El legislador oficialista Calé Galaverna manifestó durante la sesión ordinaria del Senado que el diario ABC Color (sin nombrar directamente) instaló una campaña para devolver la terna al Consejo de la Magistratura.

“La Cámara es soberana, puede decidir lo que mejor le parezca mientras no viole el marco constitucional. Pero debemos recordar que el criterio de rechazo y devolución de la terna al Consejo de la Magistratura no es idea original de este Senado, es una campaña originada por un medio que prefiero no mencionar. (ABC Color) empezó (a publicar) a favor de Romero y terminó fulminando a ese candidato, cuestionó todo el tiempo a Camacho y en la recta final descubrió que Martínez Simón es cartista y lo pretende presentar como un acosador cuando claramente no lo es”, indicó.

Finalmente, por 33 votos fue elegido Alberto Martínez Simón, quien hoy ya recibió el acuerdo constitucional del presidente Mario Abdo Benítez.

CAMPAÑA DE ABC COLOR

En los últimos días, el diario ABC Color impulsó una fuerte campaña contra la terna, específicamente contra el camarista Alberto Martínez Simón, uno de los ternados para la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Llamativamente este magistrado condenó a directivos de la Editorial Azeta (diario Abc Color) a pagar a Francisco “Pancho” de Vargas (+) la suma de G. 350 millones, más los inte­reses devengados desde la promoción de la demanda.

La misma fue dictada en el 2005 y se debió a una publi­cación del medio en cues­tión, de fecha 8 de abril del 2003, en su formato impreso y digital referente a una supuesta coima que habría sido abonada en el Aeropuerto Guaraní de Minga Guazú que salpicó a De Vargas.

El sonado caso, que tuvo mucho destaque en esa época, fue a parar a manos de los miembros del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), del que formaba parte Francisco de Vargas.

El material periodístico expresa además que el monto que habrían recibido los integrantes del JEM rondaba los US$ 90.000, e incluso también se habló de US$ 200.000, que era la cifra que supuestamente se manejaba en el Parlamento. De Vargas integró el JEM que el 7 de abril del 2003 resolvió remover al fiscal Alejandro Nissen del cargo de fiscal; sin embargo, él negó categóricamente que la resolución fue tomada a raíz del pago de la supuesta coima, tal como lo afirmó Abc Color.

Una de estas legislaciones, la de reforma del servicio civil, tiene ese estatus de urgencia, considerando la sangría diaria que implica el sostenimiento de la actual estructura legal.

El sistema de ingreso a cargos públicos, las compras de bienes y servicios estatales, la superposición de entidades que duplican gastos, los contratos que otorgan beneficios exagerados a funcionarios son algunos de los puntos que requieren urgente tratamiento para aplicar reformas.

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“Esta propuesta de reforma dará seguridad a quienes concursan, para que no entren los operadores políticos, sino las personas capaces. Varios planilleros entraron en el gobierno anterior, yo lo denuncié”, refirió “Bachi” Núñez, al ser abordado sobre el tema.

En efecto, los episodios de numerosos casos de personas que ingresan a cargos públicos, gracias a las brechas que se abren desde la perspectiva legal, podrán abortarse con la legislación de reforma del servicio civil.

El mandatario había abogado por la necesidad de establecer reglas claras en el sector público con relación al ingreso, permanencia y salida de los funcionarios estatales.

Férreamente, la legisladora Kattya González dispara a los cuatro vientos su indignación por la contratación de varios hijos de congresistas en el Poder Legislativo. Fiel a su estilo, inclusive hizo un show ante la prensa, colocándose una pañoleta colorada, haciendo alusión al Partido Colorado, y haciendo burla a la supuesta obligatoriedad de afiliarse para conseguir el primer trabajo.

Lo que la parlamentaria evita recordar es que ella también fue asesora del Senado durante 2 años y, aunque en ese tiempo aún su papá no era senador, ya gozaba de mucha influencia en el ámbito legislativo.

Fue así que sin concurso, el 12 de abril de 2004, el entonces presidente del Senado, Carlos Mateo Balmelli, contrató por tres meses a la abogada Kattya González, en carácter de asesora adscripta a la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario de G. 2 millones mensuales.

En tanto que, el 19 de enero de 2005, el presidente del Senado, Miguel Carrizosa, también la contrató por seis meses para que siga siendo asesora de la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario mensual de G. 2.500.000.

En esa oportunidad, la entonces abogada -hija del político Marcial González Safstrand- no requirió afiliarse al Partido Colorado para conseguir el puesto en la función pública, le habría valido solo los contactos de su padre.

Otro antecedente de González es su contrato como asesora legal en Aduanas, de acuerdo a antecedentes publicados en la prensa.

De manera incoherente, lo que hizo en el pasado, ahora cuestiona.

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El senador resaltó que, “a través de la carrera civil se estaría posibilitando que el ciudadano paraguayo acceda a través de concursos a la función pública, donde se va a tener en cuenta la idoneidad, la meritocracia, para que entre primero contratado y posteriormente pueda hacer una carrera dentro del ámbito de la función pública”, fundamentó.

Asimismo, no descartó la posibilidad de conversar con sus colegas para que el mencionado proyecto sea tratado en una sesión extraordinaria, considerando que el Poder Legislativo se encuentra en receso parlamentario.

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“Hablaré con los colegas para ver si podemos avanzar y, porqué no, en este receso tratar esta ley de carrera Civil, que es tan importante y nos va a ayudar para que Paraguay no tenga un gobierno ‘elefantiasis’”, expresó el legislador.

Igualmente, Núñez sostuvo que se deben mejorar los mecanismos de concursos y de esa manera eliminar los casos de “nepotismo” en la función pública.