Durante una conferencia de prensa realizada esta mañana, senadores y diputados que integran el Movimiento Honor Colorado dieron a conocer su postura sobre el Presupuesto General de Gastos de la Nación 2022.

La posición de la bancada es acompañar la reivindicación del sector docente para lograr un aumento salarial del 16%. Asimismo, también se plantea destinar mayores recursos al Ministerio de Salud para que pueda honor sus compromisos y deudas pendientes.

El diputado Tadeo Rojas expresó su preocupación por los excesivos pedidos de incremento de presupuesto que han solicitado todas las entidades del Estado, los cuales sobrepasan la cifra de USD 240 millones.

De ser sobrepasado el monto establecido originalmente, el presupuesto para el año que viene será “imposible de cumplir”, afirmó el legislador colorado.

Por ello, desde Honor Colorado plantean que se apruebe el proyecto de PGN 2022 “a libro cerrado”, con las excepciones para salud y educación.

Rojas sostuvo que, así como están las cosas, el Ministerio de Hacienda ha logrado recaudar lo suficiente como para cumplir con el aumento del 16% a favor de los educadores.

El economista y exministro de Hacienda, Santiago Peña, dijo que existe una demanda histórica del sector docente y que hasta ahora no se cumplió lo acordado hace varios años cuando se estableció el salario básico profesional.

Igualmente, admitió que no se puede llegar a un endeudamiento descomunal dentro del Presupuesto General de la Nación y recordó que no hay fuentes de financiamiento para cumplir con los pedidos de aumento presupuestario realizados por las instituciones públicas.

Peña también manifestó la necesidad de cumplir con los proveedores del Ministerio de Salud así como con aquellas deudas que pudieran quedar pendientes, por lo que se debe considerar un aumento del presupuesto para dicha cartera a fin de cumplir con sus compromisos el año próximo.

Una de estas legislaciones, la de reforma del servicio civil, tiene ese estatus de urgencia, considerando la sangría diaria que implica el sostenimiento de la actual estructura legal.

El sistema de ingreso a cargos públicos, las compras de bienes y servicios estatales, la superposición de entidades que duplican gastos, los contratos que otorgan beneficios exagerados a funcionarios son algunos de los puntos que requieren urgente tratamiento para aplicar reformas.

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“Esta propuesta de reforma dará seguridad a quienes concursan, para que no entren los operadores políticos, sino las personas capaces. Varios planilleros entraron en el gobierno anterior, yo lo denuncié”, refirió “Bachi” Núñez, al ser abordado sobre el tema.

En efecto, los episodios de numerosos casos de personas que ingresan a cargos públicos, gracias a las brechas que se abren desde la perspectiva legal, podrán abortarse con la legislación de reforma del servicio civil.

El mandatario había abogado por la necesidad de establecer reglas claras en el sector público con relación al ingreso, permanencia y salida de los funcionarios estatales.

Férreamente, la legisladora Kattya González dispara a los cuatro vientos su indignación por la contratación de varios hijos de congresistas en el Poder Legislativo. Fiel a su estilo, inclusive hizo un show ante la prensa, colocándose una pañoleta colorada, haciendo alusión al Partido Colorado, y haciendo burla a la supuesta obligatoriedad de afiliarse para conseguir el primer trabajo.

Lo que la parlamentaria evita recordar es que ella también fue asesora del Senado durante 2 años y, aunque en ese tiempo aún su papá no era senador, ya gozaba de mucha influencia en el ámbito legislativo.

Fue así que sin concurso, el 12 de abril de 2004, el entonces presidente del Senado, Carlos Mateo Balmelli, contrató por tres meses a la abogada Kattya González, en carácter de asesora adscripta a la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario de G. 2 millones mensuales.

En tanto que, el 19 de enero de 2005, el presidente del Senado, Miguel Carrizosa, también la contrató por seis meses para que siga siendo asesora de la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario mensual de G. 2.500.000.

En esa oportunidad, la entonces abogada -hija del político Marcial González Safstrand- no requirió afiliarse al Partido Colorado para conseguir el puesto en la función pública, le habría valido solo los contactos de su padre.

Otro antecedente de González es su contrato como asesora legal en Aduanas, de acuerdo a antecedentes publicados en la prensa.

De manera incoherente, lo que hizo en el pasado, ahora cuestiona.

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El senador resaltó que, “a través de la carrera civil se estaría posibilitando que el ciudadano paraguayo acceda a través de concursos a la función pública, donde se va a tener en cuenta la idoneidad, la meritocracia, para que entre primero contratado y posteriormente pueda hacer una carrera dentro del ámbito de la función pública”, fundamentó.

Asimismo, no descartó la posibilidad de conversar con sus colegas para que el mencionado proyecto sea tratado en una sesión extraordinaria, considerando que el Poder Legislativo se encuentra en receso parlamentario.

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“Hablaré con los colegas para ver si podemos avanzar y, porqué no, en este receso tratar esta ley de carrera Civil, que es tan importante y nos va a ayudar para que Paraguay no tenga un gobierno ‘elefantiasis’”, expresó el legislador.

Igualmente, Núñez sostuvo que se deben mejorar los mecanismos de concursos y de esa manera eliminar los casos de “nepotismo” en la función pública.