Los magistrados se decantaron esta semana por extinguir la causa y dictar el sobreseimiento definitivo de Camilo Almada Morel, alias ‘Sapriza’, y Eusebio Torres Romero, supuestamente involucrados en casos de homicidio con fines políticos, torturas y privación ilegítima de libertad.

El coordinador de la Mesa de Memoria Histórica, Antonio Pecci, manifestó este jueves una “repulsa enorme” a este fallo, que consideró como una “bofetada” a las víctimas de la dictadura, según comentó a Efe.

Pecci, desde la Mesa de Memoria Histórica, invitó a las organizaciones ciudadanas a “plantear movilizaciones” frente al Poder Judicial para “exigir que la Corte Suprema de Justicia tome el expediente y lo analice”.

También estudia este caso la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), que a petición de distintas organizaciones va a “hacer un análisis de este hecho”, dijo a Efe su secretario ejecutivo, Óscar Ayala.

“Lo que hicimos fue obtener la sentencia y analizar desde el punto de vista técnico con el equipo jurídico de Codehupy”, apuntó Ayala, sin precisar todavía cuál será la postura final.

Los magistrados del Tribunal de Apelaciones, Emiliano Rolón, Bibiana Benítez y Pedro Mayor Martínez, fueron quienes decidieron esta semana extinguir la causa y dictar el sobreseimiento definitivo.

La causa se inició en 1995, cuando el país se regía por un Código Penal diferente al actual, y en 2002 se solicitó el sobreseimiento provisional, otorgado por el juez de entonces, como explicó a Efe Rolón.

“Es una figura que permite que el caso quede en espera de nuevos elementos para proseguir el juicio”, aclaró Rolón.

Tras eso, la defensa solicitó en 2007 la extinción del proceso “por falta de reapertura del caso”, pero el pedido fue rechazado por la jueza Sandra Farias y apelado de nuevo por los abogados defensores.

A partir de ese momento, el caso se fue dilatando sin avances hasta 2017, cuando llegaron a la Cámara de Apelaciones Rolón, Benítez y Mayor Martínez.

La decisión tomada por la Cámara de Apelaciones causó controversia, al entenderse que se trata de delitos contra los derechos humanos y que, por tanto, no pueden prescribir.

A este respecto, Rolón declaró que “no son prescriptibles por Constitución, pero sí extinguibles”.

La Constitución paraguaya de 1992 recoge en su artículo 5 que el genocidio, la tortura, la desaparición forzosa, el secuestro y el homicidio de personas por cuestiones políticas “son imprescriptibles”.

Al margen de estas cuestiones, la decisión de la Cámara también provocó cierto enfrentamiento entre estos y el Ministerio Público, al que se le responsabiliza de no haber aportado elementos que facilitaran la reapertura.

La Fiscalía publicó un comunicado al respecto en el que alegó que la causa se desarrolló regida por un Código Penal anterior, que no reconocía al Ministerio Público como órgano acusador “por lo que la competencia plena para llevar adelante los actos investigativos la tenía el Poder Judicial”.

El fallo de la Cámara de Apelaciones, al tratarse de una decisión de segunda instancia, todavía es apelable ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

El momento más esperado del año para todo trabajador es el del cobro del decimotercer salario, que equivale a la suma de todo lo percibido en el año, dividido entre 12. Se incluye horas extraordinarias, comisiones, etc.

Se excluye la bonificación familiar, reposo médico y el permiso por maternidad. Quienes necesiten un cálculo más exacto pueden utilizar la calculadora de aguinaldos, disponible en la página web del Ministerio del Trabajo.

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La fecha límite para pagar el aguinaldo es el 30 de diciembre del año en curso, según lo establece el Código del Trabajo. El empleador que pase esta fecha es pasible de una multa de hasta 10 jornales por cada trabajador, sanción que está a cargo del Ministerio.

Ante la falta de cobro, el trabajador puede hacer su denuncia a partir del 2 de enero del 2024 en forma presencial en la sede del Ministerio de Trabajo (Luis Alberto de Herrera esquina Paraguarí, Asunción) así como en las oficinas regionales del interior del país. Otras vías habilitadas son: denuncias online, o mediante llamada al 021- 729 0100, internos 551 y 552.

El aguinaldo es un derecho irrenunciable. Bajo ninguna circunstancia se puede negar el cobro de esta remuneración, incluso aunque el empleador acuse dificultades económicas o falta de utilidades. Ninguna carta ni documento puede acreditar la renuncia al aguinaldo. El aguinaldo es inembargable.

