Luis Alberto Servín, ministro de la Secretaría de Repatriados y Refugiados Nacionales, en contacto con la 970 AM confirmó que recibieron la comunicación oficial del fallecimiento del compatriota identificado como Luis Bispo Ayala (39) por parte del cónsul en Argentina.

Sobre la hipótesis de un posible suicidio, mencionó que de momento solo existen informaciones preliminares y no tienen más datos al respecto.

Servín comentó que el caso va a ser judicializado y, por lo tanto, tendrá su proceso por lo que estima que la repatriación del cadáver podría demorar mucho tiempo. “Tal vez dure un poco poder repatriarlo a este compatriota”, señaló.

“Estamos preparados para que, cuando nos digan que el cuerpo ha sido liberado por un juez y el fiscal lo disponga, podamos repatriarlo”, manifestó el titular de la Secretaría de Repatriados. Contó que tras tener la autorización de las autoridades argentinas, realizarán la adjudicación a una empresa para que pueda traer los restos mortales de vuelta a nuestro país.

“No hay un tiempo que uno pueda estimar, muchas veces dura mucho tiempo. El fiscal tiene de por sí hasta 6 meses para presentar su dictamen, en algunos casos el dictamen sale mucho antes”, comentó.

Servín recordó que actualmente existen otros casos similares de compatriotas que fallecieron en circunstancias especiales en Argentina y cuyo proceso de repatriación sigue pendiente debido a que el caso aún se encuentran en manos de la justicia.

En lo que respecta a los costos de repatriación de un cuerpo, señaló que generalmente ronda por los 1.500 o 2.000 dólares. Solo algunos cadáveres son traídos al país por vía aérea, siendo el 90% por vía terrestre. Unas 7 u 8 empresas trabajan con la Secretaría de Repatriados para cumplir con este trámite, siendo adjudicadas a través de un concurso.

Agentes de la Comisaría 4ta del barrio Pablo Rojas de Ciudad del Este en la tarde de ayer tomaron intervención ante una denuncia de tentativa de homicidio.

Fue así como se concretó la detención de Bernardo Piris, de 32 años de edad, de nacionalidad brasileña, siendo el denunciante Eduardo Santos, de 24 años, también brasileño.

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En poder del detenido incautaron un revólver calibre 32mm con siete proyectiles sin percutir, arma que habría intentado utilizar para acabar con la vida de su compatriota, según la denuncia.

Tanto la víctima como el acusado son estudiantes de la carrera de Medicina y habían tenido un altercado hace un mes atrás en una discoteca, conforme a la acusación formulada ante las autoridades.

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Santos indicó a la Policía que Piris ayer fue hasta el departamento donde reside con la intención de asesinarlo, aunque no pudo lograr su cometido. Semanas atrás, ya habría intentado matarlo con un arma blanca, también sin éxito.

El brasileño permanece recluido en la sede de la comisaría jurisdiccional, a disposición del Ministerio Público.

En primer lugar, fue aprobado el proyecto que pide informe al INFONA, en relación a las medidas adoptadas dentro del marco de la Ley N° 4241/2010 “De restablecimiento de bosques protectores de cauces hídricos dentro del territorio nacional”.

En ese sentido, solicita identificar las áreas naturales que bordean a los cauces hídricos en las cuales se llevan a cabo las intervenciones del INFONA, a los programas de restauración de bosques protectores de cauces hídricos en ejecución en cada departamento del país

Seguidamente, se dio visto bueno a la iniciativa que solicita informe al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), sobre titulación de terrenos de áreas de vida silvestre protegidas del dominio público del Estado”

Mediante la propuesta se exige indicar las áreas silvestres protegidas de dominio público que se encuentran tituladas y registradas a nombre del Estado, y de aquellas que aún no han sido tituladas y registradas, detallando los motivos.

Por otra parte, también fueron aprobados dos proyectos que solicitan informes al MADES, el primero, sobre la aplicación del artículo 41 de la Ley N° 1863/02 “Que establece el Estatuto Agrario”; y el segundo, sobre las tierras de dominio público del Estado que se encuentran dentro de la Reserva de Refugio de Vida Silvestre Yabebyry, situada en el departamento de Misiones.

Se establece un plazo de 15 días para que las mencionadas instituciones remitan los documentos a la Cámara de Diputados.

La fiscal Viviana Sánchez confirmó que la escribana había formulado una denuncia en contra de su exsuegra, Noemí Álvarez, el pasado 15 de abril ante la Fiscalía zonal de Ciudad del Este.

La denuncia fue radicada bajo la carátula de “violencia intrafamiliar”, acusando a la madre de su difunto esposo de un constante hostigamiento, así como de maltrato verbal y psicológico junto con amenazas.

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Dicha causa penal recayó en otra agente fiscal de la Unidad Especializada en Violencia Familiar, quien tuvo a su cargo realizar diversas diligencias como parte de la investigación, mencionó.

“Entiendo que la colega hizo todo lo que podía porque ella (Carmen Ruiz Díaz) no tenía agresión física, lo que manifestaba es ser víctima de constante persecución y eso la hacía sentir mal”, expresó a la 1330 AM.

Sánchez confirmó que, como parte de este proceso, se había agendado una entrevista psicológica para Ruiz Díaz, pero la fecha fue fijada recién para el mes de octubre. Según explicó, la excesiva demora se debe a la falta de profesionales y la gran cantidad de causas de violencia familiar.

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“Lastimosamente esa es nuestra realidad, la falta de presupuesto hace que no se cuente con mayor cantidad de psicólogos”, agregó.

La Fiscalía en estos momentos prosigue con las diligencias en el marco de la muerte de la escribana y analiza como una de las aristas una posible “inducción al suicidio”, teniendo a la exsuegra como principal acusada.