Eduardo González, apoderado de la ANR, indicó en diálogo con HOY/Nación Media que el inconveniente fue manifestado por Maximiliano Ayala, presidente de la seccional colorada N°15 de la capital.

“Nos llegó a nuestro comando que se dieron varias discusiones sobre la ubicación de las máquinas de votación“, mencionó, detallando que esos incidentes se presentaron en el departamento de Paraguarí, Guairá y Asunción.

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Al respecto, el apoderado explicó que, coincidentemente, es una discusión que se debe presentar eventualmente recién mañana, antes del inicio de los comicios. “La discusión fue la ubicación de las máquinas de votación, ya que querían ubicarlas dentro de las aulas, y de las mesas. Las Juntas Cívicas  de la Concertación Nacional amenazaron con suspender las elecciones en esas regiones, lo que llama mucho la atención, porque no tienen facultades ni atribuciones, además, porque lo que ocurrió no es motivo para suspender”, apuntó.

En ese contexto, afirmó que podría ser una posición que se tome, lo que llama poderosamente la atención, ya que como son mayoría, quieren manejar de manera arbitraria la situación. Explicó que las decisiones son tomadas por la Justicia Electoral y los jueces electorales y que las Juntas Cívicas solo deben limitarse a brindar informaciones y no tomar postura.

“Es un reclamo y un llamado de atención a la Justicia Electoral, porque puede ser un motivo de incidencia mañana y que cada uno se limite a cumplir el rol que le corresponde”, puntualizó.

Este sábado, la Junta Cívica de la Concertación Nacional de la Recoleta (Asunción) impugnó una resolución judicial que aprueba la homologación de los delegados electorales de la Asociación Nacional Republicana (ANR), para 34 locales de votación de la zona.

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Una de estas legislaciones, la de reforma del servicio civil, tiene ese estatus de urgencia, considerando la sangría diaria que implica el sostenimiento de la actual estructura legal.

El sistema de ingreso a cargos públicos, las compras de bienes y servicios estatales, la superposición de entidades que duplican gastos, los contratos que otorgan beneficios exagerados a funcionarios son algunos de los puntos que requieren urgente tratamiento para aplicar reformas.

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“Esta propuesta de reforma dará seguridad a quienes concursan, para que no entren los operadores políticos, sino las personas capaces. Varios planilleros entraron en el gobierno anterior, yo lo denuncié”, refirió “Bachi” Núñez, al ser abordado sobre el tema.

En efecto, los episodios de numerosos casos de personas que ingresan a cargos públicos, gracias a las brechas que se abren desde la perspectiva legal, podrán abortarse con la legislación de reforma del servicio civil.

El mandatario había abogado por la necesidad de establecer reglas claras en el sector público con relación al ingreso, permanencia y salida de los funcionarios estatales.

Férreamente, la legisladora Kattya González dispara a los cuatro vientos su indignación por la contratación de varios hijos de congresistas en el Poder Legislativo. Fiel a su estilo, inclusive hizo un show ante la prensa, colocándose una pañoleta colorada, haciendo alusión al Partido Colorado, y haciendo burla a la supuesta obligatoriedad de afiliarse para conseguir el primer trabajo.

Lo que la parlamentaria evita recordar es que ella también fue asesora del Senado durante 2 años y, aunque en ese tiempo aún su papá no era senador, ya gozaba de mucha influencia en el ámbito legislativo.

Fue así que sin concurso, el 12 de abril de 2004, el entonces presidente del Senado, Carlos Mateo Balmelli, contrató por tres meses a la abogada Kattya González, en carácter de asesora adscripta a la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario de G. 2 millones mensuales.

En tanto que, el 19 de enero de 2005, el presidente del Senado, Miguel Carrizosa, también la contrató por seis meses para que siga siendo asesora de la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario mensual de G. 2.500.000.

En esa oportunidad, la entonces abogada -hija del político Marcial González Safstrand- no requirió afiliarse al Partido Colorado para conseguir el puesto en la función pública, le habría valido solo los contactos de su padre.

Otro antecedente de González es su contrato como asesora legal en Aduanas, de acuerdo a antecedentes publicados en la prensa.

De manera incoherente, lo que hizo en el pasado, ahora cuestiona.

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El senador resaltó que, “a través de la carrera civil se estaría posibilitando que el ciudadano paraguayo acceda a través de concursos a la función pública, donde se va a tener en cuenta la idoneidad, la meritocracia, para que entre primero contratado y posteriormente pueda hacer una carrera dentro del ámbito de la función pública”, fundamentó.

Asimismo, no descartó la posibilidad de conversar con sus colegas para que el mencionado proyecto sea tratado en una sesión extraordinaria, considerando que el Poder Legislativo se encuentra en receso parlamentario.

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“Hablaré con los colegas para ver si podemos avanzar y, porqué no, en este receso tratar esta ley de carrera Civil, que es tan importante y nos va a ayudar para que Paraguay no tenga un gobierno ‘elefantiasis’”, expresó el legislador.

Igualmente, Núñez sostuvo que se deben mejorar los mecanismos de concursos y de esa manera eliminar los casos de “nepotismo” en la función pública.