El analista político Aníbal Saucedo indicó en entrevista con el canal Gen y radio Universo que este 27 de diciembre se recuerda un año más de las atípicas internas de 1992, para definir al candidato a la presidencia de la República por la ANR entre Juan Carlos Wasmosy y Luis María Argaña, cuando el oficialismo fraguó actas para robar las elecciones.

“Después de tanto hoy la gente mira ya con indiferencia ese momento de mucha tensión. Es como que perdemos la perspectiva de los hechos del pasado para evaluarlo en el presente con el rigor con que ocurrieron en ese momento, pero definitivamente fue una nota negra con un final trágico dentro del proceso de transición a la democracia”, refirió.

El entrevistado recordó que Argaña fue la víctima recurrente de nuestra historia política, pero resaltó que luego de ese bochornoso caso, se perfeccionaron los sistemas de controles y en la actualidad es muy difícil volver a hacer un fraude electoral.

“Aquellas elecciones del 27 de diciembre tenía varios factores. Era una lucha de hegemonía con intereses diferentes. Por un lado, el general (Andrés) Rodríguez, herido porque el movimiento tradicionalista autónomo, que es la base de Reconciliación Colorada, había bloqueado en la constituyente cualquier posibilidad de su continuidad en el poder. Los militares, liderados por (Lino) Oviedo, que querían seguir tutelando la democracia, los contratistas privilegiados del Estado atemorizados por el discurso de Argaña y un sector de la Asociación Nacional Republicana que se había vuelto incondicional del general (Rodríguez) que había liderado el golpe de Estado el 2 y 3 de febrero del 89. Por el otro lado estaba Luis María Argaña, líder del movimiento ya entonces de Reconciliación Colorada, que probablemente iba a desmantelar esa fuerza armada heredada del stronismo. El temor no era infundado. También se había declarado enemigo de los contratistas y era un profundo conocedor de la ideología del partido”, explicó.

“Había revivido el concepto de justicia social, que empezó a atemorizar a muchos conservadores. No inventó el concepto pero una cosa es manejar el concepto de la justicia social con una persona que tenía posibilidades reales de llegar al poder y de ponerla en práctica. Yo también creo que Argaña veía en esas elecciones el camino a su propia redención, después de haber sido presidente de la Corte Suprema de Justicia del stronismo”, agregó

Fue en ese contexto en que se realizaron las elecciones del 27 de diciembre de 1992, con un sistema de control electoral muy precario y rudimentario, y con la novedad de las bocas de urna que mayoritariamente daban ganador a la dupla Luis María Argaña – Juan Bautista Ybáñez, con un porcentaje de casi 5 % por encima de Wasmosy-Seifart.

Llamativamente, el conteo del Tribunal Electoral Independiente, hoy Tribunal Electoral Partidario, de manera parcial iba dando el triunfo a Argaña hasta que se ordenó la suspensión del conteo. “El presidente del Tribunal Electoral abandona el cargo, empiezan las recusaciones a los miembros, renuncian, el Tribunal queda acéfalo. Previamente, el movimiento oficialista llama a una conferencia de prensa y anuncia que, según datos extraoficiales que ellos tenían, estaban ganando. Posteriormente, solicita la suspensión del recuento, solicita la anulación de las elecciones por fraude. Te imaginas, el oficialismo denunciando fraude. Manejaban la Junta de Gobierno, el Poder Ejecutivo, estaban involucrados los militares con un alto poder de influencia, de decisión, y denuncia al movimiento opositor sin ninguna capacidad de fraude. El oficialismo solicita la suspensión del conteo, la anulación de las elecciones y unas nuevas elecciones. Y finalmente el Tribunal queda acéfalo y ahí se generan las adulteraciones de las actas. Algunos dicen que las actas fueron adulteradas dentro de la propia Junta de Gobierno, que los falsificadores entraban por una “puertita” del diario Patria, que daba al patio de honor de la Junta de Gobierno. Otros dicen que por ese mismo conducto, las actas fueron llevadas a la Caballería donde fueron adulteradas. El general Oviedo, en una de sus memorias, dice que las actas estaban en una bóveda del Banco Central”, contó.

