• POR ROSSANA ESCOBAR M.
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Unos 10 funcionarios, víctimas de disminución de salario que acudieron a la Justicia, salieron victoriosos y ahora esperan cobrar indemnización de unos G. 200 millones cada uno. Es decir, la arbitrariedad de Friedmann de bajar el sueldo a estos empleados costará unos G. 2.000 millones.

Así también, otra veintena de funcionarios, entre contratados y nombrados, fueron despedidos injustificadamente por Friedmann al asumir como gobernador de Guairá. No todos demandaron ante la Justicia, pero dos personas que accionaron judicialmente estiman indemnizaciones de entre G. 300 millones y G. 500 millones.

Johana Gavilán, funcionaria despedida por Friedmann, dijo que tiene la sentencia de reposición de la Corte Suprema de Justicia desde el 10 de marzo del 2014, pero que el ex gobernador se pegó el lujo de desacatar en todos estos años gracias a sus influencias políticas. “Nunca se dio por enterado, no se daba por notificado, prohibía que los funcionarios de mesa de entrada reciban las notificaciones. No hubo un juez que le haga cumplir la ley”, comentó la afectada.

Gavilán señaló que el actual gobernador Vera la citó para mañana lunes en la institución y para ir tramitando su reincorporación luego de 5 años de estar fuera.

Consultada sobre el monto de la indemnización que estima cobrar, refirió que solo en salarios caídos asciende a G. 324 millones. Si se suman los aguinaldos, intereses, preaviso y demás beneficios, el monto puede dispararse a G. 500 millones.

Por su parte, Silvia Antar, funcionaria a quien Friedmann primero le bajó el sueldo de G. 4,1 millones a G. 3,5 millones y dos años después la despidió, manifestó que ya tiene todas las instancias judiciales ganadas. El 3 de abril pasado recibió la última notificación de la Corte, que también debe notificarse a la Gobernación de Guairá.

“Tengo 25 años de antigüedad en la gobernación, primero me callé y no demandé porque sabía de las fuertes influencias que tiene este señor, pero luego me animé y gané totalmente. Ellos ya no apelaron las resoluciones judiciales, dejaron caer el caso”.

Antar estima que por lo bajo solo en salarios caídos cobrará G. 200 millones a la institución, además de las diferencias por el sueldo que le bajaron, etc.

Todas las sentencias a favor de los afectados son con costas para la Gobernación de Guairá.

Timoteo Nill, otro afectado por disminución de sueldo o rubro, comentó que en su momento Friedmann se valió de una acción de inconstitucionalidad de cargos de confianza que las gobernaciones habían conseguido. Con esta medida judicial, ellos creaban y ubicaban a sus adherentes en los famosos puestos de confianza y desechaban a los que no eran sus seguidores.

Nill sostuvo que su categoría es el de secretario departamental y que se le bajó su rango en la época de Friedmann en la gobernación. El funcionario judicializó su caso, tiene ganada la primera instancia. Según comentó, tiene aproximadamente G. 170 millones a su favor, “hasta el momento”.

SE HARÁ CARGO DE PAGOS

El gobernador Vera confirmó que su administración se hará cargo de las millonarias indemnizaciones y no demandará a Friedmann por este perjuicio.

Consultado si le hará pagar a la gobernación la falla de Friedmann, el actual jefe departamental refirió que como autoridad debe salvar el caso “institucionalmente”. “Voy a ver la cantidad de gente que hay que reposicionar y cómo hacer para pagar , un arreglo respectivo, que nos esperen un poco para poder pagarles”.

Sobre la responsabilidad de Friedmann en este perjuicio a la institución, Vera dijo “con Friedmann tengo que hablar mano a mano y preguntarle por qué hizo esto”.

Ratificó que van a acatar las órdenes judiciales. “Estamos estudiando con el equipo jurídico cómo afrontar todo esto. Es una lección de que no podemos hoy por hoy sacarle nomás a alguien nombrado, antiguo, sin previa justificación, sin un sumario”, acotó.

SEPA MÁS

VARIAS IRREGULARIDADES

Cabe recordar que la administración de Friedmann está minada de irregularidades. Informe de auditoría de Contraloría permanece cajoneada, Fiscalía no investiga y el ex gobernador se privilegia de protección.