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El platal que se llevan de manera directa cier­tas organizaciones civiles, las famosas oene­gés, algunas que se jactan de anticorrupción mientras se alzan con miles de millo­nes en contratos entre las que aparece privilegiada una entidad satélite del Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD), sugiere un alto grado de mer­cadeo gracias a la corrupción que se denuncia, por cierto, de manera muy selectiva.

Es así que la Federación de Entidades Vecinalistas del Paraguay (Fedem), mane­jada por un grupo de escra­chadores “anticorrupción”, se adjudicó G. 800 millo­nes en setiembre de 2021, es decir, en plena pande­mia, gracias a un contrato que le otorgó el Ministerio de Trabajo, Empleo y Segu­ridad Social (MTESS), con la administración de la exmi­nistra Carla Bacigalupo para la ejecución del proyecto “Formación y Capacitación Laboral para Comunidades de Escasos Recursos”.

Cabe remarcar que la Fedem funciona en una pequeña ofi­cina en la zona de Loma Pytã de la ciudad de Asunción, según constatamos con una visita de nuestro equipo. No se sabe de su estructura ni se ven mayores infraestructu­ras para la cantidad de cursos y especialidades que deman­daron los servicios contrata­dos consistentes en los cursos de cocina, albañilería, mecá­nica de motos y electricidad domiciliaria, que figuran en el contrato con el Ministerio de Trabajo. Además de este convenio hay otro de enero de 2021 firmado con el Sis­tema Nacional de Forma­ción y Capacitación Laboral (Sinafocal), también parte del MTESS para cursos de cocina, repostería, corte y confección, cajero en el marco del proyecto “Formación y Capacitación Laboral Online para Comunidades de Esca­sos Recursos”, cuyo monto no logramos identificar debido a que no se encuentra disponi­ble en el portal de rendiciones de cuentas de la Contraloría General de la República.

La Fedem es una de las orga­nizaciones que conforman la Coalición por la Legali­dad del proyecto Más Ciu­dadanía, menos corrupción impulsada por el Desarro­llo (CIRD) y que se dedican a talleres y protestas contra el nepotismo en el Estado, especialmente aquellos que involucran a sus corruptos favoritos. Así también entre las actividades de los antico­rrupción resaltan cuestiona­mientos a la falta de trans­parencia y la impunidad; sin embargo, no se inmu­taron ante la escandalosa repartija del dinero público entre el clan del presidente del CIRD, Agustín Carri­zosa Gubetich, ni la contra­tación de operadores políti­cos del movimiento político del expresidente Mario Abdo Benítez en las últimas cam­pañas electorales, a costa del sensible proyecto de Reacti­vación Económica Poscovid que costó G. 6.093 millones.

La hija de Carrizosa de nombre Paola Carrizosa Bradshaw; su pareja, María Berta Rojas Aveiro; su cuñada Marta María Rojas Aveiro; Carlos Francisco Alcaraz, hijo del coordina­dor del proyecto Más ciuda­danía, menos corrupción, Francisco Darío Alcaraz, inflaron sus bolsillos con proyecto poscovid.

El presidente de la Fedem Miguel Sanabria Irepa es un activo militante anticorrup­ción, se lo ve en redes sociales participando con aliados del CIRD como la oenegé Coor­dinadora de Abogados del Paraguay (Coapy), la Con­traloría Ciudadana Luque y Somos Anticorrupción.

Otros miembros de la privi­legiada oenegé Fedem con jugosos contratos en MTESS son Hugo Gualberto Váz­quez, Rubén Darío Esco­bar, Mariano Bareiro Soria, todos combatientes contra la impunidad y defensores de la Secretaría Nacional Antico­rrupción cuya eficacia genera muchas dudas.

Desde Nación Media con­tactamos con el presidente Sanabria, quien confirmó los acuerdos mencionados, pero dijo no recordar los montos de las transferencias recibi­das, dónde se desarrollaron los cursos y quiénes fueron los profesionales contra­tados para la ejecución de estos. Al ser consultado sobre la estructura con la que dis­pone la ONG, ya no obtuvimos respuesta.

“Desde la Fiscalía y los investigadores, aclaramos que este vídeo que circula masivamente en las redes sociales no corresponde al accidente de Guayaibí departamento de San Pedro, donde perdieron, lastimosamente la vida 4 tripulantes”, expresa el comunicado.

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Del accidente aéreo resultaron víctimas el diputado Walter Harms, su hermano Carlos Harms, el piloto César Godoy y el empresario José González.

Todos habían acudido al departamento de San Pedro para participar del cumpleaños del gobernador de este departamento, Freddy D’Eclesiis.

El titular de la Dinac, Rubén Aguilar, anunció que, esta mañana a las 9:00 está convocada una conferencia en la que darán detalles de los datos que lograron recabar hasta el momento acerca del percance.

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