Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la prevalencia de la infertilidad es del 17,5%, es decir, aproximadamente una de cada seis personas en edad reproductiva, experimentan problemas de infertilidad en algún momento de sus vidas.

La infertilidad se define como la incapacidad de lograr el embarazo después de 12 meses o más de relaciones sexuales regulares sin protección. Existen dos tipos de infertilidad: la primaria, que se refiere a las parejas que nunca han podido concebir, y la secundaria, que se refiere a la incapacidad de concebir nuevamente después de haber tenido un hijo.

“Es una condición que puede causar angustia, estigmatización y dificultades económicas, además de afectar el bienestar mental y psicosocial de las personas. No hace distinciones y puede afectar a hombres y mujeres por igual. La magnitud de esta afectación es innegable y debe ser abordada mediante una ampliación del acceso a los tratamientos y su inclusión en las políticas y estudios de salud”, explicó el Dr. Roger Molinas, experto en Medicina y Cirugía Reproductiva.

Un informe de la OMS señala que resulta urgente aumentar el acceso a una atención sanitaria de la esterilidad asequible y de calidad para quienes la necesitan.

En Paraguay no se escapa de esta realidad, pues posee cifras similares a los países sudamericanos, situación a la que se suma la falta de información al respecto. La infertilidad no es aún considerada como una condición que debe ser atendida por la salud pública. De momento la opción que se cuenta es recurrir a centros de medicina y cirugía reproductiva, que se enfocan en el diagnóstico especializado de la infertilidad y su tratamiento.

Según resalta el médico Roger Molinas, los estudios realizados en el país comprueban que hay una marcada disminución de la calidad del esperma del varón por diferentes motivos, lo que repercute en el aumento en mayor porcentaje de infertilidad en la población de edad reproductiva. Además, de otras condiciones socio-económicas-culturales que impactan en el rango de edad de reproducción, como por ejemplo la decisión de la mujer de postergar la maternidad.

El Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, enfatizó la importancia de esta problemática al declarar: “El informe revela una verdad incontestable: la infertilidad no hace distinciones. La enorme proporción de afectados evidencia la necesidad de ampliar el acceso a los tratamientos y de incluir la infertilidad en las políticas y los estudios sobre salud, de modo que las personas que lo deseen dispongan de vías seguras, eficaces y asequibles para tener hijos”.

Los procedimientos fueron encabezados por el fiscal antidrogas Néstor Narváez, en el marco del Operativo Arambe II en el departamento de Canindeyú, desarrollado del 23 al 25 de abril de 2024,.

Los trabajos de control se desarrollaron en las zonas rurales del distrito de Villa Ygatimi, y los datos finales señalan que la pérdidas económicas aproximadas para los grupos criminales que operan en estas actividades ilicitas alcanzan la suma de Gs. 22.037.000, equivalente a US$ 2.966.000.

Puede interesar: Presentan propuesta de ley que crea una empresa de transporte público

Durante los procedimientos llevados en forma conjunta con los agentes antinarcóticos de la Policía Nacional se logró la destrucción de 48 hectáreas de supuesta marihuana en etapa de cosecha, distribuidas en 14 parcelas, equivalentes a 144.000 de kilos de marihuana prensada.

Además, se requisaron 6250 kilogramos de supuesta marihuana picada. También se destruyeron once campamentos precarios ubicados en la zona y se requisaron diez zarandas y enseres varios.

La ley establece que el Consejo Nacional de la Lectura y el Libro, presidido por la Secretaría Nacional de Cultura y acompañado por el Ministerio de Educación y Ciencia y el apoyo de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, deberán diseñar y conducir el Plan Nacional de fomento del libro y la lectura.

Deberán facilitar el acceso de toda la población a las bibliotecas públicas, principalmente, de las personas en condiciones de vulnerabilidad, mediante la incorporación de nuevas tecnologías de la información y el conocimiento, articular la compra de libros de autores nacionales e internacionales destinados a bibliotecas públicas, comunitarias y a aquellas habilitadas en espacios no convencionales, impulsar la investigación científica en el ámbito de la lectura, el libro y el acceso a la cultura, además de otras disposiciones.

Trabajarán con las gobernaciones y los municipios la implementación de programas locales de fomento al libro y la lectura y la correspondiente asignación presupuestaria anual, según la particularidad de sus territorios.

En los casos de territorios en frontera, los planes incluirán, al mismo tiempo, programas de afirmación de la soberanía cultural y de fomento de la integración regional, promoviendo acciones conjuntas con los países vecinos, que beneficien el intercambio de libros, conferencias, presentación de autores, entre otras iniciativas.

La suspensión se realizó vía sumario en la causa Dubini Franco, que actualmente está en audiencia preliminar. El argumento es por “faltar el debido respeto a magistrados, otros profesionales, funcionarios u otras personas, en el ejercicio de sus funciones, cuando el hecho no sea de tal entidad que constituya una falta grave”.

Te puede interesar: El Grupo Lince cumple 7 años de servicio en el país

Según Daniel Lobo, el sumario se aplicó tras la denuncia que hizo la magistrada Rosarito Montanía en su contra luego de que la acusara de violar la constitución en la causa Dubini Franco.

“Voy a iniciar mi batalla, voy a volver a recurrir al Colegio de Abogados, le puede ocurrir a cualquiera que objete que estén violando sus derechos. La Corte pretendió quitarme de la audiencia preliminar, no espero mucho de la Superintendencia de la Corte, yo presenté una recusación. Los 9 ministros son mi contraparte”, expresó el abogado a la radio 650 AM.

Para Lobo, la decisión de la Corte es arbitraria por lo que anunció que planteará un recurso de reconsideración y recurrirá a instancias internacionales, si es necesario.

“Esto es algo que yo me esperé, que iba a ocurrir. Tengo un equipo profesional que me asiste, para llevar a lo internacional. No podemos esperar que la Corte Suprema aplique la ley. Lo mas rápido va a ser iniciar la demanda por daño moral. Eso encuentra sustento en la arbitrariedad. Voy a recurrir al recurso de consideración”, refirió.

Daniel Lobo es abogado defensor de José “Pastor” Insfrán, supuesto narcotraficante detenido en el operativo A Ultranza Py.

Por su parte, Rodríguez Palacios también fue amonestado por la Corte por las iguales razones, supuestos ataques a la misma magistrada.