Finalmente, se llama a una convención partidaria y el 2 de marzo del 93 se integra un nuevo Tribunal Electoral presidido por Carlos Raúl Noguera y dos días después ya declara vencedor a la fórmula Wasmosy-Seifart. “El movimiento oficialista que denuncia fraude en esas elecciones, acepta el resultado de esas elecciones que ellos habían denunciado como fraudulentas, pero tanta era la impunidad y la alevosía con que actuaban, no cuidaron siquiera la apariencia”, sostuvo Saucedo.

Una de estas legislaciones, la de reforma del servicio civil, tiene ese estatus de urgencia, considerando la sangría diaria que implica el sostenimiento de la actual estructura legal.

El sistema de ingreso a cargos públicos, las compras de bienes y servicios estatales, la superposición de entidades que duplican gastos, los contratos que otorgan beneficios exagerados a funcionarios son algunos de los puntos que requieren urgente tratamiento para aplicar reformas.

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“Esta propuesta de reforma dará seguridad a quienes concursan, para que no entren los operadores políticos, sino las personas capaces. Varios planilleros entraron en el gobierno anterior, yo lo denuncié”, refirió “Bachi” Núñez, al ser abordado sobre el tema.

En efecto, los episodios de numerosos casos de personas que ingresan a cargos públicos, gracias a las brechas que se abren desde la perspectiva legal, podrán abortarse con la legislación de reforma del servicio civil.

El mandatario había abogado por la necesidad de establecer reglas claras en el sector público con relación al ingreso, permanencia y salida de los funcionarios estatales.

Férreamente, la legisladora Kattya González dispara a los cuatro vientos su indignación por la contratación de varios hijos de congresistas en el Poder Legislativo. Fiel a su estilo, inclusive hizo un show ante la prensa, colocándose una pañoleta colorada, haciendo alusión al Partido Colorado, y haciendo burla a la supuesta obligatoriedad de afiliarse para conseguir el primer trabajo.

Lo que la parlamentaria evita recordar es que ella también fue asesora del Senado durante 2 años y, aunque en ese tiempo aún su papá no era senador, ya gozaba de mucha influencia en el ámbito legislativo.

Fue así que sin concurso, el 12 de abril de 2004, el entonces presidente del Senado, Carlos Mateo Balmelli, contrató por tres meses a la abogada Kattya González, en carácter de asesora adscripta a la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario de G. 2 millones mensuales.

En tanto que, el 19 de enero de 2005, el presidente del Senado, Miguel Carrizosa, también la contrató por seis meses para que siga siendo asesora de la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario mensual de G. 2.500.000.

En esa oportunidad, la entonces abogada -hija del político Marcial González Safstrand- no requirió afiliarse al Partido Colorado para conseguir el puesto en la función pública, le habría valido solo los contactos de su padre.

Otro antecedente de González es su contrato como asesora legal en Aduanas, de acuerdo a antecedentes publicados en la prensa.

De manera incoherente, lo que hizo en el pasado, ahora cuestiona.

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El senador resaltó que, “a través de la carrera civil se estaría posibilitando que el ciudadano paraguayo acceda a través de concursos a la función pública, donde se va a tener en cuenta la idoneidad, la meritocracia, para que entre primero contratado y posteriormente pueda hacer una carrera dentro del ámbito de la función pública”, fundamentó.

Asimismo, no descartó la posibilidad de conversar con sus colegas para que el mencionado proyecto sea tratado en una sesión extraordinaria, considerando que el Poder Legislativo se encuentra en receso parlamentario.

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“Hablaré con los colegas para ver si podemos avanzar y, porqué no, en este receso tratar esta ley de carrera Civil, que es tan importante y nos va a ayudar para que Paraguay no tenga un gobierno ‘elefantiasis’”, expresó el legislador.

Igualmente, Núñez sostuvo que se deben mejorar los mecanismos de concursos y de esa manera eliminar los casos de “nepotismo” en la función pública.