Dentro del Programa de Datos Abiertos del Ministerio Público, en el capítulo de Violencia contra la Mujer, este año se registran 40 víctimas de feminicidio en Paraguay y un total de 43 causas. Cabe resaltar que en uno de los casos, el cuerpo fue hallado en febrero de 2023. Sin embargo, se presume que habría sido asesinada en diciembre de 2022 y un caso caratulado e investigado como feminicidio, se encuentra en estudio la causa de muerte.

En enero se registraron 4 casos, en Febrero hubo 6 casos, en el mes de marzo 4 casos, en abril 5 casos, igualmente en mayo 5, en junio 2, julio registraron 2, agosto 4, septiembre 3, octubre 1, en noviembre 2 y diciembre 5 casos.

En dicho lapso y de acuerdo a los datos registrados por departamentos a nivel país, Central es el departamento en el que más casos se registraron con 9, además de Alto Paraná con 7, Amambay 5, Asunción tuvo 3, Caaguazú 3, Itapúa 3, Canindeyú 3, Cordillera 2, Concepción 2, Paraguari 2, Misiones 1, Boquerón 1,  Presidente Hayes 1, Ñeembucú 1 y San Pedro 1.

Se destaca que la edad promedio de las víctimas es de entre 12 a 70 años, mientras que la edad promedio de los agresores es de entre 18 a 82 años.

76 víctimas indirectas, hijos e hijas de las víctimas

Otro dato destacable, es la cantidad de hijos que quedaron huérfanos. En tal sentido, 76 hijos quedaron huérfanos y 55 eran menores de edad. Unas 29 víctimas eran madres.

En lo que respecta al parentesco del agresor y sus rangos, principalmente fueron parejas, es decir 18 parejas, asimismo hubo 15 exparejas, 5 conocidos, 3 novios, 2 padrastros, 1 esposo, 1 exesposo, 1 cuñado, 1 padre y 1 a determinar. Cabe aclarar que en Caaguazú, se registró una causa con 5 sujetos imputados.

Con relación al sitio de los sucesos, 42 casos tuvieron lugar en viviendas, mientras que 11 fueron en la vía pública.

Otra información es el tipo de arma utilizada. En su mayoría fueron utilizadas armas blancas, específicamente en 15 casos, para la perpetración de los hechos, además 14 ataques fueron llevados a cabo mediante armas de fuego, mientras que  4 con objetos contundentes. Asimismo, hubo 5 casos de muerte por asfixia, 2 de quemaduras y 1 por arrollamiento. Igualmente, en 2 casos no se pudo determinar la causa por el avanzado estado de descomposición de los cuerpos.

Los presuntos responsables se encuentran imputados por el Ministerio Público. Por otra parte, 9 de los autores se suicidaron.

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De acuerdo al reporte del Ministerio de Obras Públicas, los actuales trabajos incluyen la pintura de barandas, reconstrucción de veredas, desagüe pluvial, limpieza, entre otras actividades.

Este mejoramiento de la infraestructura abarca la ruta D025, que conecta los departamentos de Central y Presidente Hayes, y tiene como objetivo optimizar el tránsito y reforzar la seguridad vial de todos los usuarios del puente.

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Cabe mencionar que, se realizó una intervención profunda en el lugar. Esto incluye una regularización completa de los puntos críticos de la calzada y, a través de estudios técnicos de las muestras tomadas, determinar la composición de la carpeta asfáltica final, que incorporará polímeros.

El uso de asfalto con polímeros representa una mejora sustancial respecto al asfalto convencional. Este tipo de pavimento, que incluye materiales sintéticos especializados, es más resistente a deformaciones, temperaturas extremas y al desgaste por tráfico pesado. Además, reduce la aparición de grietas y mejora el comportamiento ante la humedad, prolongando así su vida útil.

Recalcó que la OEA reconoce este rol a través de múltiples iniciativas y mecanismos de participación que buscan fortalecer la cooperación para enfrentar los desafíos comunes de la región.

El canciller reconoció los retos persistentes y emergentes que afectan los cuatro pilares de la OEA: Democracia, Derechos Humanos, Seguridad Multidimensional y Desarrollo Integral Sostenible. En el ámbito de la democracia, señaló que el hemisferio enfrenta tensiones que amenazan la convivencia pacífica, mientras que en el área de los derechos humanos, advirtió que la debilidad institucional afecta la plena vigencia de estos derechos.

Ramírez Lezcano hizo un llamado a redoblar esfuerzos para que la OEA se mantenga atenta al fortalecimiento de la democracia en la región y para que las instituciones trabajen para garantizar la vigencia de los derechos humanos. Asimismo, abordó la preocupación sobre la seguridad multidimensional, destacando el crecimiento de fenómenos como el crimen organizado transnacional, el tráfico de drogas, el lavado de activos y la corrupción, que han afectado negativamente la estabilidad regional.

