Contradictoriamente, en más de cien días de administra­ción se observaron numero­sos hechos de corrupción y los principales protagonistas son los nuevos ministros y adhe­rentes del movimiento Colo­rado Añetete. A pesar de con­tar con pruebas contundentes, nadie fue destituido y el Pre­sidente no se pronuncia res­pecto a ninguno de los casos.

“Nos hemos propuesto tam­bién el objetivo de fortale­cer nuestras instituciones y dar un combate frontal a la corrupción, a la impunidad, persuadidos de que es funda­mental deshacerse de este las­tre para que Paraguay pueda elevarse hacia un más pro­misorio porvenir”, dijo Abdo durante su discurso.

Entre los casos más represen­tativos se encuentra la denun­cia contra la presidenta de Petropar, Patricia Samudio, quien es muy amiga de la pri­mera dama, Silvana López Moreira. La titular de la petro­lera estatal realizó depósitos bancarios violando lo estable­cido por la ley para beneficiar a una empresa “amiga”.

A este se le suman las irre­gularidades en la gestión del actual presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Cuevas, cuando fue gober­nador de Paraguarí entre el 2013 y el 2017. Los hechos de corrupción publicados por La Nación también derivaron en la apertura de una investi­gación por parte de la Fisca­lía de Delitos Económicos y Anticorrupción por supuesto enriquecimiento ilícito.

No podemos dejar de men­cionar al senador de Añetete Rodolfo Friedmann, quien no solo cuenta con una denun­cia, sino con varias, por una serie de irregularidades que habría cometido en Guairá mientras fue gobernador. Una de ellas se puede comprobar a través de una auditoría hecha por la Contraloría General de la República (CGR). La misma menciona que solo en el 2016 se detectó un total de 203.149 raciones de almuerzo escolar sin registro de entrega por G. 2.295.583.700. Hasta la fecha Friedmann no fue imputado.

Otros que están en la misma situación son el diputado Éver Aricio Noguera, quien man­tiene fuertes vínculos con Friedmann y sería su com­pañero de “negocios”; Carlos Amarilla, ex asesor político de Abdo, fue imputado por un supuesto desvío de dinero mientras estuvo en la Gober­nación de Central. También integra la nómina de supues­tos corruptos el diputado de Colorado Añetete Esteban Samaniego, denunciado por lesión de confianza y daño patrimonial. Todos ellos siguen gozando de la impu­nidad del nuevo gobierno.

ALIADOS DE ABDO, FUERTEMENTE CUESTIONADOS

MIGUEL CUEVAS – Ex gobernador de Paraguarí

Facturas falsas que sirvie­ron para engañar a dece­nas de familias campesi­nas con obras que nunca se terminaron, una ges­tión de la merienda esco­lar convertida en negocio familiar y serias denuncias por supuesta malversación de fondos son algunos de los oscuros antecedentes del actual presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Cuevas, que datan de su época de gobernador de Paraguarí. Cuevas fue denunciado ante la Fiscalía por enriquecimiento ilícito. La denuncia fue planteada por el concejal de Ybycuí, Ezequiel Cáceres.

RODOLFO FRIEDMANN – Exgobernador de Guairá

El senador Rodolfo Fried­mann también integra la “lista negra” de los discípu­los de Mario Abdo que gozan de total impunidad. No solo cuenta con una denuncia, sino con varias por una serie de irregularidades durante su gestión como goberna­dor. Una de ellas se puede comprobar a través de una auditoría hecha por la Con­traloría General de la Repú­blica (CGR), la misma men­ciona que solo en el 2016 se detectó un total de 203.149 raciones de almuerzo esco­lar sin registro de entrega por G. 2.295.583.700. Hasta la fecha, Friedmann no fue imputado.

PATRICIA SAMUDIO – Presidenta de Petropar

La Asociación de Operado­res de Petropar presentó una denuncia contra la presidenta de Petropar, Patricia Samudio, ante el Ministerio Público por supuesto tráfico de influen­cias, transferencia irregular de fondos públicos a bancos privados, enriquecimiento ilí­cito, revelación de secretos de servicio, entre otros delitos. A tan solo días de asumir el cargo, Samudio habría ordenado irre­gularmente la transferencia de los fondos de la empresa estatal mediante una simple nota, con fecha 4 de setiembre del 2018, de US$ 43 millones del BNF a bancos privados, contraria­mente a lo que establece la ley vigente y el decreto presidencial.

ÉVER NOGUERA – Diputado por Guairá

Éver Noguera, conocido en Guairá por acaparar las lici­taciones en todo el departa­mento, supuestamente bajo la protección del ex gobernador Rodolfo Friedmann Alfaro. El político es conocido como el “rey de las licitaciones” en el cuarto departamento. Según informaciones proveídas a La Nación, la empresa Eventos y Servicios Sociedad Anónima (ESSA) es originaria de Ciudad del Este, que empezó a incur­sionar en el Guairá con algunas adjudicaciones en licitaciones pequeñas entre el 2011 y 2012. Esta empresa aparece como ganadora de una licitación de G. 15.452.976.000 en la Gober­nación del Guairá.

