente ante la Fiscalía o la comisaría más cercana, a fin de darle seguimiento.

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Los datos que se tienen hasta el momento indican que desconocidos se comunican mediante llamadas telefónicas o mensajes de WhatsApp para ofrecer cargos públicos, lo cual hace suponer que podría tratarse de estafadores.

Se trata del llamado con ID N.º 441.770 que ya se encuentra publicado en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) con fecha de recepción de ofertas para el 10 de mayo del corriente año.

Las labores se dividen en 29 lotes que suman un total de 116 tramos de rutas nacionales, departamentales, intersecciones y rotondas a nivel país, abarcando 2.868 km. El monto estimando de la inversión es de G. 52.165.016.459.

El objetivo del contrato es gestionar la limpieza de carreteras, y ejecutar el mantenimiento de las mismas, de forma a satisfacer ciertos indicadores establecidos en las bases de la licitación (estándares e índice de servicio) que garantizan un servicio de carreteras de calidad para los ciudadanos.

Los servicios requeridos contemplan la ejecución de obras de puesta a punto y el mantenimiento de las vías, siendo el plazo contractual de 7 meses calendario. De ese lapso la contratista dispondrá de 90 días para concretar las obras de puesta a punto.

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