Leoz es actualmente requerido por la Justicia norteamericana. Es uno de los principales sospechosos en la amplia investigación sobre sobornos y lavado de dinero que se convirtieron en un escándalo mundial. La denuncia formalizada por la Conmebol en mayo pasado ante la Fiscalía de nuestro país nunca fue investigada y el caso está cajoneado.

Los fiscales norteame­ricanos sospechan que Nicolás Leoz reci­bió millones de dólares en sobornos a cambio de cesio­nes de derechos de televisión de los partidos de fútbol. Una auditoría forense ordenada por la actual Comisión Direc­tiva de la Confederación Sud­americana de Fútbol (Con­mebol) reveló además la falta de documentación que res­palde el destino de unos US$ 128 millones.

El resultado de esa audito­ría fue remitido el 6 de junio del año pasado al Ministe­rio Público de nuestro país y fue designado al frente de la investigación el fis­cal Hernán Galeano, de la Unidad Especializada de Lavado de Dinero y Finan­ciamiento del Terrorismo. Sin embargo, hasta la fecha, pese a la insistencia de los abogados de la Conmebol, el agente fiscal no ha movido ninguna diligencia y el caso está parado.

Los representantes jurídi­cos de la Conmebol, Osvaldo Granada Salaberry y Daniel Mendonca, fueron quienes realizaron la denuncia ante la Fiscalía General por el desvío de fondos de la enti­dad. La denuncia ante el Ministerio Público fue por apropiación, lesión de con­fianza, producción de docu­mentos no auténticos, aso­ciación criminal y lavado de dinero.

Lo presentado por los abo­gados tuvo como base el informe de la auditora inter­nacional Ernst & Young, que arrojó como resultado que entre los años 2000 y 2010 Nicolás Leoz (estuvo en el cargo desde 1986 hasta el 2013) transfirió fondos de dos cuentas bancarias de la Con­mebol a dos de sus cuentas bancarias particulares vin­culadas a él, directa o indirec­tamente, por un monto total de US$ 28.251.070, más otros US$ 33.280.000, entre los años 2000 y 2004. También se revela el pago de unos US$ 68.025.527 a empresas vincu­ladas con delitos en Estados Unidos.

Según los documentos que posee desde el año pasado el Ministerio Público, se habrían desviado unos US$ 128.676.597, conforme al trabajo realizado por la auditora mencionada.

OTROS ANTECEDENTES

Según la denuncia del pre­sidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez Wil­son-Smith, realizada en mayo del año pasado, se rea­lizaron millonarios depósi­tos en el banco Atlas, pro­piedad de Aldo “Acero” Zuccolillo. “La ausencia de registros contables motivó a los auditores a solicitar al banco Atlas información sobre depósitos de ahorro de diversas cuentas. Sin embargo, el señor Miguel Ángel Zaldívar, yerno de Zuccolillo y presidente del banco Atlas, invocó la res­tricción del secreto banca­rio para no proveer infor­mación alguna.

Zuccolillo deja pasar (¿encubre?) una ocasión clave para saber a dónde fue a parar la plata del fútbol. La Ley de Lavado de Dinero exige la constatación de los fondos cuando estos superan más de US$ 10 mil; el doctor Leoz depositó (en efectivo) casi US$ 1.000.000. ¿Habrá Atlas comunicado a la Seprelad? ¿Cuánto lucró/ lucra el banco con la plata depositada por Leoz? Esta plata y lucro eran y son del fútbol, no de Leoz y menos de Zuccolillo”, fue la acusa­ción que hizo en su momento Domínguez.

El titular de la Conmebol también había denunciado que la verificación de infor­mación relevante en poder de la Inmobiliaria del Este para la investigación crimi­nal en curso, llevada a cabo por la Fiscalía de Nueva York, Oficina del distrito Este, fue imposible.

El gerente general de la inmobiliaria, Guillermo Brugada, ni siquiera respon­dió la solicitud de la Justi­cia americana. “Durante 30 años, Zuccolillo administró el crecimiento inmobilia­rio de Leoz, a quien conoce desde la juventud.

