En charla con radio Monumental, el político aseguró que fue el presidente Mario Abdo quien le pidió su renuncia y que sigue esperando que le confirme si realmente irá como consejero de la Itaipú Binacional.

“No hemos hablado aun de una misión específica. Si se confirma lo de Itaipú, que es lo primero que se maneja, estamos a la espera de la conversación final para asumir como realidad esa alternativa”, dijo.

Días atrás se confirmó el alejamiento de Amarilla del primer anillo del mandatario. Según se supo, el motivo habría sido sus nexos con el narcotráfico, específicamente con Leoncio Marecos y Zulma Rios de Marecos.

Al respecto, Carlos Amarilla justificó que su profesión fue de contador, auditor y asesor tributario, y que lo hizo durante 25 años. “Uno de mis trabajos fue realizar un pericia contable financiera para un juicio en donde estaban siendo procesadas personas vinculadas al narcotráfico. Solo fue un trabajo profesional, uno de mis tantos laburos”, respondió.

“Es una patraña grosera del Grupo Cartes, que pretende dañar la reputación de uno. No merece ser respondida. Es una campaña miserable de gente a que le sigue doliendo la tremenda patada en el trasero al proyecto autoritario”, alegó.

EL TRASFONDO DEL DESPIDO

El “despido” que se produjo a apenas un mes de su nombramiento como asesor político de la presidencia, tuvo como primer trasfondo el “lastre” que representaría para el Ejecutivo, la permanencia de Amarilla, con el antecedente de su presunta malversación de fondos estatales, del tiempo en que se desempeñó como gobernador del Departamento Central.

Ahora salta al tapete el hecho de que Carlos Amarilla no solo tenía ese antecedente en su haber, sino algo peor. Otro episodio de aristas escandalosas, incluso más explosiva: en el año 2016, el exsenador liberal ofició de “testigo” de la pareja de narcotraficantes conformados por Leoncio Marecos y Zulma Rios de Marecos.

Estos fueron condenados a 10 y 20 años de prisión respectivamente en 2007, por tráfico de drogas y lavado de dinero. En el proceso no pudieron justificar la enorme fortuna que tenían.

Sin embargo Amarilla, en su carácter de contador, fraguó un informe ( a solicitud de la defensa de los narcos) en el que decía que los ingresos del matrimonio tenían respaldo legal. La justicia en cambio dijo todo lo contrario: que los citados marido y mujer se dedicaban a traficar estupefacientes y no esgrimieron argumentos ni documentos para justificar la fortuna que poseían.

Leoncio Marecos y su pareja formaban parte del grupo narco liderado por Iván Méndez Mezquita (extraditado a EE.UU), considerado a inicios del año 2000 en la zona de Triple Frontera como el “rey de la cocaína”.

En el Palacio de Gobierno no se dio una explicación de fondo de por qué Amarilla fue radiado tan rápido del primer anillo de Abdo Benitez. Sin embargo en voz baja, asesores de Abdo admiten la razón: el “archivo” del exsenador liberal (especialmente la adhesión que le hacen con el caso Mendez Mezquita) es incompatible con un cargo en el que se requiere alta exposición mediática y un techo “que no sea de vidrio”.

Una de estas legislaciones, la de reforma del servicio civil, tiene ese estatus de urgencia, considerando la sangría diaria que implica el sostenimiento de la actual estructura legal.

El sistema de ingreso a cargos públicos, las compras de bienes y servicios estatales, la superposición de entidades que duplican gastos, los contratos que otorgan beneficios exagerados a funcionarios son algunos de los puntos que requieren urgente tratamiento para aplicar reformas.

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“Esta propuesta de reforma dará seguridad a quienes concursan, para que no entren los operadores políticos, sino las personas capaces. Varios planilleros entraron en el gobierno anterior, yo lo denuncié”, refirió “Bachi” Núñez, al ser abordado sobre el tema.

En efecto, los episodios de numerosos casos de personas que ingresan a cargos públicos, gracias a las brechas que se abren desde la perspectiva legal, podrán abortarse con la legislación de reforma del servicio civil.

El mandatario había abogado por la necesidad de establecer reglas claras en el sector público con relación al ingreso, permanencia y salida de los funcionarios estatales.

Férreamente, la legisladora Kattya González dispara a los cuatro vientos su indignación por la contratación de varios hijos de congresistas en el Poder Legislativo. Fiel a su estilo, inclusive hizo un show ante la prensa, colocándose una pañoleta colorada, haciendo alusión al Partido Colorado, y haciendo burla a la supuesta obligatoriedad de afiliarse para conseguir el primer trabajo.

Lo que la parlamentaria evita recordar es que ella también fue asesora del Senado durante 2 años y, aunque en ese tiempo aún su papá no era senador, ya gozaba de mucha influencia en el ámbito legislativo.

Fue así que sin concurso, el 12 de abril de 2004, el entonces presidente del Senado, Carlos Mateo Balmelli, contrató por tres meses a la abogada Kattya González, en carácter de asesora adscripta a la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario de G. 2 millones mensuales.

En tanto que, el 19 de enero de 2005, el presidente del Senado, Miguel Carrizosa, también la contrató por seis meses para que siga siendo asesora de la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario mensual de G. 2.500.000.

En esa oportunidad, la entonces abogada -hija del político Marcial González Safstrand- no requirió afiliarse al Partido Colorado para conseguir el puesto en la función pública, le habría valido solo los contactos de su padre.

Otro antecedente de González es su contrato como asesora legal en Aduanas, de acuerdo a antecedentes publicados en la prensa.

De manera incoherente, lo que hizo en el pasado, ahora cuestiona.

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El senador resaltó que, “a través de la carrera civil se estaría posibilitando que el ciudadano paraguayo acceda a través de concursos a la función pública, donde se va a tener en cuenta la idoneidad, la meritocracia, para que entre primero contratado y posteriormente pueda hacer una carrera dentro del ámbito de la función pública”, fundamentó.

Asimismo, no descartó la posibilidad de conversar con sus colegas para que el mencionado proyecto sea tratado en una sesión extraordinaria, considerando que el Poder Legislativo se encuentra en receso parlamentario.

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“Hablaré con los colegas para ver si podemos avanzar y, porqué no, en este receso tratar esta ley de carrera Civil, que es tan importante y nos va a ayudar para que Paraguay no tenga un gobierno ‘elefantiasis’”, expresó el legislador.

Igualmente, Núñez sostuvo que se deben mejorar los mecanismos de concursos y de esa manera eliminar los casos de “nepotismo” en la función pública.