Desde 1985, en Paraguay alrededor de 4000 personas murieron de Sida, que es la fase de la enfermedad que se puede evitar llegando a tiempo a un diagnóstico y tratamiento sin embargo, la falta de apropiación del tema VIH y Derechos Humanos sigue siendo una tarea pendiente de mejoramiento dentro del sistema sanitario porque el estigma y la discriminación ante un estado serológico positivo, persiste.

En el país, 4 de cada 7 detectados sigue el tratamiento correspondiente con los antirretrovirales, y la mitad de la población tratada puede llegara niveles indetectables del virus tras recibir tratamiento oportuno.

Según el informe final del Índice de Estigma en Personas que viven con VIH de la Fundación Vencer, el 73% de la población experimentó situaciones de estigma y discriminación en los últimos 12 meses, el 53% de mujeres con VIH pasó por situaciones de violencia en el mismo periodo.

En cuanto al Estigma Interno, el 85% pasó por sentimientos negativos en el último año debido a su condición de VIH y en cuanto al acceso a la vivienda, al trabajo, a la educación y a los servicios de salud: 4 de cada 10 personas con VIH reportaron discriminación en estos ámbitos.

Existen personas que pese a conocer su estado serológico optan por no acudir a los servicios por sentimientos de vergüenza de que se conozca su estado; otros abandonaron su trabajo y sus estudios porque consideran que ya no sirven para nada.

Entre las principales violaciones a los Derechos Humanos hacia las personas que viven con VIH, se encuentran: la falta de confidencialidad en los servicios de salud, discriminación y estigma en centros educativos, servicios de salud y lugares de trabajo, utilización de términos discriminativos, solicitud obligatoria del Test de Elisa para acceder a un puesto laboral, despido de lugares de trabajo por el estado serológico de las personas, dar de baja a policías y militares por vivir con VIH y la omisión de auxilio y atención en algunos servicios de salud.

En cuanto a los avances se cuenta con la Ley Nº 3940/09 que establece los derechos, obligaciones y medidas preventivas con relación a los efectos producidos por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (Sida).

También se cuenta con la resolución Nº 730/09 del Viceministerio de Justicia que prohíbe la exigencia del test de Elisa como admisión a un lugar de trabajo.

De 1.443 personas diagnosticadas con el VIH el año pasado, el 71% son varones y el 29% mujeres además de 392 casos de Sida, según datos de Pronasida. El 44% de las infecciones de VIH durante el 2017 se dieron en jóvenes de entre 15 y 24 años.

“Hay deudas históricas en las que el Estado aún no ha tenido avances significativos, vulnerando el goce pleno de los Derechos Humanos, ya que nos seguimos enfrentando a altísimos índices de estigma y discriminación que violentan nuestra posibilidad de vivir con calidad de vida, incluidos e integrados socialmente, y bajo criterios de justicia social”, afirmó Juan Cabral, de la Fundación Vencer en el acto de conmemoración del Día Mundial de la Lucha contra el Sida.

Se destacó los avances significativos en la Respuesta Nacional al VIH bajo la rectoría del PRONASIDA con un presupuesto destinado al MSP, con el aporte de la cooperación internacional y el trabajo de la sociedad civil organizada. Sin embargo, el mejoramiento de la calidad de vida de las personas que viven con VIH aún requiere de mayor inversión en salud y en derechos humanos.

“Exigimos al Poder Ejecutivo y al Congreso Nacional, el diseño y aprobación de un presupuesto acorde a la necesidad de la población en el contexto de VIH: prevención, educación, atención, tratamiento, descentralización de servicios con enfoque de Derechos Humanos respetando la idiosincrasia, multiculturalidad e intergeneracionalidad, fortaleciendo la atención en los servicios de salud con calidad y calidez, eliminando las barreras de acceso socio-económicas y la discriminación”, agregó.

La exigencia además apunta a que desde el Estado se garanticen políticas públicas que aborden una educación integral de la sexualidad con enfoque de derechos como establece al Ley 3940/09.

Este viernes el cielo estará parcialmente nublado, soplarán vientos moderados del norte y la máxima será de 34ºC.

Para mañana sábado se prevé una jornada calurosa, vientos moderados del norte y cielo parcialmente cubierto. Las extremas oscilarán entre 24ºC y 36ºC.

Para el domingo se anuncia un ambiente caluroso, cielo parcialmente nublado a nublado, vientos del norte, luego variables. La mínima será de 25ºC y la máxima de 34ºC.

El lunes y el martes, las temperaturas alcanzarán los 35ºC. No se observan probabilidades de precipitaciones.

La reglamentación de esta ley implica que el científico paraguayo va a tener mejores herramientas para poder realizar su tarea, y la carrera misma del investigador toma otra preponderancia, según explicó el presidente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Benjamín Barán, quien además destacó que la carrera del investigador está plenamente vigente.

El decreto firmado por el presidente Santiago Peña busca sentar las bases para la implementación de una política pública que impulse la labor científica, con observancia de principios y valores éticos, esperando que su labor redunde en beneficio de la calidad de vida de toda la población.

Por su parte, el asesor presidencial en materia científica, Antonio Cubilla, destacó que esta reglamentación marca un hito en la historia de la ciencia paraguaya y resaltó el gran apoyo del presidente Santiago Peña quien brindó todas las garantías para que se lleve adelante este proyecto.

Asimismo, se crea una estructura orgánica dentro del sistema que tendrá como rol la implementación de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la actividad científica y, en particular, los mecanismos y lineamientos para el acceso, permanencia, ascenso, descenso o salida de los investigadores del sistema.

El fiscal Edgar Benítez Delgado, de la Unidad Especializada en la Lucha contra la Propiedad Intelectual, el Contrabando, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, allanó el local de “Cable Visión Kaarendy” de la ciudad de Juan León Mallorquín y decomisó equipos codificadores que transmitían señales ilegalmente.

La intervención se produjo tras una denuncia presentada por representantes de empresa Teledeportes Paraguay y en cumplimiento de una disposición judicial firmada por el juez de atención permanente, Amílcar Antonio Marecos.

Los responsables del hecho serán investigados por los presuntos delitos de violación del derecho de autor y aprovechamiento clandestino de señal.

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