Este miedo lo socializó el propio Buzarquis, quien dijo que la intención de unificar la convención del domingo próximo, es casi un hecho, pero que tiene temor de que el desarrollo de la asamblea caiga en algo ya tradicional en eventos liberales de este tipo: la agresión física, con golpes de puños, sillazos y otros recursos etiquetados como peleas callejeras.

“Lo importante es garantizar la seguridad de la convención, para que no se repita el triste espectáculo, de bochorno, que afecta a la democracia, y que se corra seriamente el peligro de caer en lo mismo que sucedió (en Argentina) con la Unión Cívica Radical”, dijo Buzarquis en comunicación con radio Monumental AM.

Agregó que su facción propone como solución intermedia (entre la exigencia de renuncia de Alegre y la postura de que siga siendo el titular), que consiste en un acuerdo para que sea un triunvirato el que dirija el partido, se acople al directorio a los parlamentarios, y que se apunte a que en un mediano plazo se convoque a elecciones.

“No veo otra salida más que la renovación, dar un salto adelante … Jurídicamente no se puede destituir al presidente (Efraín Alegre), eso no está en ningún punto del estatuto partidario”, enfatizó Buzarquis.

La reducción de decibeles en su discurso es evidente en Buzarquis, quien semanas atrás había amenazado con “echar a patadas” a los que sostenían la postura de exigir la renuncia de Alegre.

Esta amenaza colisiona, a esta altura del conflictivo internismo liberal, con un hecho contundente: de los 600 convencionales que el domingo próximo definirán el rumbo a tomarse, la disidencia ya tiene asegurado el apoyo de 505 convencionales. Esto es, mayoría aplastante que se ratifica en que Efraín Alegre debe dejar de ser presidente del PLRA.

Una de estas legislaciones, la de reforma del servicio civil, tiene ese estatus de urgencia, considerando la sangría diaria que implica el sostenimiento de la actual estructura legal.

El sistema de ingreso a cargos públicos, las compras de bienes y servicios estatales, la superposición de entidades que duplican gastos, los contratos que otorgan beneficios exagerados a funcionarios son algunos de los puntos que requieren urgente tratamiento para aplicar reformas.

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“Esta propuesta de reforma dará seguridad a quienes concursan, para que no entren los operadores políticos, sino las personas capaces. Varios planilleros entraron en el gobierno anterior, yo lo denuncié”, refirió “Bachi” Núñez, al ser abordado sobre el tema.

En efecto, los episodios de numerosos casos de personas que ingresan a cargos públicos, gracias a las brechas que se abren desde la perspectiva legal, podrán abortarse con la legislación de reforma del servicio civil.

El mandatario había abogado por la necesidad de establecer reglas claras en el sector público con relación al ingreso, permanencia y salida de los funcionarios estatales.

Férreamente, la legisladora Kattya González dispara a los cuatro vientos su indignación por la contratación de varios hijos de congresistas en el Poder Legislativo. Fiel a su estilo, inclusive hizo un show ante la prensa, colocándose una pañoleta colorada, haciendo alusión al Partido Colorado, y haciendo burla a la supuesta obligatoriedad de afiliarse para conseguir el primer trabajo.

Lo que la parlamentaria evita recordar es que ella también fue asesora del Senado durante 2 años y, aunque en ese tiempo aún su papá no era senador, ya gozaba de mucha influencia en el ámbito legislativo.

Fue así que sin concurso, el 12 de abril de 2004, el entonces presidente del Senado, Carlos Mateo Balmelli, contrató por tres meses a la abogada Kattya González, en carácter de asesora adscripta a la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario de G. 2 millones mensuales.

En tanto que, el 19 de enero de 2005, el presidente del Senado, Miguel Carrizosa, también la contrató por seis meses para que siga siendo asesora de la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario mensual de G. 2.500.000.

En esa oportunidad, la entonces abogada -hija del político Marcial González Safstrand- no requirió afiliarse al Partido Colorado para conseguir el puesto en la función pública, le habría valido solo los contactos de su padre.

Otro antecedente de González es su contrato como asesora legal en Aduanas, de acuerdo a antecedentes publicados en la prensa.

De manera incoherente, lo que hizo en el pasado, ahora cuestiona.

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El senador resaltó que, “a través de la carrera civil se estaría posibilitando que el ciudadano paraguayo acceda a través de concursos a la función pública, donde se va a tener en cuenta la idoneidad, la meritocracia, para que entre primero contratado y posteriormente pueda hacer una carrera dentro del ámbito de la función pública”, fundamentó.

Asimismo, no descartó la posibilidad de conversar con sus colegas para que el mencionado proyecto sea tratado en una sesión extraordinaria, considerando que el Poder Legislativo se encuentra en receso parlamentario.

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“Hablaré con los colegas para ver si podemos avanzar y, porqué no, en este receso tratar esta ley de carrera Civil, que es tan importante y nos va a ayudar para que Paraguay no tenga un gobierno ‘elefantiasis’”, expresó el legislador.

Igualmente, Núñez sostuvo que se deben mejorar los mecanismos de concursos y de esa manera eliminar los casos de “nepotismo” en la función pública.