CARLOS AMARILLA – Exgobernador de Central

El ex gobernador del depar­tamento Central Carlos Amarilla fue imputado en mayo del 2017 por la fis­cala de Delitos Económicos y Anticorrupción Victoria Acuña por un supuesto des­vío de dinero, que supera los G. 9.000 millones. La representante del Ministe­rio Público había allanado la gobernación en marzo de ese mismo año, luego de haber recibido la denun­cia de un supuesto millona­rio faltante. Tras el procedi­miento, efectivamente pudo constatar el faltante, el cual no pudo ser justificado, era correspondiente a los años 2012 y 2013.

ESTEBAN SAMANIEGO – Diputado por Paraguarí

El actual diputado Esteban Samaniego fue acusado por la Junta Municipal por no respal­dar más de G. 10.000 millo­nes entre el 2013 y 2018 como intendente de Quyquyhó. Con esta denuncia encima, el mismo forma parte de la comisión de Diputados que evalúa interven­ciones de municipalidades por indicios de corrupción. A raíz de toda la denuncia de mala administración de Samaniego, el pasado viernes los concejales aprobaron la solicitud de inter­vención de la municipalidad de la mencionada localidad. El pedido de investigación incluye también a la administración de la novia del diputado, Patricia Corvalán, actual intendenta.

Una de estas legislaciones, la de reforma del servicio civil, tiene ese estatus de urgencia, considerando la sangría diaria que implica el sostenimiento de la actual estructura legal.

El sistema de ingreso a cargos públicos, las compras de bienes y servicios estatales, la superposición de entidades que duplican gastos, los contratos que otorgan beneficios exagerados a funcionarios son algunos de los puntos que requieren urgente tratamiento para aplicar reformas.

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“Esta propuesta de reforma dará seguridad a quienes concursan, para que no entren los operadores políticos, sino las personas capaces. Varios planilleros entraron en el gobierno anterior, yo lo denuncié”, refirió “Bachi” Núñez, al ser abordado sobre el tema.

En efecto, los episodios de numerosos casos de personas que ingresan a cargos públicos, gracias a las brechas que se abren desde la perspectiva legal, podrán abortarse con la legislación de reforma del servicio civil.

El mandatario había abogado por la necesidad de establecer reglas claras en el sector público con relación al ingreso, permanencia y salida de los funcionarios estatales.

Férreamente, la legisladora Kattya González dispara a los cuatro vientos su indignación por la contratación de varios hijos de congresistas en el Poder Legislativo. Fiel a su estilo, inclusive hizo un show ante la prensa, colocándose una pañoleta colorada, haciendo alusión al Partido Colorado, y haciendo burla a la supuesta obligatoriedad de afiliarse para conseguir el primer trabajo.

Lo que la parlamentaria evita recordar es que ella también fue asesora del Senado durante 2 años y, aunque en ese tiempo aún su papá no era senador, ya gozaba de mucha influencia en el ámbito legislativo.

Fue así que sin concurso, el 12 de abril de 2004, el entonces presidente del Senado, Carlos Mateo Balmelli, contrató por tres meses a la abogada Kattya González, en carácter de asesora adscripta a la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario de G. 2 millones mensuales.

En tanto que, el 19 de enero de 2005, el presidente del Senado, Miguel Carrizosa, también la contrató por seis meses para que siga siendo asesora de la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario mensual de G. 2.500.000.

En esa oportunidad, la entonces abogada -hija del político Marcial González Safstrand- no requirió afiliarse al Partido Colorado para conseguir el puesto en la función pública, le habría valido solo los contactos de su padre.

Otro antecedente de González es su contrato como asesora legal en Aduanas, de acuerdo a antecedentes publicados en la prensa.

De manera incoherente, lo que hizo en el pasado, ahora cuestiona.

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El senador resaltó que, “a través de la carrera civil se estaría posibilitando que el ciudadano paraguayo acceda a través de concursos a la función pública, donde se va a tener en cuenta la idoneidad, la meritocracia, para que entre primero contratado y posteriormente pueda hacer una carrera dentro del ámbito de la función pública”, fundamentó.

Asimismo, no descartó la posibilidad de conversar con sus colegas para que el mencionado proyecto sea tratado en una sesión extraordinaria, considerando que el Poder Legislativo se encuentra en receso parlamentario.

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“Hablaré con los colegas para ver si podemos avanzar y, porqué no, en este receso tratar esta ley de carrera Civil, que es tan importante y nos va a ayudar para que Paraguay no tenga un gobierno ‘elefantiasis’”, expresó el legislador.

Igualmente, Núñez sostuvo que se deben mejorar los mecanismos de concursos y de esa manera eliminar los casos de “nepotismo” en la función pública.