Por Jorge Torres Romero | La Nación

En fecha 8 de agosto del 2011 la Admi­nistración Nacio­nal de Navegación y Puer­tos (ANNP), presidida en ese entonces por el abogado Vidal Francia Zaracho, durante el gobierno de Fernando Lugo, firmó un contrato de arren­damiento y operación comer­cial de las instalaciones gra­neleras y silos de la terminal portuaria de Concepción – Puerto Nuevo con la firma agroganadera Sanja Pytã SA, representada en dicho acto por su apoderado general Lic. Eduardo Raúl Vierci Bertón, sobrino del empresario Anto­nio J. Vierci.

El acuerdo tenía inicialmente un plazo de cinco años, prorroga­bles, y en los 30 primeros meses de vigencia la empresa debía abonar a la ANNP la suma de US$ 10.000 mensuales. Este monto, considerado irrisorio para el volumen de operacio­nes que se podrían realizar en un puerto de estas caracterís­ticas, fue establecido porque en una de las cláusulas del contrato la agroganadera Sanja Pytã SA se comprometía a realizar inver­siones y mejoras en la terminal.

En efecto, en la cláusula 12ª la arrendataria obligaba a reali­zar reparaciones de urgencia conforme al relevamiento de la gerencia de Obras Portua­rias de la ANNP. El contrato especificaba que las repa­raciones a ser efectuadas debían ser realizadas para dejar la terminal granelera en condiciones de operación segura, identificando los tra­bajos necesarios con una inversión total que ascendía a la suma de G. 1.149.663.694.

Asimismo, la empresa de Vierci se comprometía a la conservación y manteni­miento preventivo periódico de las instalaciones, maqui­narias, equipos y accesorios o partes de las mismas que forman parte del sistema operacional de la terminal granelera.

INCUMPLIMIENTO

Sin embargo, un informe de la Auditoría Interna de la ANNP, de fecha 21 de enero del 2014, detectó serias irregularida­des e incumplimientos con­tractuales por parte de la firma arrendataria, entre los que se encuentra el hecho de que sub­arrendaba el establecimiento a otra empresa denominada Concrecal, en violación a la cláusula 5ª del acuerdo.

Además, se constató el estado de abandono y dete­rioro de los tanques de com­bustible, también la falta de mantenimiento de la infraestructura e instalacio­nes, maquinarias, equipos y accesorios que se encon­traban en estado deplorable.

En otro punto de su informe, la auditoría insta a verificar la inversión de G. 1.149 millo­nes a la que se había compro­metido Vierci, atendiendo al estado general de las insta­laciones en el momento de la fiscalización.

Resulta evidente que la empresa agroganadera Sanja Pytã SA nunca realizó las inversiones ni las mejoras que se había comprometido e incluso habría lucrado con el local, puesto que lo subarren­daba a otra firma comercial.

Según la auditoría, la empresa de Vierci ni siquiera abonaba los ser­vicios básicos, ya que la ANNP emitía cheques mensualmente en con­cepto de suministro de energía eléctrica.

OTRO SOBRINO DE VIERCI FUE EL ABOGADO

El abogado Santiago Martínez Vierci, también sobrino del empresario de medios, fue el representante legal de la agro­ganadera Sanja Pytã, firma que no quiso aceptar con condi­ciones la rescisión del contrato con la ANNP y por ello ini­ciaron un juicio ante el Tribunal de Cuentas.

Si bien la rescisión del contrato se firmó en el 2014, un año después recién la Administración de Puertos pudo desalojar del lugar a la agroganadera de la familia Vierci a través de una demanda de desalojo.

El juicio promovido por el representante legal de la agro­ganadera de Vierci tampoco prosperó, ya que el tribunal declaró su incompetencia para atender el juicio y ordenó que el caso se recurra en la instancia civil y comercial.

Interés de grupo empresarial genera oposición a nuevo plan

El empresario Antonio J. Vierci mueve toda su fuerza comunicacional para trun­car el nuevo proyecto de lo que será el puerto grane­lero en Concepción, donde la agroganadera Sanja Pytã, vinculada a su familia, rea­lizó negocios particulares sin generarle ganancias al Estado, como establecía el acuerdo comercial.

La nueva “operación de prensa” de los medios de Vierci confronta con las ansias de progresar de regiones enteras del Norte; el problema de los bitrenes, al igual que en el caso de los transportis­tas, sería solo un pretexto que esconde los poderosos intereses del empre­sario de supermercados y medios.

