La Secretaría de Acción Social (SAS) dio a conocer un resumen de Gestión Institucional y resaltó que el mismo “refleja avances significativos en los programas y proyectos implementados en este periodo.”

Refieren igualmente como logro destacado el aumento sostenido de cobertura del Programa Tekoporã, “registrando un 84% de aumento desde el inicio de la gestión gubernamental en el 2013.”

Añaden que el año pasado incorporaron innovaciones tecnológicas, así como servicios “que brindan seguridad a las familias vulnerables, como el Microseguro Social.”

En lo que se refiere a la inclusión de familias descendientes de los pueblos originarios, la SAS indica que comenzó a implementarse desde el 2015 y que se pasó de un 3% de cobertura “a un 95% de viviendas indígenas ocupadas cubiertas a nivel nacional por Tekoporã.”

Destacaron que actualmente el 50% de la población indígena protegida por el programa son niños, niñas y adolescentes.

EMPRENDIMIENTOS

La SAS mencionó también que el Programa Tenonderã incorporó 18.428 familias a emprendimientos productivos y que a diciembre de 2017 “se sumaron 6.860 nuevas familias, (la mayoría en proceso de egreso de Tekoporã), quienes han recibido asistencia financiera.”

En lo que atañe a la tenencia de tierra, las autoridades remarcado que la implementación del Programa Tekoha permitió aumentar el total de familias con contratos firmados en los últimos 4 años.

“De 12.474 contratos existentes en el 2013, se llegó al 2017 a un total de 25.338 familias que accedieron a la seguridad jurídica por sus lotes”, precisaron.

Programa #Tekoha de 12.474 contratos existentes en el 2013, se llegó al 2017 a un total de 25.338 contratos con #Familias que accedieron así a la #SeguridadJurídica de sus lotes pic.twitter.com/W1yVLCL93J

— SAS (@SASPARAGUAY) January 11, 2018

COMEDORES

También destacaron el Proyecto de Apoyo a Comedores de Organizaciones Comunitarias brindado por la institución.

“Desde su inicio en el 2016, la SAS benefició a 9.229 personas de 103 organizaciones comunitarias. En el ejercicio fiscal fenecido se ha prestado apoyo a 113 organizaciones comunitarias que atienden aproximadamente a 8.620 personas. Se entregaron 245.716 kilos de alimentos en 62 distritos de 16 departamentos y capital del país”, explicaron.

SUBSIDIOS

En el Programa de Asistencia a Pescadores, desde el 2014 se trabajó en la depuración del listado de pescadores y pescadoras para garantizar el subsidio por veda pesquera.

“De los 21.414 pescadores registrados en la veda pesquera del año 2012, se han reducido a 3.500 las familias que accedieron al subsidio por veda pesquera correspondiente al 2017”, señalaron.

#Tenonderã desde su inicio en el año 2014 incluyó a 18.428 familias que recibieron capital semilla y capacitación para el inicio o fortalecimiento de diversos emprendimientos productivos #LogrosGobiernoNacional

La causa está a cargo de los fiscales Yeimy Adle Monges, María Verónica Valdez y Silvio I. Corbeta Dinamarca, quienes sostienen que la administración municipal operó al margen de las normativas vigentes para direccionar fondos públicos.

Según la investigación fiscal, se detectó una estructura montada para eludir los mecanismos de control previstos en la Ley de Contrataciones Públicas. A través del Consejo Local de Salud, el esquema habría administrado de manera irregular más de G. 11.200 millones que debían destinarse a obras de infraestructura y mejoras operativas en el Hospital Regional de Ciudad del Este.

Entre las irregularidades documentadas por la fiscalía se confirmó un perjuicio patrimonial inicial de G. 757 millones, correspondiente a obras que no fueron ejecutadas o que presentaron costos sensiblemente sobrevalorados.

Las pesquisas revelaron un patrón constante de contrataciones direccionadas hacia empresas de fachada o firmas que carecían de la capacidad técnica mínima para llevar a cabo los trabajos adjudicados.

Uno de los hallazgos más relevantes en la acusación demuestra que una de las empresas beneficiadas con millonarios anticipos financieros operaba, en la práctica, como el estudio contable particular de una funcionaria de la propia municipalidad.

El caso pasa ahora a manos del Juzgado Penal de Garantías, que deberá fijar la fecha para la audiencia preliminar donde se resolverá si la causa se eleva a la etapa de juzgamiento público.

El avance en el esquema de fundaciones dentro del denominado Tramo 11 permitió habilitar de forma progresiva el montaje de la infraestructura superior.

Hasta la fecha, el frente de obra registra la ejecución acumulada de 100 pilotes, 57 encepados, 44 pilas y 11 dinteles distribuidos a lo largo del trayecto. Cada uno de estos pilotes cumple la función de transferir la carga de la plataforma elevada hacia los estratos más resistentes del suelo, mediante un proceso especializado que abarca la preparación del terreno, la perforación, el armado de estructuras de acero y el vertido de hormigón.

A pesar de ser elementos que permanecerán ocultos bajo la superficie, estas bases resultan críticas para garantizar la estabilidad, capacidad estructural y vida útil del viaducto. El desarrollo de las tareas mantiene protocolos de control técnico estricto y ensayos continuos, ajustados a las exigencias del Manual de Carreteras y las normativas viales vigentes.

Una vez finalizada, la autopista elevada dispondrá de dos calzadas con dos carriles por sentido, estableciendo una conexión directa entre las avenidas Ñu Guasú y Silvio Pettirossi con la ruta PY02, además de facilitar los accesos hacia Areguá, Ypacaraí y San Bernardino.

Esta obra, que contempla un trazado de 3,6 kilómetros e involucra una inversión total de USD 180 millones bajo la modalidad de Alianza Público-Privada (APP), busca transformar la movilidad diaria de más de 250.000 personas en uno de los corredores con mayor densidad vehicular del departamento Central.

Según detallaron los investigadores, la estructura logística desmantelada pretendía aprovechar la masiva concurrencia de personas durante las festividades locales para distribuir la droga a diversos puntos del Departamento Central.

Durante las incursiones a cinco viviendas, los agentes intervinientes confiscaron cocaína, marihuana y crack en dosis preparadas para su venta, junto con dinero en efectivo que ascendería a unos USD 1.500.000, presuntamente derivado del comercio ilícito y el lavado de activos.

Además del estupefaciente y el dinero, la comitiva policial incautó tres automóviles, entre ellos una camioneta Toyota Fortuner del año, motocicletas utilizadas para la distribución en la vía pública, armas de fuego, equipos electrónicos y dejó un inmueble bajo medida de incautación.

En una primera instancia, doce personas fueron demoradas en los lugares intervenidos; sin embargo, tras el cotejo de datos, ocho de ellas, señaladas preliminarmente como consumidoras, quedaron libres y comparecerán como testigos, mientras que cuatro presuntos integrantes directos de la banda permanecen detenidos.

Las investigaciones continúan abiertas para dar con el paradero del supuesto cabecilla de la organización criminal, quien no se encontraba en los inmuebles durante las intervenciones.