En la sesión ordinaria de ayer jueves, la Cámara de Senadores trató el proyecto de Ley “Que modifica varios artículos de la Ley Nº 5.033/2013 ‘Que reglamenta el artículo 104 de la Constitución Nacional, de la declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos de los funcionarios públicos’ y deroga la Ley N° 6.355/2019” en estudio.

La ratificación de la versión Senado obtuvo 18 votos y la de Diputados 9. Se registraron cinco abstenciones y 13 ausencias. Se necesitaban 23 votos para que prospere el texto de Senadores, que disponía que la Contraloría pudiera denunciar omisiones y errores ante la Fiscalía.

También establecía que, si el funcionario hiciera la rectificación después de ser sorprendido en falta, no sea beneficiado con la despenalización.

Así votaron los senadores. Foto: HCS

Sin embargo, la intención fracasó y quedó firme el texto propuesto y aprobado el 20 de abril en la Cámara de Diputados. La legislación sancionada será remitida al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto.

El obispo de Concepción, Mons. Miguel Ángel Cabello Almada, presidió la celebración e hizo un llamado a la sociedad a mirar con compasión y compromiso a quienes enfrentan estas realidades.

Durante la homilía, Mons. Cabello destacó las difíciles condiciones en las penitenciarías del país, caracterizadas por el hacinamiento, la falta de programas de rehabilitación y un ambiente propenso a la violencia. “Es preocupante que muchos reclusos carezcan de oportunidades para reintegrarse a la sociedad una vez cumplida su condena”, señaló.

El obispo también compartió un conmovedor testimonio de conversión ocurrido en la cárcel de Tacumbú, donde un recluso encontró en la fe un camino de transformación personal. En ese sentido, instó a las autoridades a acelerar los procesos judiciales ya la ciudadanía a visitar y apoyar a los privados de libertad, en cumplimiento del mandato evangélico de Cristo.

Otro de los puntos centrales fue la situación de quienes padecen adicciones, a quienes Mons. Cabello describió como “esclavos de sustancias y conductas que destruyen no solo sus vidas, sino también a sus familias ya la sociedad”.

El prelado subrayó la necesidad de abordar este problema desde múltiples frentes: desde la implementación de políticas públicas efectivas hasta el acompañamiento espiritual y psicológico de los afectados. “Debemos ser como el buen samaritano, acercarnos a los heridos por las adicciones y ayudarles a encontrar un nuevo comienzo”, expresó.

El mensaje concluyó con un llamado a las familias, las instituciones educativas y las comunidades religiosas a colaborar en la prevención, el tratamiento y la reinserción social tanto de los privados de libertad como de las personas con adicciones. “Que este Jubileo 2025 sea un tiempo de renovación y esperanza para todos”, exhortó.

La Virgen de Caacupé, San Roque González de Santacruz y la beata Chiquitunga fueron invocados como guías espirituales para iluminar este camino hacia una sociedad más justa y solidaria.

Los padres de alumnos del Colegio Nacional Soldado Paraguayo, en Ciudad del Este, denunciaron la exigencia de pagos obligatorios de G. 150 mil como condición para matricular o confirmar la inscripción de sus hijos para el año lectivo 2025. Este cobro, disfrazado como “aporte voluntario” “, contradice las disposiciones del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), que prohíben condicionar la inscripción a pagos económicos, según publicó el medio La Jornada.

Según los denunciantes, el proceso de matrícula, programado para los días lunes y martes, se convirtió en un calvario. Tras horas de espera, muchos fueron rechazados por no abonar el monto exigido, siendo informados de que sus hijos no podrán estudiar en el colegio si no cumplen con el pago.

Los padres señalan que estas prácticas no solo violan las normativas del MEC, sino que también generan una presión económica insostenible. Si bien las Asociaciones de Cooperadora Escolar (ACES) justifican los aportes como necesarios para cubrir servicios como limpieza, mantenimiento y conectividad, las mejoras mencionadas no son evidentes en las instituciones.

En otros casos, los montos cobrados incluyen un aporte mensual adicional destinado, supuestamente, a pagar salarios de profesores en el Nivel Inicial. Esto ocurre bajo la excusa de que no existen rubros asignados para docentes de Jardín y Preescolar, a pesar de que los cursos están formalmente habilitados.

Por otra parte, los denunciantes aseguran que la falta de docentes asignados regularmente en algunas instituciones es una irregularidad frecuente. En muchos casos, las clases son impartidas por reemplazantes sin la preparación adecuada, mientras los profesores titulares figuran como activos en otras escuelas o en listas de planilleros.

Ante estas irregularidades, los padres exigen una intervención inmediata del MEC para garantizar que las matrículas no sean condicionadas al pago de aportes y que se resuelvan las carencias estructurales en las escuelas públicas. Las inscripciones para el próximo año cierran este viernes 6 de diciembre, en el marco del programa Hambre Cero, dejando a muchas familias en la incertidumbre sobre el futuro educativo de sus hijos.

Justo Zacarías, director paraguayo de la entidad, destacó a la radio Universo 970 AM que esta iniciativa es fundamental para garantizar la seguridad ciudadana, uno de los pilares del desarrollo nacional.

De las 600 patrulleras previstas, 450 ya fueron entregadas, mientras que otras 150 están en proceso de distribución. Además, se incorporaron motos, chalecos, armas, municiones y mejoras en infraestructura, como en el Hospital Rigoberto Caballero y diversas comisarías. Este esfuerzo incluye también equipamiento de comunicación y sistemas avanzados de investigación criminal, esenciales para fortalecer las capacidades policiales.

Para evitar el deterioro prematuro de los vehículos y equipos, Itaipú aseguró tres años de mantenimiento y provisión de combustible, garantizando su operatividad. “Queremos romper con el pasado de cementerios de chatarras y asegurar que estos recursos realmente beneficien a la ciudadanía”, expresó Zacarías.

El presidente Santiago Peña subrayó que “sin seguridad no hay desarrollo”, una premisa que guía estas inversiones. La incorporación de 5.000 nuevos efectivos policiales en 2025 será otro hito clave en este proceso de fortalecimiento institucional.

Zacarías también resaltó el papel crucial de la seguridad en todos los ámbitos de la vida nacional, desde permitir una economía más robusta hasta garantizar la tranquilidad del ciudadano común. “Es vital que todos, desde el inversionista extranjero hasta el pequeño comerciante, puedan operar en un entorno seguro”, señaló.

Estos recursos provienen del fondo social de Itaipú, respaldados por un acuerdo tarifario negociado entre Paraguay y Brasil. Esta colaboración, fruto del diálogo entre el presidente Peña y su homólogo brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, permite que ambos países fortalezcan sus sistemas de seguridad e infraestructura.

En cuanto al tratado del Anexo C de Itaipú, Zacarías indicó que la entidad se encuentra en etapa de preparación de documentación y análisis para apoyar las negociaciones diplomáticas. Aunque es improbable que se concrete un acuerdo antes de fin de año, se espera que los avances sean significativos en el mediano plazo.