Los amigos se privilegia­ron con jugosos salarios e importantes bonificaciones de la mano del presidente del Indert, Horacio Manuel Torres Benítez, otro leal de Friedmann que arribó a la institución.

Varias de estas personas formaron parte del equipo administrativo del exgober­nador en Guairá, institu­ción en la que se despilfarró dinero público, según saltó en una auditoría de la Contraloría General de la Repú­blica (CGR).

En el “selecto grupo” ubi­cado recientemente en el Indert está por ejemplo María Margarita Narvaja Fariña. Ella era el brazo eje­cutor de Friedmann de los millonarios pagos no justi­ficados en la gobernación de Guairá.

Cuando Narvaja era admi­nistradora y Rodolfo gober­nador, se pagaron por 203.149 raciones de almuerzo no dis­tribuidas en el 2016. La pro­veedora beneficiada fue la firma (ESSA), propiedad del actual diputado de Colo­rado Añetete Éver Noguera. Según Contraloría, no res­paldaron G. 2.295.583.700 de la merienda escolar.

Asimismo, la actual gerente de administración y finanzas del Indert fue quien ejecutó el pago irregular de más de G. 1.000 millones al hermanas­tro de Rodolfo Friedmann, Ricardo Gotze, conocido como el “mecánico de oro”, por facturar varias veces por los mismos repuestos.

Otro de los recientemente incorporados en la entidad estatal es Víctor Fernán­dez Arrúa, hijo del concejal departamental de Guairá, Víctor Fernández Pérez. Fernández Arrúa, quien se desempeñaba como direc­tor general de la Unidad Operativa de Contratacio­nes (UOC), durante la admi­nistración de Rodolfo Fried­mann en la gobernación, ahora ocupa el mismo cargo en el Indert, con un salario de G. 11,5 millones.

Carlos Augusto López Bento, quien también se desempe­ñaba dentro del departa­mento administrativo de la gobernación de Guairá, es otro que migró al Indert. Arribó con el cargo de direc­tor general, con un salario que orilla los G. 10 millones, según planilla.

Heber Aguirre es otro favo­recido. Se trasladó de la filial del Indert de Guairá hasta Asunción y con ello consi­guió su nombramiento como funcionario permanente y duplicó su salario. De G. 2.700.000 que percibía pasa a cobrar cerca de G. 6 millo­nes al mes, según la planilla publicada vía Ley de Trans­parencia.

La fanática seguidora de Villarrica de Rodolfo Friedmann, Natalia Caro­lina Caballero, consiguió el cargo de directora gene­ral de Transparencia del Indert. Figura con un sala­rio de G. 15 millones. Ella sostuvo que “es amiga de hace años del presidente Torres” y gracias a este lazo accedió a su primera experiencia dentro de la función pública.

El abogado Juan González Fretes, perteneciente al mismo clan, exsecreta­rio general de la Goberna­ción de Guairá, tiene rango de director general en el Indert y según la planilla su ingreso es de G. 15 millo­nes al mes.

Una de estas legislaciones, la de reforma del servicio civil, tiene ese estatus de urgencia, considerando la sangría diaria que implica el sostenimiento de la actual estructura legal.

El sistema de ingreso a cargos públicos, las compras de bienes y servicios estatales, la superposición de entidades que duplican gastos, los contratos que otorgan beneficios exagerados a funcionarios son algunos de los puntos que requieren urgente tratamiento para aplicar reformas.

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“Esta propuesta de reforma dará seguridad a quienes concursan, para que no entren los operadores políticos, sino las personas capaces. Varios planilleros entraron en el gobierno anterior, yo lo denuncié”, refirió “Bachi” Núñez, al ser abordado sobre el tema.

En efecto, los episodios de numerosos casos de personas que ingresan a cargos públicos, gracias a las brechas que se abren desde la perspectiva legal, podrán abortarse con la legislación de reforma del servicio civil.

El mandatario había abogado por la necesidad de establecer reglas claras en el sector público con relación al ingreso, permanencia y salida de los funcionarios estatales.

Férreamente, la legisladora Kattya González dispara a los cuatro vientos su indignación por la contratación de varios hijos de congresistas en el Poder Legislativo. Fiel a su estilo, inclusive hizo un show ante la prensa, colocándose una pañoleta colorada, haciendo alusión al Partido Colorado, y haciendo burla a la supuesta obligatoriedad de afiliarse para conseguir el primer trabajo.

Lo que la parlamentaria evita recordar es que ella también fue asesora del Senado durante 2 años y, aunque en ese tiempo aún su papá no era senador, ya gozaba de mucha influencia en el ámbito legislativo.

Fue así que sin concurso, el 12 de abril de 2004, el entonces presidente del Senado, Carlos Mateo Balmelli, contrató por tres meses a la abogada Kattya González, en carácter de asesora adscripta a la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario de G. 2 millones mensuales.

En tanto que, el 19 de enero de 2005, el presidente del Senado, Miguel Carrizosa, también la contrató por seis meses para que siga siendo asesora de la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario mensual de G. 2.500.000.

En esa oportunidad, la entonces abogada -hija del político Marcial González Safstrand- no requirió afiliarse al Partido Colorado para conseguir el puesto en la función pública, le habría valido solo los contactos de su padre.

Otro antecedente de González es su contrato como asesora legal en Aduanas, de acuerdo a antecedentes publicados en la prensa.

De manera incoherente, lo que hizo en el pasado, ahora cuestiona.

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El senador resaltó que, “a través de la carrera civil se estaría posibilitando que el ciudadano paraguayo acceda a través de concursos a la función pública, donde se va a tener en cuenta la idoneidad, la meritocracia, para que entre primero contratado y posteriormente pueda hacer una carrera dentro del ámbito de la función pública”, fundamentó.

Asimismo, no descartó la posibilidad de conversar con sus colegas para que el mencionado proyecto sea tratado en una sesión extraordinaria, considerando que el Poder Legislativo se encuentra en receso parlamentario.

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“Hablaré con los colegas para ver si podemos avanzar y, porqué no, en este receso tratar esta ley de carrera Civil, que es tan importante y nos va a ayudar para que Paraguay no tenga un gobierno ‘elefantiasis’”, expresó el legislador.

Igualmente, Núñez sostuvo que se deben mejorar los mecanismos de concursos y de esa manera eliminar los casos de “nepotismo” en la función pública.