El fallo del ministro rela­tor del Tribunal Supe­rior de Justicia del Bra­sil, Rogerio Schietti Cruz, que dejó el viernes 29 sin efecto la orden de prisión preventiva en contra de Horacio Cartes, es coincidente con la postura previa de destacados juristas del país como Euclides Ace­vedo, actual ministro del Inte­rior, y del abogado José Igna­cio González Macchi, sostuvo ayer el ex canciller Rubén Mel­garejo Lanzoni.

“El otro presupuesto para hacer posible el hábeas corpus es que no se visualiza el hecho de que pueda impedir la inves­tigación. No existiendo esos indicios de la autoría y ampa­rado en esa disposición que cita el código procesal penal del Brasil, eso da el sustento suficiente para revocar esta medida de prisión, que es una medida extrema. Este parecer coincide con la posición previa de dos juristas, quienes antes de conocerse este fallo adelan­taron su posición. Me refiero al doctor Euclides Acevedo y al doctor José Ignacio González Macchi. Entonces, nosotros también damos una continui­dad a un análisis criterioso y firme con respecto a la inter­pretación. Es una opinión jurídica al respecto”, subrayó el doctor en Derecho Público a La Nación.

“En el fallo del Tribunal (Supe­rior de Justicia del Brasil), que revoca la posición (pedido de prisión preventiva) sobre la base de los argumentos de la defensa planteada en forma escrita, se observa claramente que no existen los presupues­tos básicos que ameriten una medida extrema como la pri­sión”, explicó.

“Dando seguimiento a la opinión vertida por el ministro del Interior, Euclides Acevedo, quien sostuvo que no aguantaba un mínimo análisis jurídico (el pedido de prisión preventiva), así como la del profesor doc­tor José González Macchi, quien había hecho referen­cias a que no ameritaba una restricción, la realidad hoy es que al acceder a una copia de la resolución del Tribunal Superior de Justicia del Bra­sil, en la opinión del ministro Rogerio Schietti Cruz, esta­blece la revocación de esta medida que había tomado el juez con respecto a la priva­ción extrema de la libertad a través de una orden de pri­sión”, explicó. ­­Asimismo, añadió que “en la resolución se menciona que la ayuda monetaria para costear los gastos jurídicos no consti­tuye un indicio racional de que una persona forma parte de una organización criminal, o sea, es un indicador de la opi­nión del magistrado en el con­siderando”.

El ex canciller nacional y ase­sor en Asuntos Internaciona­les del Ministerio del Interior manifestó además que “la naturaleza excepcional jurí­dica debe tener un mérito suficiente o, como acá le lla­mamos, se debe subsumir la causa a una expectativa de pena. Es claro al manifes­tar en su resolución que las indicaciones fácticas y jurídi­cas que justifiquen la prisión deben basarse en un principio de expectativa de la pena, que no es superior a cuatro años, por lo tanto no configura un crimen, sino un delito”.

“Desde el punto de vista del soporte en el argumento jurí­dico del porqué debe ser revo­cada la resolución de la orden de prisión preventiva, de la simple lectura de ese edicto, expresado en esa resolución, no se identifica un crimen en esta investigación conforme a la legislación brasileña”, dijo.

“NO TIENE CONSISTENCIA JURÍDICA”, ANTICIPÓ ACEVEDO

“Por lo que sabemos la mayoría de las personas que seguimos con aten­ción el proceso, evidente­mente no tiene ninguna consistencia jurídica, salvo que haya algo que nosotros no sepamos y esté muy oculto”, afirmó con anti­cipación el ministro Ace­vedo.

Añadió que “así como está, la verdad de las cosas, repito, que no aguanta el más mínimo análisis jurí­dico. Ahora, que haya alguna alimentación polí­tica en el Brasil o fuera del Brasil, eso es otra cosa, pero eso es entrar en el campo de la especulación; pero de momento no tiene ninguna consistencia jurí­dica”, remarcó.

Señaló además que “las consecuencias políticas de esto es una especie de tembladeral sin mayor sustento, y se cae en el fondo de la especulación que induce a una suerte de crispación social y la crispación política, que termina afectando la tranquilidad política y social de la República; y nosotros no nos podemos dar el lujo de ninguna inestabilidad sin sus­tento”, sentenció.

