El Defensor del Pueblo, Manuel Paéz Monges, señaló que la ley 3603 establece los mecanismos a seguir para conceder la certificación legal.

“Para ser certificado como víctima de la dictadura solo se requieren dos testigos que bajo juramento, dan su testimonio”, señaló Páez Monges a la 780 AM.

El mismo explicó que ese procedimiento está tipificado en la legislación que regula las normas a las que debe adecuarse una persona para obtener la certificación de perseguido político.

En cuanto a la verificación de certeza de las condiciones que se requieren, el Defensor del Pueblo (que tiene el mandato fenecido) sostuvo que son cinco los funcionarios que tienen en sus manos, comprobar si los “juramentos” están o no ajustados a la verdad.

Las denuncias de la senadora Blanca Fonseca contra el diputado Juan Félix Bogado Tatter y su hermano René Francisco Bogado Tatter,Fonsec por el cobro de indemnizaciones como hijos de víctimas de la dictadura, desató el escándalo.

Fonseca explicó que los hermanos, hijos del médico y político Juan “Pon” Bogado, percibieron en tiempo récord la suma de 54 millones de guaranies, en concepto de “perseguidos”.

Unos 200 estudiantes no pudieron iniciar sus estudios debido a la falta de compromiso por parte de la Gobernación de Central con las universidades privadas, por lo que, anunciaron una movilización.

Desde la Gobernación argumentaron que el desembolso de los pagos no pudo realizarse debido a una deuda millonaria que se acumula desde hace 2 años.

Según el concejal departamental, Jesús Guaspi, tras la amenaza de los alumnos, la Gobernación informó que estos universitarios, supuestamente, ya están habilitados para matricularse.

“Hoy no sé como tan rápido después de que se haga la denuncia a través de los medios, redes sociales, hoy pudieron saldar algo que a según ellos, es una deuda enorme”, expresó al canal GEN/Nación Media.

Guaspi adelantó que solicitará informes a la gobernación sobre los documentos que guardan relación con la administración de las becas y, a partir de allí, iniciar una investigación sobre lo que realmente ocurrió.

En un video divulgado a través de redes sociales, el presidente de la República destacó los últimos resultados en cuanto a la reducción de los índices de pobreza en nuestro país.

Según señaló el mandatario, en el actual gobierno se ha logrado sacar de la pobreza a cerca de 270.000 compatriotas, mientras que más de 91.000 personas han salido de la pobreza extrema.

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Dichos datos se reflejan en el último informe dado a conocer por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que constantemente realiza evaluaciones y encuestas a miles de familias para obtener números actualizados.

Según Peña, este logro se debe a las políticas firmes impulsadas bajo su administración y al compromiso de priorizar a las personas. “Detrás de cada número hay una historia, una familia, un sueño que vuelve a nacer”, expresó.

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“Son cifras que nos motivan, pero que sobre todo nos comprometen a seguir trabajando con más fuerza”, enfatizó el titular del Ejecutivo en el audiovisual.

A su vez, el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, complementó este anuncio divulgando estadísticas que revelan la disminución en las cifras de pobreza en los últimos años.

Agustín Encina, director nacional de Contrataciones Públicas, informó que concluyó la investigación sobre la licitación de pupitres de la Municipalidad de Ciudad del Este y se resolvió anular el proceso de contratación en lo relacionado a la etapa de construcción de precios.

“Se ha comprobado fehacientemente que los precios referenciales han sido mal construidos y las denuncias fueron desechadas por falta de rigor”, confirmó Encina, en una entrevista radial con la 730 AM.

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Explicó que tres empresas comparecieron para reconocer que presentaron sus presupuestos de manera errónea, debido a que la municipalidad les envió un correo con un archivo adjunto vacío, lo que provocó que interpretaran que se solicitaba cotizar los pupitres del modelo tradicional del MEC: madera terciada de cedro con acero, cuando en realidad, la Intendencia pretendía mobiliarios de melamina y polipropoleno con acero al carbono.

“Habiendo reconocido tres empresas proveedoras que han realizado de manera errónea sus precios referenciales, eso produce que el procedimiento no pueda continuar, motivo por el cual la DNCP dispuso la anulación de ese proceso de precios referenciales”, indicó.

Esta suspensión, sin embargo, no impide el retorno a la fase de construcción de precios para el reinicio del proceso de adquisición.

Fiorella Muebles de Alfredo Aniano González, Grupo L&J de Marcos Antonio Lopez, e Intelfly S.A son las empresas que confirmaron el envío de un presupuesto equivocado, ante la confusión generada por la comuna esteña.

Con esto, la narrativa articulada por Prieto, al decir que consiguió lpor 20 dólares los mismos pupitres de Itaipú obtuvo por 100 dólares, cae estrepitosamente.