Ante el desentendimiento en la provisión de los datos, la solicitud fue reiterada el 17 de octubre pasado, en un momento de mucho debate e interés en la transparen­cia del uso de los recursos con el objetivo de asegurar el manejo responsable de los mismos, según se consigna en la nota firmada por los senadores Antonio Barrios, Gustavo Leite, Zenaida Del­gado, Lizarella Valiente, Juan Carlos “Nano” Gala­verna, entre otros.

“Dicho pedido se encuen­tra en concordancia con los principios de transparencia y rendición de cuentas esta­blecidos en el propio conve­nio”, remarca la nota reite­rada por los legisladores el 17 de octubre pasado ante la ambigua respuesta recibida por parte de la OEI en la que básicamente se describe las bondades técnicas del pro­yecto, “el cumplimiento de los compromisos de rendi­ción de cuentas y presen­tación de documentos” por parte de la organización, eludiendo olímpicamente los números concernientes al uso de la donación de unos 38 millones de euros, de los que cuales se transfirieron 7 millones de euros.

Ayer, en medio de una sesión caldeada precisamente por caso de ONG que se involu­cran en el Estado y tienen dudoso manejo de fondos y ante la no provisión de los detalles de gastos, se remi­tió una tercera nota para ambas organizaciones eje­cutoras de los fondos prove­nientes de la UE. Los sena­dores Líder Amarilla, Carlos Núñez, Natalicio Chase, José Oviedo, Yolanda Pare­des, Basilio Núñez, Anto­nio Barrios, Gustavo Leite, Rubén Valdez, Juan Carlos “Nano” Galaverna, firmaron el documento.

El pedido de los senadores refiere un informe corres­pondiente a la “lista por­menorizada de todos los profesionales, técnicos, especialistas o personal de cualquier índole, nacionales e internacionales que fueron contratados para actividades relacionadas con dicha dona­ción o que hayan sido remu­nerados con fondos de dicha donación, con el detalle del monto respectivo pagado a los mismos, así como las fun­ciones que les fueron encar­gadas, con los respectivos documentos respaldatorios”.

Mismo requerimiento por­menorizado se hizo con rela­ción a la prestación de ser­vicios, de empresas y ONG, incluida la organización Jun­tos por la Educación que fue­ran contratadas en el marco del acuerdo. La información solicitada abarca todos los periodos de ejecución de los fondos provenientes de la donación de la UE.

No hay que olvidar que la ejecución de estos recursos generan muchas especula­ciones, principalmente sobre las facturaciones detrás, quiénes son estos prestado­res servicios que en todo este tiempo viene siendo un ver­dadero misterio. En este sen­tido, la provisión de informa­ción sobre el uso de los fondos donados puede resultar tras­cendental para conocer los pormenores de las ejecucio­nes y el verdadero impacto, es decir, si son los niños los principales beneficiarios o los terceros que giran en torno al proyecto.

La carga estaba consignada a la firma de remesas SAGA’S SA, procedente de Miami y consistía en un total de 19 bultos que sumaban 814 kilos. Mediante el perfilamiento de riesgo realizado por el equipo de Visturía y Resguardo de la DNIT, fue seleccionada una caja de 11,23 kg que aparentaba contener cremas corporales.

El paquete estaba destinado a un ciudadano identificado como Ramón Valiente, con origen en San Francisco, California, informó la DNIT.

El escaneo no intrusivo reveló la imagen de material orgánico dentro del bulto, motivo por el cual se procedió a la verificación física correspondiente. En su interior se detectaron 7,8 kilos de una sustancia vegetal sospechosa.

La intervención se realizó con apoyo de agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y de Lala, el can antidrogas, que reaccionó de forma positiva ante la presencia de estupefacientes.

La sustancia fue entregada bajo acta al personal de la Senad para su análisis, custodia y procedimiento judicial correspondiente.

Según la denuncia presentada ante el Ministerio Público, se habrían comprado hamacas por un precio de hasta G. 1.258.000 cada uno y camisas de ao po’i a G. 1.021.000.

Asimismo, se habrían comprado pines de plata que fueron regalados a más de 50 autoridades extranjeras, cuyo valor oscilaría en G. 30.000, pero la Defensoría del Pueblo habría pagado G. 600.000.

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Estiman que el perjuicio patrimonial rondaría los G. 1.400 millones (Mil cuatrocientos millones).

La denuncia presentada por la activista social, Francisca Duré de Bernal (bajo patrocionio de la abogada Elva Rubira) fue realizada en contra del defensor del Pueblo, Rafel Ávila y los funcionarios Rebeca Miranda y Pedro Santacruz, quienes ocupan altos cargos administrativos en la institución.

Hamacas y camisas de oro: presentan denuncia contra el defensor del Pueblo.

Se solicitó la urgente imputación de los denunciados.

Cabe mencionar que, la jueza de garantías Diana Carvallo ya solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero de Ávila por desacato judicial.

Lo que empezó como una simple solicitud verbal acabó a los tiros en el barrio Acaray de Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná.

El protagonista de este episodio es Alcides Ramírez Esquivel (28), quien fue víctima de un amedrentamiento, con amenaza incluida, por parte de una turba.

Según el reporte, un grupo conformado por entre seis a ocho personas participaba de una fiesta en una casa quinta ubicada a pocos metros de la vivienda del afectado.

Debido a la polución sonora y las molestias ocasionadas en el vecindario, Ramírez fue hasta el lugar para pedir a los presentes que bajen el volumen de la música, a fin de dejarlo descansar.

Dicho pedido generó el disgusto del grupo, que siguió al hombre hasta su residencia para amedrentarlo, efectuando disparos al aire con intenciones de asustarlo.

Tras el incidente, los autores huyeron a bordo de una camioneta Kia Sportage de color blanco y un automóvil Toyota Vitz de color oscuro, sin llegar a ser identificados plenamente.

La Policía Nacional ya tomó conocimiento de lo ocurrido y se encuentra investigando el hecho, a fin de dar con el paradero de estos inadaptados.