“NO BASTA CON REFERENCIAS MEDIÁTICAS O PEDIDO DE INTERPOL”

“Conociéndole al minis­tro Sergio Moro (Justicia, del Brasil), él debe estar colocando su impronta en todo lo que sea el Ministe­rio Público, Policía Federal e Investigación, que se carac­teriza por atacar primero y probar después. Es una impronta efectista causar una impresión prima facie y recién después ver si se puede probar o no. Eso es peligroso si lo trasladamos acá (en Paraguay)”.

El doctor agregó que “no basta con referencias mediáticas o pedido de Interpol para que se apli­que la restricción de la libertad en Paraguay por­que puede ser que el hecho en el otro lado sea delito, pero no en Paraguay. Por eso se debe investigar aquí”, aclaró.

“Una vez que se reúnen todos los requisitos para la difusión, se procede a la comunicación para la cap­tura en 194 países. La legis­lación paraguaya estipula que para la detención de una persona se necesita la orden escrita de la autori­dad competente (juez de Paraguay)”, explicó.

Una de estas legislaciones, la de reforma del servicio civil, tiene ese estatus de urgencia, considerando la sangría diaria que implica el sostenimiento de la actual estructura legal.

El sistema de ingreso a cargos públicos, las compras de bienes y servicios estatales, la superposición de entidades que duplican gastos, los contratos que otorgan beneficios exagerados a funcionarios son algunos de los puntos que requieren urgente tratamiento para aplicar reformas.

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“Esta propuesta de reforma dará seguridad a quienes concursan, para que no entren los operadores políticos, sino las personas capaces. Varios planilleros entraron en el gobierno anterior, yo lo denuncié”, refirió “Bachi” Núñez, al ser abordado sobre el tema.

En efecto, los episodios de numerosos casos de personas que ingresan a cargos públicos, gracias a las brechas que se abren desde la perspectiva legal, podrán abortarse con la legislación de reforma del servicio civil.

El mandatario había abogado por la necesidad de establecer reglas claras en el sector público con relación al ingreso, permanencia y salida de los funcionarios estatales.

Férreamente, la legisladora Kattya González dispara a los cuatro vientos su indignación por la contratación de varios hijos de congresistas en el Poder Legislativo. Fiel a su estilo, inclusive hizo un show ante la prensa, colocándose una pañoleta colorada, haciendo alusión al Partido Colorado, y haciendo burla a la supuesta obligatoriedad de afiliarse para conseguir el primer trabajo.

Lo que la parlamentaria evita recordar es que ella también fue asesora del Senado durante 2 años y, aunque en ese tiempo aún su papá no era senador, ya gozaba de mucha influencia en el ámbito legislativo.

Fue así que sin concurso, el 12 de abril de 2004, el entonces presidente del Senado, Carlos Mateo Balmelli, contrató por tres meses a la abogada Kattya González, en carácter de asesora adscripta a la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario de G. 2 millones mensuales.

En tanto que, el 19 de enero de 2005, el presidente del Senado, Miguel Carrizosa, también la contrató por seis meses para que siga siendo asesora de la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario mensual de G. 2.500.000.

En esa oportunidad, la entonces abogada -hija del político Marcial González Safstrand- no requirió afiliarse al Partido Colorado para conseguir el puesto en la función pública, le habría valido solo los contactos de su padre.

Otro antecedente de González es su contrato como asesora legal en Aduanas, de acuerdo a antecedentes publicados en la prensa.

De manera incoherente, lo que hizo en el pasado, ahora cuestiona.

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El senador resaltó que, “a través de la carrera civil se estaría posibilitando que el ciudadano paraguayo acceda a través de concursos a la función pública, donde se va a tener en cuenta la idoneidad, la meritocracia, para que entre primero contratado y posteriormente pueda hacer una carrera dentro del ámbito de la función pública”, fundamentó.

Asimismo, no descartó la posibilidad de conversar con sus colegas para que el mencionado proyecto sea tratado en una sesión extraordinaria, considerando que el Poder Legislativo se encuentra en receso parlamentario.

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“Hablaré con los colegas para ver si podemos avanzar y, porqué no, en este receso tratar esta ley de carrera Civil, que es tan importante y nos va a ayudar para que Paraguay no tenga un gobierno ‘elefantiasis’”, expresó el legislador.

Igualmente, Núñez sostuvo que se deben mejorar los mecanismos de concursos y de esa manera eliminar los casos de “nepotismo” en la función pública.