“Lo que pasó ayer en Senado es muy grave, se nos quitó una banca que nos corresponde. Vamos a llegar hasta el final, vamos a pelear para conseguir la banca que por una mayoría circunstancial nos robaron. El Partido Colorado tiene que recurrir a la justicia. Yo creo que se puede revocar. No se puede por una mayoría sacar una banca al partido que le corresponde”, dijo el legislador colorado.

El congresista comentó en charla con la prensa que será la Junta de Gobierno de la ANR la que deberá impulsar, junto con los apoderados, la acción ante la justicia. “Instamos al partido que reclame la banca”, acotó.

Por otra parte, el parlamentario comentó que no comparte la declaración de Calé Galaverna, quien dijo que existe un plan para que Mario Abdo no logre terminar su mandato. “No creo en los fantasmas, las cuestiones políticas son así, estamos en el dime y diretes. Creo que el presidente debe seguir trabajando como lo viene haciendo”, manifestó.

También dijo desconocer si el presunto narco Reinaldo “Cucho” Cabaña financió la campaña del diputado abdista Ulises Quintana, al alegar que los actos proselitistas fueron muy austeros. “Es una cuestión personal del diputado. Puede ser de Añetete y trabaje con nosotros, pero lo que haga en lo penal es personal, no tiene nada que ver con el movimiento”, resaltó.

Sostuvo que la Fiscalía imputó por hechos muy graves y cuestionó cuáles serán los elementos que posee el Ministerio Público. “Los hechos atribuidos causan agravios porque se tratan de crímenes y lógicamente no se va a poder defender en libertad y categóricamente será privado de su libertad tras su audiencia”, añadió.

Al parecer de Bacchetta, Quintana tiene que presentarse y aclarar los hechos punibles.

Una de estas legislaciones, la de reforma del servicio civil, tiene ese estatus de urgencia, considerando la sangría diaria que implica el sostenimiento de la actual estructura legal.

El sistema de ingreso a cargos públicos, las compras de bienes y servicios estatales, la superposición de entidades que duplican gastos, los contratos que otorgan beneficios exagerados a funcionarios son algunos de los puntos que requieren urgente tratamiento para aplicar reformas.

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“Esta propuesta de reforma dará seguridad a quienes concursan, para que no entren los operadores políticos, sino las personas capaces. Varios planilleros entraron en el gobierno anterior, yo lo denuncié”, refirió “Bachi” Núñez, al ser abordado sobre el tema.

En efecto, los episodios de numerosos casos de personas que ingresan a cargos públicos, gracias a las brechas que se abren desde la perspectiva legal, podrán abortarse con la legislación de reforma del servicio civil.

El mandatario había abogado por la necesidad de establecer reglas claras en el sector público con relación al ingreso, permanencia y salida de los funcionarios estatales.

Férreamente, la legisladora Kattya González dispara a los cuatro vientos su indignación por la contratación de varios hijos de congresistas en el Poder Legislativo. Fiel a su estilo, inclusive hizo un show ante la prensa, colocándose una pañoleta colorada, haciendo alusión al Partido Colorado, y haciendo burla a la supuesta obligatoriedad de afiliarse para conseguir el primer trabajo.

Lo que la parlamentaria evita recordar es que ella también fue asesora del Senado durante 2 años y, aunque en ese tiempo aún su papá no era senador, ya gozaba de mucha influencia en el ámbito legislativo.

Fue así que sin concurso, el 12 de abril de 2004, el entonces presidente del Senado, Carlos Mateo Balmelli, contrató por tres meses a la abogada Kattya González, en carácter de asesora adscripta a la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario de G. 2 millones mensuales.

En tanto que, el 19 de enero de 2005, el presidente del Senado, Miguel Carrizosa, también la contrató por seis meses para que siga siendo asesora de la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario mensual de G. 2.500.000.

En esa oportunidad, la entonces abogada -hija del político Marcial González Safstrand- no requirió afiliarse al Partido Colorado para conseguir el puesto en la función pública, le habría valido solo los contactos de su padre.

Otro antecedente de González es su contrato como asesora legal en Aduanas, de acuerdo a antecedentes publicados en la prensa.

De manera incoherente, lo que hizo en el pasado, ahora cuestiona.

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El senador resaltó que, “a través de la carrera civil se estaría posibilitando que el ciudadano paraguayo acceda a través de concursos a la función pública, donde se va a tener en cuenta la idoneidad, la meritocracia, para que entre primero contratado y posteriormente pueda hacer una carrera dentro del ámbito de la función pública”, fundamentó.

Asimismo, no descartó la posibilidad de conversar con sus colegas para que el mencionado proyecto sea tratado en una sesión extraordinaria, considerando que el Poder Legislativo se encuentra en receso parlamentario.

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“Hablaré con los colegas para ver si podemos avanzar y, porqué no, en este receso tratar esta ley de carrera Civil, que es tan importante y nos va a ayudar para que Paraguay no tenga un gobierno ‘elefantiasis’”, expresó el legislador.

Igualmente, Núñez sostuvo que se deben mejorar los mecanismos de concursos y de esa manera eliminar los casos de “nepotismo” en la función pública.