La compra pro bolsillo de los 25.000 kits alimenticios en Ciudad del Este, orquestada en plena pandemia, quedó constatada mediante una auditoría de la Contraloría General de la República. Sin embargo, el intendente reelecto Miguel Prieto sigue zafando de la justicia y sigue impune, pese a que ya están por cumplirse dos años desde la apertura de la investigación.

A la fecha, el fiscal Juan Ledezma alega que sigue analizando las documentaciones remitidas por instituciones como la Contraloría y la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET). Esta dilatada investigación no arrojó siquiera una imputación y el reelecto Miguel Prieto sigue sin responder por la licitación de G. 2.949 millones que direccionó a favor del pequeño autoservicio Tía Chela.

Quedó confirmado que Prieto adjudicó casi G. 3.000 millones en compra covid de alimentos a la pequeña despensa Tía Chela, sin que el negocio cuente con la capacidad financiera ni el stock requerido. Dicho por la madre de Fermín Ávalos, dueño del quiosco, éste tuvo que “prestar plata” para asumir el contrato

Vulneraron normas de Contrataciones Públicas al punto de completar lista de invitados con el papá de Ávalos y una amiga de Prieto que en ese momento se acababa de ganar un jugoso contrato también de provisión de alimentos, que luego fue anulado por irregularidades. Fabricaron facturas en el intento de respaldar stock de mercaderías. Aparecieron un sinfín de facturas de compras con una cadena interminable de intermediarios que lo único que hizo fue reforzar la teoría de que el proveedor no contaba con las mercaderías.

Tributación proveyó todos los papeles, de cómo se surtía Tía Chela, justificando compras hasta de firmas dedicadas al rubro de la construcción. Entre ellas, Vanemi, un negocio del rubro inmobiliario como intermediario y no hay que olvidar que este comercio también fue utilizado en otra licitación covid, en la que Prieto compró alimentos de un humilde constructor de pozo artesiano. Todos parientes entre sí.

Para el coronario de irregularidades, la Contraloría señala después de una auditoría que no existen notas de remisión que avalen la entrega total de los 25.000 kits de alimentos, tal como se estipulaba en la invitación a los potenciales oferentes. Existen además un rosario de denuncias totalmente en conocimiento del Ministerio público, como el caso de la compra de la clínica móvil, licitación en la que inventaron invitaciones a grandes concesionarias, sin embargo, no existe acuse de recibos. Posible falsificación de documentos, también en el freezer. Las veces que consultamos al fiscal Ledezma éste se limitó a responder que llevará todavía tiempo su investigación, pese a que en marzo se cumple dos años de “pesquisa”, pero la extrema lentitud del Ministerio Público, en este caso, no conmueve a los políticos de la oposición que fungen de perseguir la mafia y la corrupción.

La intersección de las calles Juan Leopardi y Lomas Valentinas, en el límite entre Fernando de la Mora y San Lorenzo, este domingo fue beneficiada con un trabajo de bacheo, aunque en este caso no estuvo detrás ninguna gestión municipal o del MOPC.

En realidad, fue un grupo de jóvenes el que decidió organizarse para tapar el enorme bache que se había formado en este cruce y que ya venía ocasionando problemas a más de un automovilista que transitaba por la zona.

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Estos voluntarios forman parte de la organización “Bacheando Py”, cuyo objetivo principal es el de impulsar acciones por cuenta propia para resolver un problema que, en la práctica, debería estar en manos de las municipalidades.

Según explicó uno de los voluntarios al canal C9N, decidieron utilizar pavimento asfáltico en frío para poder rellenar el cráter sobre Leopardi, teniendo en cuenta su impermeabilidad y rápido secado, lo cual permite volver a habilitar el tránsito en poco tiempo.

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Para cumplir con esta loable misión, estos jóvenes destinaron sus propios recursos para adquirir los materiales e insumos requeridos, así como para alquilar la máquina compactadora que facilitó el trabajo.

Los miembros de “Bacheando Py” cuestionan la inacción de las autoridades municipales, principalmente de los mismos intendentes que “se pasan la pelota” en vez de resolver un problema como este, el cual con el paso del tiempo va agravándose aún más y genera inconvenientes en el tránsito.

Nelly Delgado Von Lepel, cónsul de Paraguay en Porto Alegre, comentó al canal C9N que se encuentran trabajando de cerca con las autoridades para recibir reportes actualizados sobre la situación en Río Grande do Sul, azotado por las inundaciones.

Conforme al último informe de este domingo, unos 333 municipios del estado brasileño se encuentran afectados, con más de 710.000 damnificados y 100 desaparecidos, además de 75 personas fallecidas.

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Delgado confirmó que, hasta el momento, asciende a 50 el número de familias paraguayas que se vieron afectadas por este desastre natural sin precedentes. “Ahora están sin nada, lo perdieron todo, salieron de sus casas con la ropa que tenían”.

Por ahora, no se tienen noticias sobre compatriotas que estén internados en hospitales o que hayan fallecido, precisó durante la entrevista, aunque siguen recabando información de forma continua para reportar cualquier novedad.

La funcionaria diplomática señaló que ya lograron hacer las gestiones necesarias con el Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de brindar una asistencia a los connacionales damnificados lo más pronto posible y ver cuáles son sus necesidades.

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“Es muy triste todo lo que está pasando”, afirmó Delgado, quien expresó su preocupación por la cantidad de personas que quedaron damnificadas en dicha región del vecino país, sin mencionar el enorme perjuicio a nivel de infraestructura.

La mayoría de los hospitales de Río Grande do Sul sufrió los embates del avance del agua, por lo que muchos de ellos brindan una atención parcial. A esto se le suma la falta de agua potable y energía eléctrica, hecho que agrava aún más el desolador escenario por el que atraviesa el sur del Brasil.

En la madrugada de este domingo se registró un arrollamiento con derivación fatal a la altura del Km 47 de la Ruta PY01, en jurisdicción de la Compañía Zayas de Yaguarón.

El hecho tuvo como víctima a un agente de la Policía Nacional. Se trata del Suboficial Inspector Teodocio Miguel Ortiz López, 38 años de edad.

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El uniformado se encontraba realizando un trabajo preventivo sobre la ruta y, cuando se disponía a efectuar la verificación de una motocicleta, fue arrollado por un tractocamión de la marca Scania, al mando de Juan Esteban Aquino Gómez, de 66 años.

La víctima quedó gravemente herida y fue asistida por bomberos voluntarios, siendo trasladado primeramente hasta el Centro de Salud de Yaguarón y luego al Hospital Nacional de Itauguá, donde ya llegó sin signos de vida.

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Tanto el camión de gran porte como el conductor responsable del accidente fueron demorados en la sede de la Comisaría 15ª de Yaguarón.

Desde el Comando Institucional de la Policía Nacional expresaron su profundo pesar a raíz del fallecimiento del suboficial Teodocio Ortiz, manifestando públicamente sus condolencias a sus familiares y allegados.