Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la prevalencia de la infertilidad es del 17,5%, es decir, aproximadamente una de cada seis personas en edad reproductiva, experimentan problemas de infertilidad en algún momento de sus vidas.

La infertilidad se define como la incapacidad de lograr el embarazo después de 12 meses o más de relaciones sexuales regulares sin protección. Existen dos tipos de infertilidad: la primaria, que se refiere a las parejas que nunca han podido concebir, y la secundaria, que se refiere a la incapacidad de concebir nuevamente después de haber tenido un hijo.

“Es una condición que puede causar angustia, estigmatización y dificultades económicas, además de afectar el bienestar mental y psicosocial de las personas. No hace distinciones y puede afectar a hombres y mujeres por igual. La magnitud de esta afectación es innegable y debe ser abordada mediante una ampliación del acceso a los tratamientos y su inclusión en las políticas y estudios de salud”, explicó el Dr. Roger Molinas, experto en Medicina y Cirugía Reproductiva.

Un informe de la OMS señala que resulta urgente aumentar el acceso a una atención sanitaria de la esterilidad asequible y de calidad para quienes la necesitan.

En Paraguay no se escapa de esta realidad, pues posee cifras similares a los países sudamericanos, situación a la que se suma la falta de información al respecto. La infertilidad no es aún considerada como una condición que debe ser atendida por la salud pública. De momento la opción que se cuenta es recurrir a centros de medicina y cirugía reproductiva, que se enfocan en el diagnóstico especializado de la infertilidad y su tratamiento.

Según resalta el médico Roger Molinas, los estudios realizados en el país comprueban que hay una marcada disminución de la calidad del esperma del varón por diferentes motivos, lo que repercute en el aumento en mayor porcentaje de infertilidad en la población de edad reproductiva. Además, de otras condiciones socio-económicas-culturales que impactan en el rango de edad de reproducción, como por ejemplo la decisión de la mujer de postergar la maternidad.

El Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, enfatizó la importancia de esta problemática al declarar: “El informe revela una verdad incontestable: la infertilidad no hace distinciones. La enorme proporción de afectados evidencia la necesidad de ampliar el acceso a los tratamientos y de incluir la infertilidad en las políticas y los estudios sobre salud, de modo que las personas que lo deseen dispongan de vías seguras, eficaces y asequibles para tener hijos”.

A través de la resolución N° 5090, el fiscal general del Estado dio apertura a la investigación de todos los hechos de corrupción que ocurrieron en el IPS durante la administración de Vicente Bataglia y que fueron evidenciados en un informe de la Contraloría General de la República.

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El informe de la Contraloría descubrió un presunto daño patrimonial en la previsional que asciende a casi USD 160 millones, así como también, millonarios montos sin justificación o respaldo documental.

Emiliano Rolón designó a los ficales especializados en delitos económicos, Jorge Arce, Luis Piñánez, Rodrigo Estigarribia, Diego Arzamendia y Néstor Coronel, quienes serán encargados de llevar a cabo la investigación.

Fue el propio presidente del IPS, Dr. Jorge Brítez quien solicitó al Ministerio Público iniciar la investigación teniendo en cuenta el informe de la CGR y las desprolijidades administrativas que detectaron tras asumir en el cargo.

Quien está en la mira, Vicente Bataglia, se puso a disposición de la Fiscalía a través de los abogados Arturo Daniel y Andrés Casati, quienes responderán con todas las documentaciones que la investigación en su contra lo requiera.

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El procedimiento estuvo encabezado por la agente fiscal Sussy Riquelme, de la Unidad Especializada de Hechos Punibles contra los Derechos Humanos, quien desarrolló varias diligencias, entre ellas, la toma fotográfica del hospital, solicitudes, tanto del informe médico, como la nómina del personal de salud que estuvo de guardia durante los días de la internación del denunciante, así como la ficha del paciente.

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La fiscal señaló que también serán tomadas las declaraciones en torno al caso.

Días atrás, a través de sus redes sociales, Alexis Gallagher, denunció haber sido víctima de presuntos hechos de tortura durante su internación en el Hospital Psiquiátrico. En ese sentido, el mismo fue convocado a prestar declaración ante la unidad de turno, a fin de brindar más datos.

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El Ministerio de Salud también tomó la determinación de intervenir el hospital con un equipo que tendrá un plazo de no más de 30 días para presentar el informe.

El llamado inició los primeros días de agosto, todavía bajo la administración de Vicente Bataglia. Recibió varias consultas, protestas e investigaciones de oficio realizadas por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y los potenciales oferentes.

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Brítez aclaró a los medios de prensa sobre el proceso que están llevando adelante para la contratación del servicio que, por cierto, costará G. 13.000 millones menos que lo estipulado. Expresó que analizaron a profundidad el pliego de bases y consideraron las observaciones realizadas por la DNCP

“Lógicamente hay condiciones, no podemos abrir a todo el mundo. Lo que cuestionó la DNCP son tres puntos y nosotros vamos a acatar lo que diga el órgano rector” expresó el titular de la previsional.

El Dr. Jorge Brítez negó que exista un direccionamiento en el pliego de bases y condiciones que, según él, tiene 5 años de vigencia.

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"Estamos molestando a mucha gente por el trabajo que estamos haciendo", dice el presidente del IPS, Jorge Brítez.

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— GEN (@SomosGEN) September 21, 2023

“Estamos molestando a mucha gente por el trabajo que estamos haciendo. Recibimos bombas por todos lados, pero no importa, vamos a seguir, vamos a actuar con transparencia que es el objetivo de esta administración”, agregó.

Autoridades del Instituto de Previsión Social detallaron el miércoles pasado, en conferencia de prensa, que incluyeron las recomendaciones de Contrataciones Públicas en el polémico llamado para contratar servicio de higienización en las dependencias de Central. Indicaron que de G. 81 mil millones que estaba proyectado, pagarán G. 68 mil millones.

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