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Por Rossana Escobar M.

rossana.escobar@gruponacion.com.py

Mientras el presidente del Partido Libe­ral Radical Autén­tico (PLRA), Pedro Efraín Alegre, intenta defenderse atribuyendo las denuncias de corrupción en su contra a una persecución política y de “la mafia”, aparecen más hechos que generan curiosi­dad sobre los réditos que le generó la política, ya que de asadero pasó a ser millonario.

Alegre era el asadero del respetado líder del PLRA, Domingo Laíno. Así también, sus correligionarios cuentan que además cocinaba asado a su amigo Luis Alberto Wag­ner, quien fue el que le dio su primer puesto en la fun­ción pública al contratarlo como secretario general de la Gobernación de Central. Su antecedente es otro ejemplo de que la política es uno de los mejores caminos para “cre­cer” hasta el punto de llevar una vida ociosa en medio de privilegios.

El político se mantuvo his­tóricamente en la sombra, mientras su esposa Myrian Graciela Irún iba creando y apuntalando negocios, prin­cipalmente en el rubro inmo­biliario. Coincidentemente, las sociedades se fortalecie­ron luego de que el esposo se ubicara en altos cargos del gobierno. Sin embargo, Alegre no fue muy discriminado en los negocios familiares y también obtuvo lo suyo.

Un hecho que revela que el líder del PLRA era parte beneficiaria es el juicio de disolución conyugal que rea­lizó el matrimonio en el 2017, año en que justamente los medios de comunicación se hacían eco de las grandes for­tunas amasadas por los polí­ticos que en algunos tenían como protagonistas a sus res­pectivos cónyuges.

DISOLUCIÓN CONYUGAL

Una publicación de mayo del 2017 emplazaba y citaba a los “interesados en recla­mar derechos contra la sociedad conyugal formada por los esposos Myrian Graciela Irún de Alegre y Pedro Efraín Alegre”, en el marco del juicio de liquida­ción de los bienes. Es decir, ambos eran socios, por lo que corresponde una explicación sobre los bienes acumulados por parte del ex alto funcio­nario y ordenador de gastos de los recursos públicos reci­bidos por su partido.

El juicio de disolución con­yugal es una herramienta muy utilizada por funciona­rios públicos conocidos como “magos de las finanzas”. A modo de resguardar bienes no justificados o salir ilesos de investigaciones fiscales, varios asalariados estatales han optado por este meca­nismo, muy particularmente en Aduanas.

Dos inmobiliarias fortaleció la esposa de Alegre después de que su marido se ubicara en puestos privilegiados den­tro del Estado.

Irún Inmobiliaria SRL, mismo nombre de la inmobiliaria que creara el suegro del político surgió en el 2004. En la firma aparecen como accionistas Myrian Irún de Alegre junto con José Luis Irún Brusque­tti, luego de una cesión de cuo­tas que les habían hecho otros socios en noviembre del 2009.

El capital inicial de la inmo­biliaria era de G. 10 millones, monto que se disparó al cie­rre del ejercicio 2013 a G. 1.500 millones.

Un empleado de la familia, agrimensor de nombre Aure­lio Salas Delgado, fue colocado como accionista en la inmobi­liaria, luego del salto que pegó la empresa.

En el 2013, se suscribía Inmo­biliaria Terranova SRL, con un capital de G. 90 millones distri­buido entre los hermanos Fla­vio Arturo Irún Aquino, Car­los José Irún Aquino y Myrian Graciela Irún Aquino.

La inmobiliaria de la esposa hoy día es más publicitada como Matria.

El capital en efectivo en Terra­nova Inmobiliaria fue ínfimo (G. 30 millones) y G. 60 millo­nes en inmuebles, cuatro en total, todos ubicados en Lam­baré. Sin embargo, hay una importante colección de fincas según figura en el expediente de la sociedad.

Precisamente, en el legajo de los registros oficiales de Terra­nova Inmobiliaria figura un acta de junio del 2017, en la cual consta que la pareja Ale­gre-Irún presentó un acuerdo privado y solicitó homologa­ción del juicio de disolución conyugal referido anterior­mente.

Una veintena de matricu­las de propiedades distribui­das en todo el departamento Central quedaron como exclu­siva propiedad de Myrian Gra­ciela Irún, así también un par de vehículos.

