A raíz de la actual cuarentena decretada por el gobierno en el marco de la pandemia de coronavirus, una gran parte de la población permanece en sus hogares y recurre a alternativas como la televisión o el teléfono celular para poder entretenerse.

Si bien esta costumbre es habitual en la mayoría de las familias, muchos desconocen los riesgos que podría representar una exposición demasiado prolongada a las pantallas de los diferentes dispositivos con los que estamos en contacto en el hogar.

La doctora Miriam Cano, directora de Salud Ocular del Ministerio de Salud, en entrevista con Radio 1000 advirtió sobre la posibilidad de que se produzca lo que se conoce como “Síndrome Visual Informático”.

Según explicó, esta afección temporal se caracteriza por el hecho de tener la visión fija en una pantalla durante un periodo muy prolongado y, por consiguiente, pestañear muy poco, lo cual a su vez deriva en que se produzca una sequedad en los ojos.

Una continua exposición de los ojos a una pantalla puede hacer que la persona sufra de cansancio visual, visión borrosa, fatiga ocular, ojos irritados o enrojecidos y, en el peor de los casos, hasta de una miopía.

“En promedio pestañeamos hasta 20 veces por minuto, sin embargo, cuando estamos frente a la pantalla brillante, ésto se reduce a sólo 5 veces por minuto”, manifestó la profesional.

En lo que respecta a los niños y el uso de teléfonos celulares, Cano aseguró que “lo peor que pueden hacer los padres” es darle un dispositivo a un niño menor de 1 año, esto considerando que, al ser tan pequeños, se puede frenar el crecimiento de sus ojos y con ello llegar a provocarles miopía.

Por ello, recomendó que recién después de los 2 años de edad los niños puedan utilizar este tipo de equipos (en caso de que los padres así lo decidan), pero sólo por unas 2 a 3 horas por día e incluyendo intervalos de actividades que conlleven luz natural.

La principal sugerencia que brindó la directora de Salud Ocular del MSPyBS para evitar padecer del “Síndrome Visual Informático” es la llamada “regla 20-20-20”, que significa “cada 20 minutos cambiar el lugar que se está mirando a una distancia de 20 pies (6 metros) y durante 20 segundos”, a fin de que se descontracture la mirada.

Igualmente, recomendó tener todos los dispositivos a una distancia aproximada de 50 centímetros del rostro, de manera a evitar ponerlo tan cerca ya que eso hace que el ojo haga un mayor trabajo para enfocar en lo que quiera ver.

La constitución de la jueza de Paz fue a modo de constatar el estado de la ocupación de la vivienda, tras la denuncia hecha por Feliciana Sosa Mendoza contra su exsuegra, Ursulina de Franco, quien acompañada de al menos 12 personas se instaló en el lugar con intenciones de sacarla a la fuerza de la casa.

En declaraciones al canal GEN de Nación Media, la jueza se reservó en señalar sobre la titularidad de la vivienda, sin embargo aplicó una medida cautelar.

“La cuestión referente a quién debe habitar la vivienda, no es algo que pueda resolver yo. Lo que puede resolver un juez de Paz es si se puede mantener o no una exclusión, que implicaría de cierta manera que uno de ellos no viva en la casa”, explicó.

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Sostuvo que su tarea fue recabar todo lo necesario para una decisión final. Por otra parte, señaló que el hecho de que la expareja de la denunciante, Milciades Ramírez, haya sido su compañero en la universidad, no es un motivo de excusación.

EL CASO

“Cuando era la novia del hijo de la señora (expareja, Milciades Ramírez). Yo estaba embarazada y me dijo que no iba a usar la casa y que se iba a quedar para mí y mi nieto. Después yo me separé de su hijo y él salió de la casa. Ahí empezaron los problemas”, comentó Feliciana Sosa Mendoza, sobre la disputa por una vivienda ubicada en el asentamiento Santa Lucía de Coronel Oviedo, por el cual había abonado la suma de casi G. 5 millones a su exsuegra.

La mujer señaló que reside en la vivienda hace más de 11 años con sus dos hijos, el mayor que había tenido con su expareja y una niña de 5 años con trastorno del espectro autista, ya de otro padre.

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Al respecto, la denunciante indicó que desde hace 3 o 4 meses, su exsuegra (Ursulina de Franco) viene amenazando con quitarle la casa, a través de maltratos verbales y recurrieron a integrantes de su familia para amedrentarla.

La mujer incluso obtuvo una orden de restricción contra la señora, pero la misma fue revocada. Apenas salida la resolución, la exsuegra junto a otras 12 personas se instaló en la vivienda en disputa desde hace dos semanas.

El sistema de tormentas está previsto para el centro, sur y este de la Región Oriental, mientras que en la Región Occidental, afectará a la zona sur.

Para los departamentos de Ñeembucú, Misiones, suroeste de Itapúa, sur de Paraguarí, se prevén tormentas ya desde la mañana y hasta la tarde del miércoles.

En cuanto a Asunción, Central, centro y oeste de Itapúa, Caazapá, centro y norte de Paraguarí, Guairá, centro y sur de Pdte. Hayes, las tormentas se darán desde la tarde del miércoles y hasta la mañana del jueves.

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En Cordillera, centro y oeste Caaguazú, este de Itapúa, sur de Alto Paraná, sur y oeste de San Pedro, desde la tarde del miércoles y hasta la tarde del jueves.

Se esperan lluvias con acumulados de entre 40 y 110 mm, con ráfagas de viento en torno o superiores a 100 km/h.

También se prevé la caída de granizos en forma puntual.

Fue hallado culpable por incumplir el deber legal alimentario en favor de su hija menor. Ahora deberá pagar la suma adeudada por 50 meses.

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El hombre estaba obligado a depositar la suma de G 506.040 en la cuenta Judicial habilitada en el Banco Nacional de Fomento; lo que ocasionó que su hija viva en forma precaria y con muchas limitaciones en el ámbito económico, educativo y de salud, según argumenta el Ministerio Público.

De ahora en más, deberá estar inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, lo cual le impedirá realizar ningún trámite de bienes registrables, tampoco renovar su licencia de conducir.

Cabe recordar que, desde el 22 de abril pasado los deudores de prestación alimentaria ya no pueden registrar compraventas de terrenos, vehículos y otro tipo de propiedades, según la nueva medida de control establecida por la Corte Suprema de Justicia a través de la Dirección General de los Registros Públicos.

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