La exfiscal y candidata a la intendencia de Lambaré Blanca Agüero manifestó su posición de rechazo al proyecto del diputado Juan Carlos “Nano” Galaverna que pretende postergar las elecciones municipales para el año 2022.

En una publicación realizada en Facebook, la misma sostuvo que desde su equipo se encuentran convencidos de que “el camino para construir la Lambaré que queremos sólo será posible con la participación de la ciudadanía”. Por ello, aboga porque los comicios se desarrollen este año.

“Precisamos cambiar nuestra realidad y darle a los vecinos una administración municipal transparente, extirpar la corrupción de una vez por todas”, refirió en su posteo.

En entrevista con HOY, Agüero aseguró que hoy día la ciudad está viviendo una enorme desidia en cuanto al ámbito de la salud pública, esto por la falta de inversión en el Hospital Distrital de Lambaré que sufre de varias carencias. “No vemos que ese dinero que ingresó en concepto de royalties, Fonacide y juegos de azar se haga realidad en el municipio”.

A su criterio, este es un momento en el que se tienen que utilizar los recursos considerando la emergencia sanitaria que vive el país y las dificultades para pacientes con COVID-19 que se encuentran internados.

La candidata a intendenta de Lambaré puso como ejemplo el caso del intendente de Villa Elisa, Ricardo Estigarribia, quien realizó varias inversiones importantes en el hospital de su ciudad, a fin de brindar una mejor atención a los pacientes. “Estamos viendo que se puede si se quiere, entonces por qué en Lambaré no se hace también”, añadió.

Para Agüero, el movimiento Colorado Añetete “tiene miedo de perder las elecciones” y por ello busca aplazar nuevamente los comicios municipales de este año con la presentación de este proyecto en la Cámara de Diputados.

“Necesitamos socorrerle a la gente y esta posposición supondría alargar la agonía porque creemos que podemos hacer el cambio”, puntualizó, reiterando su deseo de que sí se lleven a cabo las elecciones municipales tal y como está previsto.

Una de estas legislaciones, la de reforma del servicio civil, tiene ese estatus de urgencia, considerando la sangría diaria que implica el sostenimiento de la actual estructura legal.

El sistema de ingreso a cargos públicos, las compras de bienes y servicios estatales, la superposición de entidades que duplican gastos, los contratos que otorgan beneficios exagerados a funcionarios son algunos de los puntos que requieren urgente tratamiento para aplicar reformas.

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“Esta propuesta de reforma dará seguridad a quienes concursan, para que no entren los operadores políticos, sino las personas capaces. Varios planilleros entraron en el gobierno anterior, yo lo denuncié”, refirió “Bachi” Núñez, al ser abordado sobre el tema.

En efecto, los episodios de numerosos casos de personas que ingresan a cargos públicos, gracias a las brechas que se abren desde la perspectiva legal, podrán abortarse con la legislación de reforma del servicio civil.

El mandatario había abogado por la necesidad de establecer reglas claras en el sector público con relación al ingreso, permanencia y salida de los funcionarios estatales.

Férreamente, la legisladora Kattya González dispara a los cuatro vientos su indignación por la contratación de varios hijos de congresistas en el Poder Legislativo. Fiel a su estilo, inclusive hizo un show ante la prensa, colocándose una pañoleta colorada, haciendo alusión al Partido Colorado, y haciendo burla a la supuesta obligatoriedad de afiliarse para conseguir el primer trabajo.

Lo que la parlamentaria evita recordar es que ella también fue asesora del Senado durante 2 años y, aunque en ese tiempo aún su papá no era senador, ya gozaba de mucha influencia en el ámbito legislativo.

Fue así que sin concurso, el 12 de abril de 2004, el entonces presidente del Senado, Carlos Mateo Balmelli, contrató por tres meses a la abogada Kattya González, en carácter de asesora adscripta a la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario de G. 2 millones mensuales.

En tanto que, el 19 de enero de 2005, el presidente del Senado, Miguel Carrizosa, también la contrató por seis meses para que siga siendo asesora de la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario mensual de G. 2.500.000.

En esa oportunidad, la entonces abogada -hija del político Marcial González Safstrand- no requirió afiliarse al Partido Colorado para conseguir el puesto en la función pública, le habría valido solo los contactos de su padre.

Otro antecedente de González es su contrato como asesora legal en Aduanas, de acuerdo a antecedentes publicados en la prensa.

De manera incoherente, lo que hizo en el pasado, ahora cuestiona.

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El senador resaltó que, “a través de la carrera civil se estaría posibilitando que el ciudadano paraguayo acceda a través de concursos a la función pública, donde se va a tener en cuenta la idoneidad, la meritocracia, para que entre primero contratado y posteriormente pueda hacer una carrera dentro del ámbito de la función pública”, fundamentó.

Asimismo, no descartó la posibilidad de conversar con sus colegas para que el mencionado proyecto sea tratado en una sesión extraordinaria, considerando que el Poder Legislativo se encuentra en receso parlamentario.

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“Hablaré con los colegas para ver si podemos avanzar y, porqué no, en este receso tratar esta ley de carrera Civil, que es tan importante y nos va a ayudar para que Paraguay no tenga un gobierno ‘elefantiasis’”, expresó el legislador.

Igualmente, Núñez sostuvo que se deben mejorar los mecanismos de concursos y de esa manera eliminar los casos de “nepotismo” en la función pública.