Mientras que en propiedad de Alegre quedó la suma de G. 500 millones en efectivo y que según las escrituras reci­bió al momento de suscribir el acta.
Saltaron grandes inversiones en la familia de Alegre después de que el mismo dejara el Ministerio de Obras. Algunas nunca fue­ron aclaradas, como la compra de US$ 1,6 millones de una estan­cia en la zona que une Luque-San Bernardino que registró en el 2012/2013 Sebastián Brizuela Alegre, sobrino del político.

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Desde el 2012

En este mismo año, una de las inmobiliarias experimentó un aumento de capital importante.

Aparece la casa de descanso en San Bernardino ofertada en esos tiempos en unos US$ 85 mil y que según vecinos como mínimo pudo haberse concretado en US$ 75 mil.

Así también, la mayoría de las propiedades atribuidas a la mujer fueron inscriptas desde el 2013.

Una de estas legislaciones, la de reforma del servicio civil, tiene ese estatus de urgencia, considerando la sangría diaria que implica el sostenimiento de la actual estructura legal.

El sistema de ingreso a cargos públicos, las compras de bienes y servicios estatales, la superposición de entidades que duplican gastos, los contratos que otorgan beneficios exagerados a funcionarios son algunos de los puntos que requieren urgente tratamiento para aplicar reformas.

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“Esta propuesta de reforma dará seguridad a quienes concursan, para que no entren los operadores políticos, sino las personas capaces. Varios planilleros entraron en el gobierno anterior, yo lo denuncié”, refirió “Bachi” Núñez, al ser abordado sobre el tema.

En efecto, los episodios de numerosos casos de personas que ingresan a cargos públicos, gracias a las brechas que se abren desde la perspectiva legal, podrán abortarse con la legislación de reforma del servicio civil.

El mandatario había abogado por la necesidad de establecer reglas claras en el sector público con relación al ingreso, permanencia y salida de los funcionarios estatales.

Férreamente, la legisladora Kattya González dispara a los cuatro vientos su indignación por la contratación de varios hijos de congresistas en el Poder Legislativo. Fiel a su estilo, inclusive hizo un show ante la prensa, colocándose una pañoleta colorada, haciendo alusión al Partido Colorado, y haciendo burla a la supuesta obligatoriedad de afiliarse para conseguir el primer trabajo.

Lo que la parlamentaria evita recordar es que ella también fue asesora del Senado durante 2 años y, aunque en ese tiempo aún su papá no era senador, ya gozaba de mucha influencia en el ámbito legislativo.

Fue así que sin concurso, el 12 de abril de 2004, el entonces presidente del Senado, Carlos Mateo Balmelli, contrató por tres meses a la abogada Kattya González, en carácter de asesora adscripta a la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario de G. 2 millones mensuales.

En tanto que, el 19 de enero de 2005, el presidente del Senado, Miguel Carrizosa, también la contrató por seis meses para que siga siendo asesora de la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario mensual de G. 2.500.000.

En esa oportunidad, la entonces abogada -hija del político Marcial González Safstrand- no requirió afiliarse al Partido Colorado para conseguir el puesto en la función pública, le habría valido solo los contactos de su padre.

Otro antecedente de González es su contrato como asesora legal en Aduanas, de acuerdo a antecedentes publicados en la prensa.

De manera incoherente, lo que hizo en el pasado, ahora cuestiona.

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El senador resaltó que, “a través de la carrera civil se estaría posibilitando que el ciudadano paraguayo acceda a través de concursos a la función pública, donde se va a tener en cuenta la idoneidad, la meritocracia, para que entre primero contratado y posteriormente pueda hacer una carrera dentro del ámbito de la función pública”, fundamentó.

Asimismo, no descartó la posibilidad de conversar con sus colegas para que el mencionado proyecto sea tratado en una sesión extraordinaria, considerando que el Poder Legislativo se encuentra en receso parlamentario.

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“Hablaré con los colegas para ver si podemos avanzar y, porqué no, en este receso tratar esta ley de carrera Civil, que es tan importante y nos va a ayudar para que Paraguay no tenga un gobierno ‘elefantiasis’”, expresó el legislador.

Igualmente, Núñez sostuvo que se deben mejorar los mecanismos de concursos y de esa manera eliminar los casos de “nepotismo” en la función pública.