El diputado Carlos Rejala (Hagamos), quien lleva adelante, en sus redes sociales, la campaña “Herencia Nacional”, sobre la necesidad de transparentar y que todos los paraguayos tengan representación en la renegociación del Anexo C del tratado de Itaipú, celebró el pronunciamiento de la Conferencia Episcopal Paraguaya sobre la necesidad de un diálogo nacional y un gran consenso sobre el camino a seguir para el desarrollo del país mediante el bono energético que significa la binacional.

“Celebro el pronunciamiento de los obispos que piden patriotismo, compromiso y participación de todos los sectores en la revisión del Anexo C del tratado de Itaipú, sin dejar de lado a nadie. Desde mis redes sociales inicié una campaña sobre el particular llamado Herencia Nacional donde buscamos que la gente se informe, participe y entienda qué es lo que nos estamos jugando como Nación en la renegociación. Este es un tema fundamental que no tenemos que dejar de lado en ningún momento, pese a las vicisitudes que a veces nos quieren desviar la atención”, señaló.

El diputado aseguró que el pronunciamiento de la Iglesia significa mucho para el país porque deja muchas reflexiones, principalmente a los actores políticos, entre ellas, que no se puede hacer ninguna renegociación de forma secreta o dándole la espalda a la gente.

“Consenso, diálogo, participación, involucramiento, transparencia, bien común, oportunidad para todos, son algunos términos que el gobierno debe entender y masticar para legitimar este proceso de renegociación, tal como lo pide la Iglesia. Mi posición es que el gobierno no tiene la capacidad de renegociar, y está demostrado, por lo que me parece oportuno y de gran valor lo que piden los obispos, que es la participación de todos los sectores, un gran diálogo en pos del consenso hacia un bien común para todos. El contenido del documento deja muchas reflexiones, principalmente para la clase política de no dar la espalda al pueblo en este tema,”, indicó.

De la misma manera, comentó que seguirá con su campaña en redes sociales buscando sobre todo la transparencia y el involucramiento de los jóvenes a esta causa que se llama “Herencia Nacional”.

La reglamentación de esta ley implica que el científico paraguayo va a tener mejores herramientas para poder realizar su tarea, y la carrera misma del investigador toma otra preponderancia, según explicó el presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Benjamín Barán, quien además destacó que la carrera del investigador está plenamente vigente.

El decreto firmado por el presidente Santiago Peña busca sentar las bases para la implementación de una política pública que impulse la labor científica, con observancia de principios y valores éticos, esperando que su labor redunde en beneficio de la calidad de vida de toda la población.

Por su parte, el asesor presidencial en materia científica, Antonio Cubilla, destacó que esta reglamentación marca un hito en la historia de la ciencia paraguaya y resaltó el gran apoyo del presidente Santiago Peña quien brindó todas las garantías para que se lleve adelante este proyecto.

Asimismo, se crea una estructura orgánica dentro del sistema que tendrá como rol la implementación de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la actividad científica y, en particular, los mecanismos y lineamientos para el acceso, permanencia, ascenso, descenso o salida de los investigadores del sistema.

El fiscal Edgar Benítez Delgado, de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Propiedad Intelectual, el Contrabando, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, allanó el local de “Cable Visión Kaarendy” de la ciudad de Juan León Mallorquín y decomisó equipos codificadores que transmitían señales ilegalmente.

La intervención se produjo tras una denuncia presentada por representantes de empresa Teledeportes Paraguay y en cumplimiento de una disposición judicial firmada por el juez de atención permanente, Amílcar Antonio Marecos.

Los responsables del hecho serán investigados por los presuntos delitos de violación del derecho de autor y aprovechamiento clandestino de señal.

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La mayor proporción de las 2.268 familias afectadas se reporta en Ñeembucú, departamento declarado en situación de emergencia. Allí, hay 2.204 familias damnificadas y desplazadas por la crecida de las aguas, con anegamiento de sus viviendas, pérdidas materiales y daños en cultivos. Igualmente se encuentran afectadas unas 64 familias provenientes del departamento de Misiones.

De dicha cifra, las Unidades de Salud de la Familia (USF) asistieron a unas 1.628 personas, con atención médica y vacunación. También se brindó provisión de víveres a través de la gobernación de Ñeembucú.

Los principales problemas de salud registrados fueron diarrea y enfermedades tipo influenza (ETI). No se registran accidentes por animales ponzoñosos.

Existe una alta probabilidad de que se generen fenómenos de tiempo severo en el transcurso de lo que queda de esta semana en Misiones y Ñeembucú.

En Limpio, Pilar y Tacuaras se estableció emergencia distrital.