A través de un curso dictado por el Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP), como parte del programa de reinserción, Pedro adquirió los conocimientos profesionales en herreria y desde el taller de la cárcel de Villarrica se ocupa de estas tareas todos los días.

El lugar está acondicionado para estas labores y cuenta con todas las herramientas, entre ellas, una soldadora, un taladro, pulidoras y tenazas elementales para el oficio.

Desde hace cuatro años, Pedro comienza a trabajar a las 7:00 de la mañana y en ese periodo logró generar suficientes ingresos para alquilar su propio taller y complementar allí su actividad económica.

El lugar se encuentra en el barrio Santa Librada y lo utiliza a través de su beneficio transitorio, que le permite un hueco horario de lunes a viernes para salir de la penitenciaría.

“La gente tiene mal concepto de la cárcel. Yo casi no sentí el tiempo porque me puse a estudiar y a trabajar. Con dos talleres herreros y la cantina, ayudo a mantener dos familias, la de mis papás, y la que tengo con mi novia Maribel”, contó Pedro.

Rejas, portones, muebles, juego de sillones y asador al espiedo hasta aparatos de gimnasio, porta planteras, braceros y parrillas para asado con soportes móviles y rueditas son las producciones de Pedro.Para consultas y pedidos puede contactarse al celular (0981) 910-713.

Durante estos 12 años de encierro, Pedro aprovechó para culminar sus estudios secundarios. También realizó cursos de panadería, artesanía de origami y electricidad domiciliaria, todos con el SNPP.

Rodolfo Duarte, de 43 años, es la víctima mortal del suboficial Ever Ayala, quien fue el que en medio de una disputa con su pareja, en la vía pública, reaccionó de manera brutal contra las personas que iban en un auto al que el agente impedía el paso de vehículo.

Los atacados por el policía, pidieron a bocinazos que el mismo despeje la calle. El funcionario policial, inicialmente aplicó oídos sordos y seguía discutiendo con su mujer. Sin embargo en un momento salió del vehículo y disparó.

El detalle que agrava el cuadro, es que el suboficial Ayala tenía prisión domiciliaria por un homicidio culposo, en el que produjo la muerte de un motociclista en un accidente de transito.

El uniformado solo podía salir de su vivienda para concurrir a su lugar de trabajo. Esa disposición la violò , ya que el día en que realizó el ataque a balazos estaba de franco.

Te puede interesar: Gordiño, lìder de grupo que perpetrò millonario robo a cambistas, srà extraditado al Brasil

En ámbito fiscal señalaron que el informe de situación del policía, consigna que cuenta con varios antecedentes de violencia, y de conducta irascible y desproporcionada.

El hecho pone al tapete las pruebas psicológicas que deben pasar los que aspiran a ingresar al cuadro policial. Sucesivos hechos verificados en el ente, demuestran que los episodios de esta naturaleza son numerosos, y ponen en cuestionamiento la calidad de los filtros en el aspecto psicológico.

En el Barrio San Juan, de la ciudad de Luque, a casi dos semanas del luctuoso suceso, la Municipalidad de Luque mandó colocar barandas de seguridad para evitar otra desgracia, según informó el canal GEN/Nación Media.

Además fueron instaladas dos piezas de concreto en el lugar para amortiguar algún impacto e impedir que un vehículo vaya a parar a la zanja.

El 24 de abril, madre e hija fallecieron arrastradas por el raudal, luego de caer a un cauce que no tenía vallas. En la ocasión, se salvaron tres personas, todas ellas, recién egresados del Grupo Lince.

Por el hecho, la Fiscalía formuló imputación en contra del intendente de Luque, Carlos Echeverría, tal cual había ocurrido con el intendente de Lambaré en noviembre pasado, cuando murieron dos militares en las mismas circunstancias.

Leé más: Emergencia vial en Luque para asistir a familias, pide intendente

La Dirección Nacional de Migraciones efectuó 677 procedimientos de seguridad en frontera durante el primer cuatrimestre del año, destacándose los procedimientos realizados en el marco del operativo JOAPY, que derivó en la expulsión de 25 extranjeros de nacionalidad brasileña vinculados al crimen organizado, que guardaban reclusión en penitenciarías del Paraguay y contaban con orden de prisión en su país de origen.

Lea: El Neuro se transformará en “Centro de Atención de Urgencias Psiquiátricas”

Procedimientos efectuados del 01/01/24 hasta el 30/04/24: Impedimentos de salida (357), Inadmisiones (203), Expulsiones (74), Procedimientos de entrega (38), Extradiciones (5).

Los impedimentos de salida fueron aplicados por los siguientes motivos: Por no contar con la documentación de viaje requerida (119), Por carencia de Permiso del Menor (127), Por poseer prohibición judicial de salida (99), Por orden de captura (12).

Las inadmisiones de ingreso al país de extranjeros fueron aplicadas a ciudadanos provenientes de: Argentina (51), Brasil (51), Bangladesh (23)Bolivia (11), China (11), Colombia (10), Uzbekistán (8), Cuba (6), Rep. Popular China (5), Ecuador (3), Haití (3), Nepal (3), Venezuela (3), Perú (2), Estados Unidos (2), India (2), Turquía (2), Botsuana (1), Bielorrusia (1), Argelia (1), Filipinas (1), Rep. Dominicana (1), Líbano (1) y Serbia (1).

Las expulsiones del territorio nacional fueron efectuadas en conformidad con la Ley N° 6984/22 de Migraciones: Expulsiones administrativas y (50)Expulsiones judiciales (24).

Los ciudadanos expulsados son oriundos de: Brasil (54),Argentina (8), Colombia (5), Perú (2), Chile (2), Ecuador (1), Afganistán (1) y Francia (1).

Los procedimientos de entrega se realizaron en coordinación con los organismos de seguridad intervinientes: Paraguay (31), Argentina (2), Brasil (2), España (1), Ecuador(1) y Perú (1).

Las extradiciones registradas corresponden a: Paraguayos extraditados desde Argentina (2), Paraguayo extraditado a la Argentina (1), Paraguayo extraditado al Brasil (1) y Argentino extraditado desde Argentina a nuestro país (1).

Todos los procedimientos fueron llevados a cabo en los puestos de control fronterizos y aeroportuarios habilitados, en conformidad con lo establecido en la Ley N° 6984/22 de Migraciones.

Lea también: Las mayorías legislativas, el uso que tuvieron en ambos bandos y las críticas selectivas