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El canciller también subrayó la creciente crisis migratoria y el tráfico de personas como problemas de prioridad que deben ser discutidos en el foro de la OEA para encontrar soluciones efectivas. En este sentido, destacó la importancia de potenciar la Secretaría de Seguridad Multidimensional como una plataforma de trabajo para unir a los distintos organismos de seguridad hemisféricos.

En cuanto a la inclusión de los pueblos originarios y afrodescendientes, Ramírez Lezcano expresó su compromiso de avanzar en la construcción de políticas públicas que les permitan participar en los procesos de desarrollo sin perder su identidad cultural. Además, reiteró que la región enfrenta desafíos importantes, como la desigualdad y la lucha contra la pobreza y el hambre, por lo que abogó por un desarrollo económico integral y sostenible para mejorar las condiciones de vida de los pueblos de las Américas.

Resaltó también que, a pesar de las diferencias y pensamientos divergentes entre los Estados miembros, América es una región pacífica, libre de conflictos bélicos, y enfatizó la necesidad de promover la solución pacífica de controversias mediante el diálogo.

Subrayó que, para alcanzar estos objetivos, la OEA debe recuperar su relevancia política y acercarse más a la ciudadanía de las Américas, reflejando un rostro más humano y colaborativo.

Por último afirmó que “juntos, sociedad civil y OEA, podemos construir una América más inclusiva, más solidaria, más próspera y resiliente”, reafirmando su convicción de que la organización debe liderar iniciativas clave para avanzar en la seguridad, el desarrollo y el bienestar de todos los pueblos del continente.

Seis años atrás, Paraguay comenzó a implementar el uso de IA en su sistema de empleos y se posicionó en la región como un Estado pionero en la inclusión de este tipo de tecnologías en políticas públicas. Así nació ParaEmpleo, ahora conocido como EmpleaPy. Miles de personas cargaron sus datos personales en un CV online y seleccionaron sus preferencias para conseguir un puesto de trabajo. Si bien el Portal EmpleaPy fue creado con el fin de aumentar la empleabilidad mediante la automatización de procesos, según un estudio detallado dirigido por Derechos Digitales, los sistemas de toma de decisiones automatizada (ADM, por sus siglas en inglés) se implementan en el país sin un marco sólido de protección de datos personales. Esto plantea preocupaciones sobre la falta de garantías adecuadas para las personas usuarias de la plataforma.

El proyecto Inteligencia Artificial e Inclusión, coordinado por la ONG Derechos Digitales desde 2019, ya cuenta con 10 casos de estudio en donde la IA se implementa en distintos gobiernos de América Latina en políticas públicas en áreas sensibles como las de empleo, educación, seguridad, entre otras, tanto a nivel nacional como subnacional. Algunos de los resultados principales exponen baja efectividad de estos sistemas, marcos normativos inadecuados, cuestionable manejo de información personal y escasos espacios abiertos a la participación ciudadana.

“La digitalización de la intermediación laboral en Paraguay, con el sistema EmpleaPy, evidencia los desafíos de construir plataformas de empleo basadas en datos con criterios de equidad y transparencia, en un contexto sin una legislación en protección de datos personales. También es un ejemplo de cómo el Estado, en este caso el Poder Ejecutivo, puede transitar de la dependencia de tecnologías del sector privado al desarrollo de sistemas públicos, lo que le permitiría un mayor control sobre los datos para almacenar y procesar”, subrayó Juan Manuel García, Coordinador de investigación de Derechos Digitales.

Si bien durante el último tiempo la introducción de nuevas herramientas de IA en la plataforma permite optimizar el proceso de selección de personas, el informe evidencia que aún no existe un análisis de riesgo de sesgos de clasificaciones sobre los perfiles, los datos personales, o potenciales errores para garantizar que la herramienta sea lo más inclusiva posible. El caso de Paraguay, uno de los pocos países de América del Sur que aún no cuenta con una ley de protección integral de datos personales, fue analizado por TEDIC en colaboración con Derechos Digitales.

Los otros casos del proyecto incluyen experiencias de IA aplicadas por los Estados de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay. El conjunto de las investigaciones desarrolladas con organizaciones de América Latina, demuestra que el uso de esta tecnología en la implementación de políticas públicas sin las garantías adecuadas, puede afectar derechos fundamentales como la privacidad, el acceso a la justicia y la equidad en la toma de decisiones estatales.

“El uso de inteligencia artificial en la función pública no es solo una cuestión técnica, sino una decisión política con implicancias profundas para los derechos humanos. Los casos analizados muestran cómo estas tecnologías pueden reforzar desigualdades, afectar la intimidad y limitar el acceso a beneficios sociales, especialmente cuando se implementan sin transparencia, supervisión adecuada o mecanismos de rendición de cuentas”, agregó García.