Friedmann hasta ahora no explica cómo hizo su tío Rolando Alfaro, ex secretario de obras de la gobernación, para cargar 23.820 litros de combustible de una sola vez.

O cómo hicieron para suministrarse 11.530 litros de gasoil en el tiempo récord de 7 minutos, según constató la auditoría de Contraloría de los ejercicios 2015/2016.

De dónde sacó US$ 1 millón para constituir SA con su mamá, una humilde vendedora de empanadas a quien el hijo atribuyó herencia de G. 2.500 millones para conformar empresa.

Tampoco rinde cuentas de por qué sus pozos artesianos costaron el doble de lo que licitaron otras gobernaciones, las meriendas de los escolares que no se distribuyeron en los períodos correspondientes, etc.

Una de estas legislaciones, la de reforma del servicio civil, tiene ese estatus de urgencia, considerando la sangría diaria que implica el sostenimiento de la actual estructura legal.

El sistema de ingreso a cargos públicos, las compras de bienes y servicios estatales, la superposición de entidades que duplican gastos, los contratos que otorgan beneficios exagerados a funcionarios son algunos de los puntos que requieren urgente tratamiento para aplicar reformas.

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“Esta propuesta de reforma dará seguridad a quienes concursan, para que no entren los operadores políticos, sino las personas capaces. Varios planilleros entraron en el gobierno anterior, yo lo denuncié”, refirió “Bachi” Núñez, al ser abordado sobre el tema.

En efecto, los episodios de numerosos casos de personas que ingresan a cargos públicos, gracias a las brechas que se abren desde la perspectiva legal, podrán abortarse con la legislación de reforma del servicio civil.

El mandatario había abogado por la necesidad de establecer reglas claras en el sector público con relación al ingreso, permanencia y salida de los funcionarios estatales.

Férreamente, la legisladora Kattya González dispara a los cuatro vientos su indignación por la contratación de varios hijos de congresistas en el Poder Legislativo. Fiel a su estilo, inclusive hizo un show ante la prensa, colocándose una pañoleta colorada, haciendo alusión al Partido Colorado, y haciendo burla a la supuesta obligatoriedad de afiliarse para conseguir el primer trabajo.

Lo que la parlamentaria evita recordar es que ella también fue asesora del Senado durante 2 años y, aunque en ese tiempo aún su papá no era senador, ya gozaba de mucha influencia en el ámbito legislativo.

Fue así que sin concurso, el 12 de abril de 2004, el entonces presidente del Senado, Carlos Mateo Balmelli, contrató por tres meses a la abogada Kattya González, en carácter de asesora adscripta a la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario de G. 2 millones mensuales.

En tanto que, el 19 de enero de 2005, el presidente del Senado, Miguel Carrizosa, también la contrató por seis meses para que siga siendo asesora de la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario mensual de G. 2.500.000.

En esa oportunidad, la entonces abogada -hija del político Marcial González Safstrand- no requirió afiliarse al Partido Colorado para conseguir el puesto en la función pública, le habría valido solo los contactos de su padre.

Otro antecedente de González es su contrato como asesora legal en Aduanas, de acuerdo a antecedentes publicados en la prensa.

De manera incoherente, lo que hizo en el pasado, ahora cuestiona.

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El senador resaltó que, “a través de la carrera civil se estaría posibilitando que el ciudadano paraguayo acceda a través de concursos a la función pública, donde se va a tener en cuenta la idoneidad, la meritocracia, para que entre primero contratado y posteriormente pueda hacer una carrera dentro del ámbito de la función pública”, fundamentó.

Asimismo, no descartó la posibilidad de conversar con sus colegas para que el mencionado proyecto sea tratado en una sesión extraordinaria, considerando que el Poder Legislativo se encuentra en receso parlamentario.

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“Hablaré con los colegas para ver si podemos avanzar y, porqué no, en este receso tratar esta ley de carrera Civil, que es tan importante y nos va a ayudar para que Paraguay no tenga un gobierno ‘elefantiasis’”, expresó el legislador.

Igualmente, Núñez sostuvo que se deben mejorar los mecanismos de concursos y de esa manera eliminar los casos de “nepotismo” en la función pública.