Suspicacias, dudas y clandestinidad son algunas de las palabras más suaves que se escuchan al hablar del fallido acuerdo para negociar la deuda de Petropar con PDVSA, en donde Juan Ernesto Villamayor fue uno de los principales mediadores.

“Cuando hay desconfianza y está en peligro la paz del partido, hay que hacer renunciamiento, no buscar defender los intereses personales”, opinó el político José Alberto Alderete, referente de Concordia Colorada y en su momento cirujano de la Operación Cicatriz, durante una entrevista con el programa Tempranísimo por Gen.

Como ejemplo de lo que considera correcto recordó que cuando se desató un enorme conflicto también de carácter internacional, con la firma del acta de Itaipú que casi le costó el cargo al presidente de la República, el propio Alderete decidió dar un paso al costado “sin tener vela en el entierr”.

Sin embargo, lejos de renunciar, Villamayor tiró bombas a Concordia Colorada, alegando que los referentes de este movimiento, integrado por Añetete y Honor Colorado, son los que lo atacan pero por cuestiones personales y no por argumentos válidos hacia su gestión.

En tal sentido, Alderete aclaró que en Concordia se admite la disparidad de criterio y que no se pretende imponer formas de pensar, ni candidaturas, por lo que quienes están fuera del movimiento son solamente los que se autoexcluyeron.

Las críticas contra Villamayor no solamente provienen de la ANR, sino de varios partidos políticos, que de hecho solicitaron su interpelación. El pedido será estudiado esta mañana en sesión extra de la Cámara Baja.

Esta posibilidad no le preocupa a Villamayor, quien en primer lugar recuerda que el voto de censura que podría emitirse tras el interrogatorio y que implica una recomendación para removerlo del cargo, es una herramienta prácticamente decorativa ya que no tiene carácter vinculante y por lo tanto, Abdo no está obligado a hacer nada.

Una de estas legislaciones, la de reforma del servicio civil, tiene ese estatus de urgencia, considerando la sangría diaria que implica el sostenimiento de la actual estructura legal.

El sistema de ingreso a cargos públicos, las compras de bienes y servicios estatales, la superposición de entidades que duplican gastos, los contratos que otorgan beneficios exagerados a funcionarios son algunos de los puntos que requieren urgente tratamiento para aplicar reformas.

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“Esta propuesta de reforma dará seguridad a quienes concursan, para que no entren los operadores políticos, sino las personas capaces. Varios planilleros entraron en el gobierno anterior, yo lo denuncié”, refirió “Bachi” Núñez, al ser abordado sobre el tema.

En efecto, los episodios de numerosos casos de personas que ingresan a cargos públicos, gracias a las brechas que se abren desde la perspectiva legal, podrán abortarse con la legislación de reforma del servicio civil.

El mandatario había abogado por la necesidad de establecer reglas claras en el sector público con relación al ingreso, permanencia y salida de los funcionarios estatales.

Férreamente, la legisladora Kattya González dispara a los cuatro vientos su indignación por la contratación de varios hijos de congresistas en el Poder Legislativo. Fiel a su estilo, inclusive hizo un show ante la prensa, colocándose una pañoleta colorada, haciendo alusión al Partido Colorado, y haciendo burla a la supuesta obligatoriedad de afiliarse para conseguir el primer trabajo.

Lo que la parlamentaria evita recordar es que ella también fue asesora del Senado durante 2 años y, aunque en ese tiempo aún su papá no era senador, ya gozaba de mucha influencia en el ámbito legislativo.

Fue así que sin concurso, el 12 de abril de 2004, el entonces presidente del Senado, Carlos Mateo Balmelli, contrató por tres meses a la abogada Kattya González, en carácter de asesora adscripta a la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario de G. 2 millones mensuales.

En tanto que, el 19 de enero de 2005, el presidente del Senado, Miguel Carrizosa, también la contrató por seis meses para que siga siendo asesora de la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario mensual de G. 2.500.000.

En esa oportunidad, la entonces abogada -hija del político Marcial González Safstrand- no requirió afiliarse al Partido Colorado para conseguir el puesto en la función pública, le habría valido solo los contactos de su padre.

Otro antecedente de González es su contrato como asesora legal en Aduanas, de acuerdo a antecedentes publicados en la prensa.

De manera incoherente, lo que hizo en el pasado, ahora cuestiona.

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El senador resaltó que, “a través de la carrera civil se estaría posibilitando que el ciudadano paraguayo acceda a través de concursos a la función pública, donde se va a tener en cuenta la idoneidad, la meritocracia, para que entre primero contratado y posteriormente pueda hacer una carrera dentro del ámbito de la función pública”, fundamentó.

Asimismo, no descartó la posibilidad de conversar con sus colegas para que el mencionado proyecto sea tratado en una sesión extraordinaria, considerando que el Poder Legislativo se encuentra en receso parlamentario.

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“Hablaré con los colegas para ver si podemos avanzar y, porqué no, en este receso tratar esta ley de carrera Civil, que es tan importante y nos va a ayudar para que Paraguay no tenga un gobierno ‘elefantiasis’”, expresó el legislador.

Igualmente, Núñez sostuvo que se deben mejorar los mecanismos de concursos y de esa manera eliminar los casos de “nepotismo” en la función pública.