¿Cuánto lucra la inmobiliaria con la plata de Leoz/del fútbol? ¿Se perpetúa el delito de lavado de activos? Una vez más la plata y las ganancias no son de Leoz, de la inmo­biliaria y menos del señor Zuccolillo. ¿Nunca llamó la atención a su inmobiliaria el vertiginoso crecimiento patrimonial de su amigo Leoz?”, se preguntaba el titular de la matriz del fút­bol sudamericano.

Una de estas legislaciones, la de reforma del servicio civil, tiene ese estatus de urgencia, considerando la sangría diaria que implica el sostenimiento de la actual estructura legal.

El sistema de ingreso a cargos públicos, las compras de bienes y servicios estatales, la superposición de entidades que duplican gastos, los contratos que otorgan beneficios exagerados a funcionarios son algunos de los puntos que requieren urgente tratamiento para aplicar reformas.

Lea también: Kattya fue funcionaria sin concurso, y ahora "el muerto se asusta del degollado"

“Esta propuesta de reforma dará seguridad a quienes concursan, para que no entren los operadores políticos, sino las personas capaces. Varios planilleros entraron en el gobierno anterior, yo lo denuncié”, refirió “Bachi” Núñez, al ser abordado sobre el tema.

En efecto, los episodios de numerosos casos de personas que ingresan a cargos públicos, gracias a las brechas que se abren desde la perspectiva legal, podrán abortarse con la legislación de reforma del servicio civil.

El mandatario había abogado por la necesidad de establecer reglas claras en el sector público con relación al ingreso, permanencia y salida de los funcionarios estatales.

Férreamente, la legisladora Kattya González dispara a los cuatro vientos su indignación por la contratación de varios hijos de congresistas en el Poder Legislativo. Fiel a su estilo, inclusive hizo un show ante la prensa, colocándose una pañoleta colorada, haciendo alusión al Partido Colorado, y haciendo burla a la supuesta obligatoriedad de afiliarse para conseguir el primer trabajo.

Lo que la parlamentaria evita recordar es que ella también fue asesora del Senado durante 2 años y, aunque en ese tiempo aún su papá no era senador, ya gozaba de mucha influencia en el ámbito legislativo.

Fue así que sin concurso, el 12 de abril de 2004, el entonces presidente del Senado, Carlos Mateo Balmelli, contrató por tres meses a la abogada Kattya González, en carácter de asesora adscripta a la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario de G. 2 millones mensuales.

En tanto que, el 19 de enero de 2005, el presidente del Senado, Miguel Carrizosa, también la contrató por seis meses para que siga siendo asesora de la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario mensual de G. 2.500.000.

En esa oportunidad, la entonces abogada -hija del político Marcial González Safstrand- no requirió afiliarse al Partido Colorado para conseguir el puesto en la función pública, le habría valido solo los contactos de su padre.

Otro antecedente de González es su contrato como asesora legal en Aduanas, de acuerdo a antecedentes publicados en la prensa.

De manera incoherente, lo que hizo en el pasado, ahora cuestiona.

Leé más: Kattya González fue asesora del Congreso en el pasado

El senador resaltó que, “a través de la carrera civil se estaría posibilitando que el ciudadano paraguayo acceda a través de concursos a la función pública, donde se va a tener en cuenta la idoneidad, la meritocracia, para que entre primero contratado y posteriormente pueda hacer una carrera dentro del ámbito de la función pública”, fundamentó.

Asimismo, no descartó la posibilidad de conversar con sus colegas para que el mencionado proyecto sea tratado en una sesión extraordinaria, considerando que el Poder Legislativo se encuentra en receso parlamentario.

Puede interesar: “Apoyo a emprendedores es fundamental para la generación de empleos”

“Hablaré con los colegas para ver si podemos avanzar y, porqué no, en este receso tratar esta ley de carrera Civil, que es tan importante y nos va a ayudar para que Paraguay no tenga un gobierno ‘elefantiasis’”, expresó el legislador.

Igualmente, Núñez sostuvo que se deben mejorar los mecanismos de concursos y de esa manera eliminar los casos de “nepotismo” en la función pública.