Durante la sesión de este jueves en el Senado, el legislador Bogado indicó que si realmente se desea desterrar el tráfico de influencias y la manipulación de la justicia, es esta quien debe investigar al periodista Carlos Benítez, quien es el exeditor de Judiciales y actual secretario de redac­ción del diario de Aldo Zuccolillo.

“Con los audios filtrados, dos senadores de la República fueron separados y un diputado fue imputado y desaforado; un exministro del Interior está desaforado y una fiscala suspendida. Sin embargo, escuchamos claramente el trabajo de extorsión y manipulación de un conocido periodista conocido en el foro judicial como el ministro número 10 de la Corte”, dijo.

El congresista colorado expuso ante el pleno el audio filtrado de la conversación que involu­cra a Raúl Fernández Lipp­mann, secretario del Jurado de Enjuiciamiento de Magis­trados (JEM), el senador Óscar González Daher y la fiscala Nadine Portillo. El audio revela el mecanismo utilizado por el citado perió­dico para operar ante fiscales y jueces para presionar sobre algún fallo de interés o con­veniencia para el medio de comunicación.

Según rescata el diario La Nación, Bení­tez amenazó a la fiscala Por­tillo y le exhortó a que impute a alguien en el caso de Enri­que García, actual con­tralor general de la Repú­blica, quien había ejercido la defensa en el caso Ivesur (encargada de la inspección técnica vehicular) en repre­sentación de la Dirección Jurídica de la Municipali­dad de Asunción, donde él era director. El comunica­dor habría advertido a la fis­cala de que si no accedía a su “recomendación” podría ser destituida del cargo.

“Está como loco Carlos Bení­tez, me peleé con él y le con­testé muy mal, me amenazó, me dijo que este tema del contralor te puede costar el cargo. Entonces, le dije: mirá Carlos, yo trabajo por gusto, no por necesidad”, comenta Portillo a Fernández. “Le conté esto al fiscal general y me dijo: ejapo porã”, añade.

Ante esto, Bogado dijo que “aquí falta una pata y el Ministerio Público se mostró muy complaciente con este modus operandi, prácticamente con una supuesta puerta abierta. Trabajaba de manera coordinada y milimétricamente con este periodista, que amenazaba con publicaciones. Elegía a quién enterrar y a quién indultar”.

Este es el “diario” que publica el senador para exponer su postura en contra del empresario Zuccolillo.

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Una de estas legislaciones, la de reforma del servicio civil, tiene ese estatus de urgencia, considerando la sangría diaria que implica el sostenimiento de la actual estructura legal.

El sistema de ingreso a cargos públicos, las compras de bienes y servicios estatales, la superposición de entidades que duplican gastos, los contratos que otorgan beneficios exagerados a funcionarios son algunos de los puntos que requieren urgente tratamiento para aplicar reformas.

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“Esta propuesta de reforma dará seguridad a quienes concursan, para que no entren los operadores políticos, sino las personas capaces. Varios planilleros entraron en el gobierno anterior, yo lo denuncié”, refirió “Bachi” Núñez, al ser abordado sobre el tema.

En efecto, los episodios de numerosos casos de personas que ingresan a cargos públicos, gracias a las brechas que se abren desde la perspectiva legal, podrán abortarse con la legislación de reforma del servicio civil.

El mandatario había abogado por la necesidad de establecer reglas claras en el sector público con relación al ingreso, permanencia y salida de los funcionarios estatales.

Férreamente, la legisladora Kattya González dispara a los cuatro vientos su indignación por la contratación de varios hijos de congresistas en el Poder Legislativo. Fiel a su estilo, inclusive hizo un show ante la prensa, colocándose una pañoleta colorada, haciendo alusión al Partido Colorado, y haciendo burla a la supuesta obligatoriedad de afiliarse para conseguir el primer trabajo.

Lo que la parlamentaria evita recordar es que ella también fue asesora del Senado durante 2 años y, aunque en ese tiempo aún su papá no era senador, ya gozaba de mucha influencia en el ámbito legislativo.

Fue así que sin concurso, el 12 de abril de 2004, el entonces presidente del Senado, Carlos Mateo Balmelli, contrató por tres meses a la abogada Kattya González, en carácter de asesora adscripta a la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario de G. 2 millones mensuales.

En tanto que, el 19 de enero de 2005, el presidente del Senado, Miguel Carrizosa, también la contrató por seis meses para que siga siendo asesora de la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario mensual de G. 2.500.000.

En esa oportunidad, la entonces abogada -hija del político Marcial González Safstrand- no requirió afiliarse al Partido Colorado para conseguir el puesto en la función pública, le habría valido solo los contactos de su padre.

Otro antecedente de González es su contrato como asesora legal en Aduanas, de acuerdo a antecedentes publicados en la prensa.

De manera incoherente, lo que hizo en el pasado, ahora cuestiona.

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El senador resaltó que, “a través de la carrera civil se estaría posibilitando que el ciudadano paraguayo acceda a través de concursos a la función pública, donde se va a tener en cuenta la idoneidad, la meritocracia, para que entre primero contratado y posteriormente pueda hacer una carrera dentro del ámbito de la función pública”, fundamentó.

Asimismo, no descartó la posibilidad de conversar con sus colegas para que el mencionado proyecto sea tratado en una sesión extraordinaria, considerando que el Poder Legislativo se encuentra en receso parlamentario.

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“Hablaré con los colegas para ver si podemos avanzar y, porqué no, en este receso tratar esta ley de carrera Civil, que es tan importante y nos va a ayudar para que Paraguay no tenga un gobierno ‘elefantiasis’”, expresó el legislador.

Igualmente, Núñez sostuvo que se deben mejorar los mecanismos de concursos y de esa manera eliminar los casos de “nepotismo” en la función pública.