Sin escuelas de conducción, no habrá licencias

Para solucionar la problemática por los siniestros, el Gobierno Nacional plantea instalar una "cultura vial", mediante el estricto control al emitir las licencias, en las calles, y al contar con un registro nacional de antecedentes de tránsito.

Justo Domínguez, director de la Agencia Nacional de Tránsito, visitó al presidente Horacio Cartes para informar los avances del ente que fue creado hace pocos meses mediante la Ley Nacional de Seguridad Vial (Nº 5016/2014).

Luego del encuentro, señaló a radio UNO que la institución tiene como misión realizar el control en materia de prevención de los accidentes y establecer varias actividades para reducir los mismos.

Sostuvo que el Jefe de Estado dio su completo respaldo para el comienzo del trabajo que realizará el ente con los municipios y la Patrulla Caminera.

Aclaró además que la ley establece cómo debe realizarse la expedición de las licencias. Citó que el interesado debe pasar por una escuela de conducción y realizar los exámenes teóricos, prácticos y físicos. De lo contrario, los funcionarios municipalidades que “hacen la vista gorda” y no cumplen con el proceso sufrirán sanciones administrativas, civiles y penales.

Domínguez comentó que a través de su institución se va a fortalecer y formar a los instructores de los conductores, y que además se unificará el formato de las licencias en todo el país. “Hemos avanzado en el último punto, porque más de 80 municipios aceptaron en unificar”, indicó.

Por otro lado anunció que se prevé la creación de un Registro Nacional de los Antecedentes de Tránsito, atendiendo que no existe un sistema integral; solo las comunas poseen esos datos por separado.

Contó además que los infractores irán sumando puntos, y que al alcanzar el tope (20) sufrirá el secuestro de su licencia y deberá ir a una escuela de conducción.

Justo Domínguez además aclaró que la citada ley establece que el próximo año todos los rodados deben pasar por la Inspección Técnica Vehicular, y que además deben contar con un Seguro Obligatorio contra Accidentes de Tránsito. Estas dos leyes fueron eliminadas, por lo que se espera la creación de otras similares para el 2015.

Capturan a ladrón que asaltó a visitantes en un cementerio

La Policía Nacional logró capturar a un delincuente acusado de asaltar a dos visitantes en un cementerio de la ciudad de Capiatá. El mismo cuenta con antecedentes.

Agentes de la Comisaría 8va Central en la noche del sábado concretaron la detención de un presunto delincuente en la ciudad de Capiatá.

Se trata de Cristian David Riveros Sánchez, alias “Ka’i”, de 35 años, domiciliado en el barrio Santa Catalina, a la altura del Km 20,5 de la Ruta PY02 de Capiatá.

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El hombre fue sindicado como autor del asalto a una mujer de 70 años y un joven que se encontraban de visita en un cementerio, hecho que se registró en la tarde de ayer.

El ladrón fue atrapado por los agentes policiales en una zona boscosa del sector conocido como “Cable Guy”, en el barrio Santa Rosa de la citada localidad.

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Riveros cuenta con antecedentes por tentativa de hurto (2006), hurto (2009), coacción sexual y violación en grado de tentativa (2016) y hurto agravado (2018), además de tener una orden de captura pendiente, menciona el portal Sucesos Paraguay.

Itapúa: niña llegó al hospital con una grave infección y sospechan que fue víctima de abuso

Una niña de 10 años llegó en grave estado al Hospital de Encarnación tras sufrir una infección generalizada. Los médicos sospechan que fue víctima de abuso sexual, debido a la zona donde descubrieron las heridas.

En las últimas horas se tuvo conocimiento de un presunto caso de abuso sexual infantil en la zona de Itapúa, teniendo como protagonista a una niña de 10 años de edad.

La menor -quien es oriunda del distrito de Carlos Antonio López- fue internada en grave estado en el Hospital Regional de Encarnación, a raíz de una infección generalizada, menciona el informe de la corresponsal de Nación Media, Rocío Gómez.

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Los médicos del centro asistencial constataron que la niña presentaba una fisura en el esfínter anal, la cual no fue tratada a tiempo y posteriormente derivó en la sepsis.

Este hallazgo hizo sospechar a los profesionales de blanco que la paciente había sido víctima de abuso sexual, motivo por el que dieron aviso a la Policía Nacional y el Ministerio Público para tomar intervención.

Las autoridades creen que la niña era mantenida en deplorables condiciones, esto considerando que tenía piques, piojos y caries, además de no contar siquiera con una cédula de identidad. De igual manera, se confirmó que apenas llegó a cursar el primer grado.

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Al ser entrevistada, la madre -quien no lee ni escribe- entró en algunas contradicciones al hablar sobre quién pudo haber lastimado a su hija. Incluso, habría afirmado que no se dio cuenta de la situación en que la misma se encontraba sino hasta el día de su internación.

El fiscal Gustavo Riveros finalmente formuló imputación contra la madre de la niña por el hecho punible de falta al deber del cuidado. Se prevé que, como parte de la investigación, se le quite la custodia de sus otros 7 hijos.

Criptominería en inmueble de Cuevas: factura de G. 500.000 vs consumo real de G. 800 millones

El perjuicio patrimonial por la sustracción de energía para criptominería en la propiedad del exdiputado Miguel Cuevas superaría los G. 800 millones, según la ANDE.

Una comitiva del Ministerio Público y la ANDE encabezó esta mañana un allanamiento en un inmueble ubicado en la compañía Yarigua’ami del distrito de Sapucai, departamento de Paraguarí.

Dicha propiedad se encuentra registrada a nombre del exdiputado Miguel Cuevas y, según confirmó su representante legal, había sido arrendada hace un mes a una mujer de nombre Ramona Peralta, quien reside en la zona de Alto Paraná.

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En el lugar se constató la instalación de una granja ilegal de criptominería, incautándose un total de 396 máquinas procesadoras de criptomonedas. Asimismo, se descubrió una conexión clandestina, alimentada por un transformador de 3.150 kVA.

Según informaciones proveídas por la ANDE, el suministro de este inmueble tenía una facturación mensual que se encontraba en torno a los G. 500.000, aunque el monto no condice con el consumo real.

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Se estima que el daño patrimonial para la empresa estatal alcanza los G. 873.000.000, esto en base a la capacidad del transformador hallado en la propiedad perteneciente al exparlamentario colorado.

El fiscal Alfredo Ramos dispuso la incautación de las máquinas mineradoras, que fueron trasladadas al depósito de la Fiscalía de Paraguarí para su resguardo. Por su parte, el transformador debió ser dejado en el sitio, debido a que no pudo ser removido por su gran peso y tamaño.