Los medios del Grupo Vierci están en plena campaña para boicotear el arren­damiento de la terminal a la firma Baden SA, que por medio de una alianza estratégica de inversión acordada con la ANNP rea­condicionaría la terminal portuaria para recibir un millón de toneladas de soja de la zona de Mato Grosso do Sul del Brasil, generando un tre­mendo potencial económico a los departamentos de Concepción y Amambay.

“Brasil y Paraguay concluyeron un importante entendimiento sobre Itaipú, atendiendo a antiguas demandas brasileñas y paraguayas, al establecer las directrices para la revisión del Anexo C. Este es un avance importante hacia un acuerdo que satisfaga a ambas partes”, informó Itamaraty.

El Ministerio señala que de la reunión en Paraguay participaron la ministra interina de Relaciones Exteriores, María Laura da Rocha y el ministro de Minas y Energías, Alexandre Silveira.

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Al respecto de la reunión, el presidente de la República, Santiago Peña, destacó también el avance positivo de las negociaciones con el gobierno de Brasil sobre la tarifa de Itaipú.

“Con determinación damos pasos firmes hacia el desarrollo. Con representantes de Brasil avanzamos en las negociaciones referentes a Itaipú, que fortalecerán nuestras relaciones y el desarrollo de ambos países”, escribió el presidente Santiago Peña en sus redes sociales.

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Cabe mencionar que este martes, autoridades del Poder Ejecutivo anunciaron un avance sustantivo entre Paraguay y Brasil respecto a la tarifa por la energía eléctrica generada en la hidroeléctrica binacional Itaipú.

En conferencia de prensa, posterior a la reunión del presidente Santiago Peña con la delegación brasileña, ministros del Ejecutivo paraguayo confirmaron el arribo a acuerdos preliminares sobre la tarifa energética, el plan operativo de la Itaipú, así como las bases para la negociación del Anexo C de la binacional.

Con el lema “Más les hablás y escuchás, más les cuidás”, fue presentada este martes la edición 2024 de la campaña #TodosSomosResponsables, que busca sensibilizar y prevenir el abuso sexual y toda forma de violencia hacia niñas, niños y adolescentes.

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Durante el 2023 fueron atendidas 6.079 víctimas de hechos punibles contra niñas, niños y adolescentes. En el caso de abuso sexual, se registraron alrededor de 9 denuncias por día, de las cuales entre el 90 al 95% de los casos ocurren en el entorno infantil, según datos del MINNA.

A través de la campaña se apela a la toma de conciencia en la denuncia responsable, mediante los canales correspondientes: las líneas 147 Fono Ayuda del MINNA, 911 de la Policía Nacional y 133 de la Defensoría de la Niñez; la comisaría de la zona, la CODENI del municipio y la Fiscalía de la Niñez dependiente del Ministerio Público.

Se recuerda a la ciudadanía que una persona se convierte en cómplice cuando no denuncia un caso de abuso o violencia infantil que es de su conocimiento.

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El Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam) se reúne este mes y se espera el último reporte del Banco Central del Paraguay respecto a la inflación de mayo para dar inicio a los primeros estudios que determinarán cuál es el porcentaje que debe reajustarse en el haber mínimo de los trabajadores.

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“Cada mayo se trata esto y se espera el reporte de la variación, de mayo a mayo, para poder hacer el cálculo de cuánto fue la inflación en ese periodo. Nosotros consideramos que vamos a rondar el límite de ajuste a un 4%, de lo que es el salario mínimo. Más o menos el 4% se estaría reajustando”, sostuvo Mónica Recalde durante una entrevista en la radio 780 AM.

No obstante, sindicatos de trabajadores ya adelantaron que pedirán que el monto se eleve a G. 3.500.000 para este año, es decir, un aumento del 35%.

El decreto de ajuste debe estar listo en junio para que, a fin de ese mes, ya se pueda estar aplicando el nuevo piso de salario a aquellos que están percibiendo ese nivel.

Desde el 1 de julio del 2023, el salario mínimo mensual es de Gs. 2.680.373 para todos los trabajadores del país, y el jornal mínimo Gs. 103.091.

“Vamos a comenzar a trabajar con estos sectores para mirar un poco cómo ha sido el comportamiento del salario en estos últimos 12 meses y también analizar la inflación que anuncia el Banco Central”, agregó la ministra de Trabajo.

La secretaria de Estado explicó que dentro del sector asalariado privado, hay un 14% que gana el salario mínimo y un 46.8% que gana más del salario mínimo. La franja que va a ser afectada es justamente ese 14%, 1.657.000 trabajadores, y el 46.8% va a quedar con el mismo salario.

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