Galaverna, en entrevista con NPY, había dicho que Nicanor Duarte Frutos y Blanca Ovelar eran testigos de que sus famosas declaraciones, en las que se atribuyó el fraude electoral de 1992 que le dio la victoria a Juan Carlos Wasmosy en las internas coloradas, fueron solo para descomprimir el mal ambiente previo a las elecciones del 2008.

La senadora Ovelar, en contacto con la 1020 AM, dijo que en el fragor de la campaña del 2008 “muchas cosas se dijeron” y que a muchos sorprendieron las declaraciones en una reunión donde se dio una explicación más “amplia y detallada” de los hechos.

Si bien dijo desconocer los detalles, dijo (sin mencionar directamente a Galaverna) que era el “eslabón más débil de la estructura” y que se lo sindique como único responsable es “una distorsión”.

“Yo creo que de eso habrá hablando con el Presidente… Él formó parte un equipo pero de ninguna manera fue el ideólogo”, sostuvo Ovelar, en referencia a Galaverna.

Sobre si su testimonio fue para “descomprimir” la situación, recordó que su adversario en las internas, Luis Alberto Castiglioni, denunció que hubo fraude. “Era tan intenso el enfrentamiento que él (Castiglioni) se convenció. No quiso aceptar su derrota. Surgió allí la disputa”, sostuvo la legisladora.

Por su parte, Duarte Frutos dijo que tampoco recuerda la participación de “Calé” en el fraude de 1992.

En enero de 2008, antes de las elecciones generales que terminaron con la victoria de la Alianza Patriótica para el Cambio, “Calé” Galaverna había admitido a radio Ñandutí que fue el responsable del fraude de las elecciones internas de la ANR que terminó perjudicando a la dupla Luis María Argaña y Juan Bautista Ibáñez (Movimiento de Reconciliación Colorada) que perdió la candidatura a la presidencia en manos de Juan Carlos Wasmosy y Ángel Roberto Seifart (Acción Democrática Republicana).

Una de estas legislaciones, la de reforma del servicio civil, tiene ese estatus de urgencia, considerando la sangría diaria que implica el sostenimiento de la actual estructura legal.

El sistema de ingreso a cargos públicos, las compras de bienes y servicios estatales, la superposición de entidades que duplican gastos, los contratos que otorgan beneficios exagerados a funcionarios son algunos de los puntos que requieren urgente tratamiento para aplicar reformas.

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“Esta propuesta de reforma dará seguridad a quienes concursan, para que no entren los operadores políticos, sino las personas capaces. Varios planilleros entraron en el gobierno anterior, yo lo denuncié”, refirió “Bachi” Núñez, al ser abordado sobre el tema.

En efecto, los episodios de numerosos casos de personas que ingresan a cargos públicos, gracias a las brechas que se abren desde la perspectiva legal, podrán abortarse con la legislación de reforma del servicio civil.

El mandatario había abogado por la necesidad de establecer reglas claras en el sector público con relación al ingreso, permanencia y salida de los funcionarios estatales.

Férreamente, la legisladora Kattya González dispara a los cuatro vientos su indignación por la contratación de varios hijos de congresistas en el Poder Legislativo. Fiel a su estilo, inclusive hizo un show ante la prensa, colocándose una pañoleta colorada, haciendo alusión al Partido Colorado, y haciendo burla a la supuesta obligatoriedad de afiliarse para conseguir el primer trabajo.

Lo que la parlamentaria evita recordar es que ella también fue asesora del Senado durante 2 años y, aunque en ese tiempo aún su papá no era senador, ya gozaba de mucha influencia en el ámbito legislativo.

Fue así que sin concurso, el 12 de abril de 2004, el entonces presidente del Senado, Carlos Mateo Balmelli, contrató por tres meses a la abogada Kattya González, en carácter de asesora adscripta a la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario de G. 2 millones mensuales.

En tanto que, el 19 de enero de 2005, el presidente del Senado, Miguel Carrizosa, también la contrató por seis meses para que siga siendo asesora de la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario mensual de G. 2.500.000.

En esa oportunidad, la entonces abogada -hija del político Marcial González Safstrand- no requirió afiliarse al Partido Colorado para conseguir el puesto en la función pública, le habría valido solo los contactos de su padre.

Otro antecedente de González es su contrato como asesora legal en Aduanas, de acuerdo a antecedentes publicados en la prensa.

De manera incoherente, lo que hizo en el pasado, ahora cuestiona.

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El senador resaltó que, “a través de la carrera civil se estaría posibilitando que el ciudadano paraguayo acceda a través de concursos a la función pública, donde se va a tener en cuenta la idoneidad, la meritocracia, para que entre primero contratado y posteriormente pueda hacer una carrera dentro del ámbito de la función pública”, fundamentó.

Asimismo, no descartó la posibilidad de conversar con sus colegas para que el mencionado proyecto sea tratado en una sesión extraordinaria, considerando que el Poder Legislativo se encuentra en receso parlamentario.

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“Hablaré con los colegas para ver si podemos avanzar y, porqué no, en este receso tratar esta ley de carrera Civil, que es tan importante y nos va a ayudar para que Paraguay no tenga un gobierno ‘elefantiasis’”, expresó el legislador.

Igualmente, Núñez sostuvo que se deben mejorar los mecanismos de concursos y de esa manera eliminar los casos de “nepotismo” en la función pública.