El juzgado determinó el levantamiento de todas las medidas cautelares dictadas contra los mismos.

La denuncia había sido presentada en octubre del 2018 y tiene relación con la ejecución del contrato de prestación de servicios de disposición final de residuos sólidos, urbanos y servicios complementarios con la empresa recolectora de residuos EMPO Ltda.

Según la acusación Ferreiro, entonces intendente, con aval de Rodríguez, quien era el presidente de la Junta Municipal y los 11 concejales, aprobaron el pago de G. 1700 millones a la citada firma para la concesión del servicio. Sin embargo, Enrique Ortuoste y Arivaldo Domínguez de Queiroz, representantes de la empresa, habían presentado previamente documentos de cumplimiento tributarios falsos; papeles que fueron obviados supuestamente de forma adrede por las autoridades imputadas.

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El juez de Garantías Raúl Florentín otorgó el sobreseimiento provisional a Rodríguez como a Ferreiro. La fiscal de la causa, Stella Mary Cano había planteado para ambos el sobreseimiento definitivo, lo que fue rechazado por el magistrado.

La Fiscalía Adjunta, a cargo de Federico Delfino, se ratificó en el pedido, por lo que el juez dio trámite a la paralización temporal del proceso debido a la insuficiencia de pruebas para abrir el juicio oral.

Además del Roddiguez y Ferreiro  están incluidos en la causa los concejales municipales del periodo pasado (algunos fueron reelectos), Javier Pintos, Fabiana Benegas de Sánchez, Mariano Cáceres, Karen Forcado, René Colonga, Augusto Wagner, Félix Ayala, Humberto Blasco, Ireneo Román y Elena Stael Alfonsi.

En su considerando explica la solicitud presentada por el fiscal Federico Delfino, quien requirió que los funcionarios citados sean beneficiados con el sobreseimiento provisional y dejando sin efecto todas las cautelares.

Una de estas legislaciones, la de reforma del servicio civil, tiene ese estatus de urgencia, considerando la sangría diaria que implica el sostenimiento de la actual estructura legal.

El sistema de ingreso a cargos públicos, las compras de bienes y servicios estatales, la superposición de entidades que duplican gastos, los contratos que otorgan beneficios exagerados a funcionarios son algunos de los puntos que requieren urgente tratamiento para aplicar reformas.

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“Esta propuesta de reforma dará seguridad a quienes concursan, para que no entren los operadores políticos, sino las personas capaces. Varios planilleros entraron en el gobierno anterior, yo lo denuncié”, refirió “Bachi” Núñez, al ser abordado sobre el tema.

En efecto, los episodios de numerosos casos de personas que ingresan a cargos públicos, gracias a las brechas que se abren desde la perspectiva legal, podrán abortarse con la legislación de reforma del servicio civil.

El mandatario había abogado por la necesidad de establecer reglas claras en el sector público con relación al ingreso, permanencia y salida de los funcionarios estatales.

Férreamente, la legisladora Kattya González dispara a los cuatro vientos su indignación por la contratación de varios hijos de congresistas en el Poder Legislativo. Fiel a su estilo, inclusive hizo un show ante la prensa, colocándose una pañoleta colorada, haciendo alusión al Partido Colorado, y haciendo burla a la supuesta obligatoriedad de afiliarse para conseguir el primer trabajo.

Lo que la parlamentaria evita recordar es que ella también fue asesora del Senado durante 2 años y, aunque en ese tiempo aún su papá no era senador, ya gozaba de mucha influencia en el ámbito legislativo.

Fue así que sin concurso, el 12 de abril de 2004, el entonces presidente del Senado, Carlos Mateo Balmelli, contrató por tres meses a la abogada Kattya González, en carácter de asesora adscripta a la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario de G. 2 millones mensuales.

En tanto que, el 19 de enero de 2005, el presidente del Senado, Miguel Carrizosa, también la contrató por seis meses para que siga siendo asesora de la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario mensual de G. 2.500.000.

En esa oportunidad, la entonces abogada -hija del político Marcial González Safstrand- no requirió afiliarse al Partido Colorado para conseguir el puesto en la función pública, le habría valido solo los contactos de su padre.

Otro antecedente de González es su contrato como asesora legal en Aduanas, de acuerdo a antecedentes publicados en la prensa.

De manera incoherente, lo que hizo en el pasado, ahora cuestiona.

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El senador resaltó que, “a través de la carrera civil se estaría posibilitando que el ciudadano paraguayo acceda a través de concursos a la función pública, donde se va a tener en cuenta la idoneidad, la meritocracia, para que entre primero contratado y posteriormente pueda hacer una carrera dentro del ámbito de la función pública”, fundamentó.

Asimismo, no descartó la posibilidad de conversar con sus colegas para que el mencionado proyecto sea tratado en una sesión extraordinaria, considerando que el Poder Legislativo se encuentra en receso parlamentario.

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“Hablaré con los colegas para ver si podemos avanzar y, porqué no, en este receso tratar esta ley de carrera Civil, que es tan importante y nos va a ayudar para que Paraguay no tenga un gobierno ‘elefantiasis’”, expresó el legislador.

Igualmente, Núñez sostuvo que se deben mejorar los mecanismos de concursos y de esa manera eliminar los casos de “nepotismo” en la función pública.