A raíz del negro manejo de Samaniego, el pasado vier­nes los concejales aprobaron la solicitud de intervención de la Municipalidad de Quy­quyhó. El pedido de inves­tigación incluye también la administración de la novia del diputado, Patricia Cor­valán, actual intendenta, a quien además de planillera la acusan de ocultar infor­mes sobre la utilización de los recursos municipales desde que asumió en el mes de abril de este año hasta ahora.

Entre algunas de las irre­gularidades que se detec­taron mediante una auditoría externa se resalta que durante la administración de Samaniego existen desem­bolsos por tinglados, que en realidad nunca se constru­yeron, además de varios che­ques de la cuenta de royalties emitidos a favor de la mamá de la pareja y hasta de un docente identificado con su equipo político.

Los ediles también le cues­tionan a Samaniego la falta de presentación de la ejecu­ción presupuestaria del ejer­cicio 2017.

Tanto Samaniego como su pareja, Patricia Corvalán, son aliados políticos en el departamento de Paraguarí del presidente de la Cámara Baja, Miguel Cuevas, otro con lluvia de denuncias encima, pero protegido por el poder de turno.

DEBE RENUNCIAR A LA COMISIÓN

Ante las denuncias de los concejales de Quyquyhó, el diputado colorado Fer­nando Ortellado manifestó que por ética y hasta que se investigue a profundidad su caso, Samaniego debe renunciar a la comisión para estudio de interven­ción de municipios. Agregó que un legislador denun­ciado por corrupción no puede formar parte de una comisión que justamente analiza intervenciones de municipalidades con irre­gularidades.

“Por ética, él debe apartarse, como mínimo hasta que ter­mine el estudio minucioso de su caso, debe dejarle a otros colegas que no están en su situación para que estudien el caso”, expresó Ortellado.

Por su parte, el legislador por Patria Querida Sebastián García manifestó que esto “se tiene que transparentar; el que nada debe, nada teme. Sería importante también que la Contraloría esté pre­sente y que muestre sus dig­namente correspondientes”, sostuvo.

SOSPECHOSO DE CORRUPCIÓN QUE TAMBIÉN INVESTIGA

La Comisión Bicameral de Investigación sobre lavado de dinero y delitos conexos, delitos atribuidos al Sr. Darío Messer y sus asociados, está presi­dida por el senador Rodolfo Friedmann Alfaro, quien ostenta una negra hoja de vida como gobernador de Guairá.

El encargado de investigar sobre presunto caso de corrupción no puede justificar cómo durante su administración se llegó a registrar una carga de 23.820 litros de gasoil de una sola vez y sin registro de este suminis­tro en la tarjeta magnética de Petropar.

A esto se le tiene que sumar el faltante de G. 2.295 millones en la entrega del almuerzo escolar. Asimismo, pagos triplicados por mismos repuestos a su hermanastro “mecánico de oro” Ricardo Gotze y la transfe­rencia de G. 3.699 millones a una comisión de nombre Fomento y Desarrollo Urbano para la realización de varias obras en el departamento. No obstante, el presidente de la asociación, Carlos Verdecchia, no sabe cómo se usó el dinero, según declaró al equipo auditor.

LA CREACIÓN DE EMPRESA

Otro de los hechos llamativos que involucran al ahora “investigador de corrupción” son los un millón de dólares que pusieron en efectivo de una sola vez junto con su madre, Guadalupe Alfaro, para constituir la firma Nápoles SA. La escritura de esta sociedad es de fecha 27/09/2013, un mes des­pués de que él asumiera el cargo de gobernador de Guairá. La suscripción fue realizada por la escri­bana Maura Andrea Aguilar Caire.

Antes de lanzarse como empresaria, la madre del legislador vendía empanadas y agua caliente en la Azu­carera Friedmann. Sin embargo, de la noche a la mañana la mujer pegó un salto gigantesco y con su hijo realizaron la millonaria inversión. El propio padre del ex gobernador se quedó sorprendido ante semejante inversión, ya que “él era un asalariado más en la azucarera de la familia”, según dijo.

