Ricardo Vaezquen, director de Recursos Humanos de la Cámara Diputados, sostuvo que piden a los directores de las demás áreas que denuncien los casos de planilleros. “Nosotros contamos con más de 1.600 funcionarios. Necesitamos la ayuda porque no vamos a ser niñeros, en RRHH estamos 10 personas y no podemos controlar a esa cantidad de gente”, explicó.

Aclaró a la 650 AM que el control no viene luego del caso de Karina Rodríguez. No obstante, en la Cámara se divulgó una misiva, de fecha 19 de enero, que insta a los directores generales a ejercer control sobre el personal y denunciar cualquier irregularidad a Recursos Humanos.

“Implementamos todo el tema de relojes biométricos desde el año pasado, y actualizamos el software. Estamos trabajando a full, pero queremos comprometer a todos en este trabajo. Con este sistema es difícil que otro marque por uno. Una vez leí: ‘Los muchachos van a tener que cortarse el dedo para planillear”, señaló.

Al ser consultado sobre si todos los funcionarios, incluso los comisionados, deben marcar, Vaezquen respondió que también lo harán por la resolución que emitió la Función Pública.

En ese sentido recordó que anteriormente si uno tenía el rubro de asesor, no debía marcar, como el caso de Lino Valencia (asesor viajero de Karina), pero aclaró que en su caso específico, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (de donde fue comisionado) pidió la asistencia del hombre.

Según la investigación fiscal, Valencia percibió su salario estando fuera del país. El perjuicio ocasionado rondaría los G. 14 millones pero podría ser mayor, sostiene el Ministerio Público.

Karina Andrea Rodríguez Carámbula fue imputada por la supuesta comisión del hecho punible de expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso así como por cobro indebido de honorarios en calidad de cómplice. Asimismo, se procesó a Lino Xavier Valencia Montes por el ilícito de cobro indebido de honorarios.

Fuente: AFP

Durante la gira de seis días, Kishida se reunirá con el presidente francés, Emmanuel Macron, con el mandatario brasileño Luiz Inacio Lula da Silva y el presidente Santiago Peña, informó su despacho.

“Este es el año de América Latina, y es el centro de atención del mundo”, afirmó el portavoz del gobierno japonés, Yoshimasa Hayashi, en una rueda de prensa en la que destacó que Brasil preside el G20 y Perú tiene la presidencia del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

“Japón quiere aprovechar esta oportunidad para fortalecer sus vínculos con los países de Latinoamérica”, agregó.

En la reunión con Lula, se espera que Kishida firme un acuerdo de cooperación bilateral sobre varios temas medioambientales, incluyendo el cambio climático y el proceso de reducción de emisiones de carbono, informó la agencia japonesa Kyodo News.

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Kishida viajará con representantes de al menos 40 empresas, con el objetivo de aumentar las inversiones de Japón en Brasil y de impulsar la cooperación en tecnologías verdes, indicó el diario Nikkei.

El gigante automovilístico japonés Toyota anunció en marzo un plan para invertir 11.000 millones de reales (2.200 millones de dólares) para aumentar la producción de vehículos híbridos en Brasil.

Los procedimientos fueron encabezados por el fiscal antidrogas Néstor Narváez, en el marco del Operativo Arambe II en el departamento de Canindeyú, desarrollado del 23 al 25 de abril de 2024,.

Los trabajos de control se desarrollaron en las zonas rurales del distrito de Villa Ygatimi, y los datos finales señalan que la pérdidas económicas aproximadas para los grupos criminales que operan en estas actividades ilicitas alcanzan la suma de Gs. 22.037.000, equivalente a US$ 2.966.000.

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Durante los procedimientos llevados en forma conjunta con los agentes antinarcóticos de la Policía Nacional se logró la destrucción de 48 hectáreas de supuesta marihuana en etapa de cosecha, distribuidas en 14 parcelas, equivalentes a 144.000 de kilos de marihuana prensada.

Además, se requisaron 6250 kilogramos de supuesta marihuana picada. También se destruyeron once campamentos precarios ubicados en la zona y se requisaron diez zarandas y enseres varios.

La ley establece que el Consejo Nacional de la Lectura y el Libro, presidido por la Secretaría Nacional de Cultura y acompañado por el Ministerio de Educación y Ciencia y el apoyo de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, deberán diseñar y conducir el Plan Nacional de fomento del libro y la lectura.

Deberán facilitar el acceso de toda la población a las bibliotecas públicas, principalmente, de las personas en condiciones de vulnerabilidad, mediante la incorporación de nuevas tecnologías de la información y el conocimiento, articular la compra de libros de autores nacionales e internacionales destinados a bibliotecas públicas, comunitarias y a aquellas habilitadas en espacios no convencionales, impulsar la investigación científica en el ámbito de la lectura, el libro y el acceso a la cultura, además de otras disposiciones.

Trabajarán con las gobernaciones y los municipios la implementación de programas locales de fomento al libro y la lectura y la correspondiente asignación presupuestaria anual, según la particularidad de sus territorios.

En los casos de territorios en frontera, los planes incluirán, al mismo tiempo, programas de afirmación de la soberanía cultural y de fomento de la integración regional, promoviendo acciones conjuntas con los países vecinos, que beneficien el intercambio de libros, conferencias, presentación de autores, entre otras iniciativas.