Friedmann no dio una sola explicación de su millonaria inversión en la SA ni de la tragada de plata en la Gobernación de Guairá durante su administración, consignada en auditoría de Contraloría. Mientras tanto, aprovechando sus influencias con el poder de turno, cumple con el papel de investigador anticorrupción.

Una de estas legislaciones, la de reforma del servicio civil, tiene ese estatus de urgencia, considerando la sangría diaria que implica el sostenimiento de la actual estructura legal.

El sistema de ingreso a cargos públicos, las compras de bienes y servicios estatales, la superposición de entidades que duplican gastos, los contratos que otorgan beneficios exagerados a funcionarios son algunos de los puntos que requieren urgente tratamiento para aplicar reformas.

Lea también: Kattya fue funcionaria sin concurso, y ahora "el muerto se asusta del degollado"

“Esta propuesta de reforma dará seguridad a quienes concursan, para que no entren los operadores políticos, sino las personas capaces. Varios planilleros entraron en el gobierno anterior, yo lo denuncié”, refirió “Bachi” Núñez, al ser abordado sobre el tema.

En efecto, los episodios de numerosos casos de personas que ingresan a cargos públicos, gracias a las brechas que se abren desde la perspectiva legal, podrán abortarse con la legislación de reforma del servicio civil.

El mandatario había abogado por la necesidad de establecer reglas claras en el sector público con relación al ingreso, permanencia y salida de los funcionarios estatales.

Férreamente, la legisladora Kattya González dispara a los cuatro vientos su indignación por la contratación de varios hijos de congresistas en el Poder Legislativo. Fiel a su estilo, inclusive hizo un show ante la prensa, colocándose una pañoleta colorada, haciendo alusión al Partido Colorado, y haciendo burla a la supuesta obligatoriedad de afiliarse para conseguir el primer trabajo.

Lo que la parlamentaria evita recordar es que ella también fue asesora del Senado durante 2 años y, aunque en ese tiempo aún su papá no era senador, ya gozaba de mucha influencia en el ámbito legislativo.

Fue así que sin concurso, el 12 de abril de 2004, el entonces presidente del Senado, Carlos Mateo Balmelli, contrató por tres meses a la abogada Kattya González, en carácter de asesora adscripta a la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario de G. 2 millones mensuales.

En tanto que, el 19 de enero de 2005, el presidente del Senado, Miguel Carrizosa, también la contrató por seis meses para que siga siendo asesora de la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario mensual de G. 2.500.000.

En esa oportunidad, la entonces abogada -hija del político Marcial González Safstrand- no requirió afiliarse al Partido Colorado para conseguir el puesto en la función pública, le habría valido solo los contactos de su padre.

Otro antecedente de González es su contrato como asesora legal en Aduanas, de acuerdo a antecedentes publicados en la prensa.

De manera incoherente, lo que hizo en el pasado, ahora cuestiona.

Leé más: Kattya González fue asesora del Congreso en el pasado

El senador resaltó que, “a través de la carrera civil se estaría posibilitando que el ciudadano paraguayo acceda a través de concursos a la función pública, donde se va a tener en cuenta la idoneidad, la meritocracia, para que entre primero contratado y posteriormente pueda hacer una carrera dentro del ámbito de la función pública”, fundamentó.

Asimismo, no descartó la posibilidad de conversar con sus colegas para que el mencionado proyecto sea tratado en una sesión extraordinaria, considerando que el Poder Legislativo se encuentra en receso parlamentario.

Puede interesar: “Apoyo a emprendedores es fundamental para la generación de empleos”

“Hablaré con los colegas para ver si podemos avanzar y, porqué no, en este receso tratar esta ley de carrera Civil, que es tan importante y nos va a ayudar para que Paraguay no tenga un gobierno ‘elefantiasis’”, expresó el legislador.

Igualmente, Núñez sostuvo que se deben mejorar los mecanismos de concursos y de esa manera eliminar los casos de “nepotismo” en la función pública.