Distintas conversaciones vía Whatsapp revelaron que el ministro de Agricultura, Rodolfo Friedmann, ejercía influencia y subordinaba a los funcionarios involucrados en caso de coima del Indert.

Los mensajes dan a entender que el presidente de facto en la institución es él, ya que daba orden para Horacio Torres, ahora ex presidente del ente.

Ante esta situación, en el Congreso se instala una duda sobre un eventual pedido de pérdida de investidura para Friedmann, ya que actualmente se encuentra con permiso en el Senado.

“Tenemos que tratar las cosas como son. Si hay méritos suficientes, hay que aplicar la Constitución, independientemente a las personas que sean”, expresó al respecto el senador Eusebio Ramón Ayala, en comunicación con Universo 970 AM.

Ayala señaló además que a un ministro que es senador, como este caso, no se le podría aplicar la pérdida de investidura mientras ejerza dicha función, sino únicamente una vez que vuelva a su banca. “El papel de investidura es cuando un senador está en ejercicio. Ahora él (Rodolfo Friedmann) está sin investidura, está con permiso”, explicó.

Sin embargo, comentó que no hay ningún obstáculo para una eventual investigación de la Fiscalía, porque no está ejerciendo ningún cargo en el Congreso.

Por otro lado, el senador Tony Apuril anunció que la bancada de Hagamos acompañará un eventual pedido de pérdida de investidura, de la misma manera en la que se hizo en los casos anteriores. “Si existe una denuncia al respecto, vamos a tener a la vista y evaluar lo que sea que haya”, puntualizó.

Señaló además que su posición personal es que las denuncias deben ser investigadas por los propios pares (congresistas).

Otro de los que se pronunció sobre el tema fue el senador Stephan Rassmusen, quien dijo que las denuncias vinculadas a Friedmann una vez más afectan políticamente al presidente de la República, Mario Abdo Benítez.

“Yo creo que todos los casos de denuncias deben ser investigados y llegar hasta el fondo de la cuestión”, agregó.

Una de estas legislaciones, la de reforma del servicio civil, tiene ese estatus de urgencia, considerando la sangría diaria que implica el sostenimiento de la actual estructura legal.

El sistema de ingreso a cargos públicos, las compras de bienes y servicios estatales, la superposición de entidades que duplican gastos, los contratos que otorgan beneficios exagerados a funcionarios son algunos de los puntos que requieren urgente tratamiento para aplicar reformas.

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“Esta propuesta de reforma dará seguridad a quienes concursan, para que no entren los operadores políticos, sino las personas capaces. Varios planilleros entraron en el gobierno anterior, yo lo denuncié”, refirió “Bachi” Núñez, al ser abordado sobre el tema.

En efecto, los episodios de numerosos casos de personas que ingresan a cargos públicos, gracias a las brechas que se abren desde la perspectiva legal, podrán abortarse con la legislación de reforma del servicio civil.

El mandatario había abogado por la necesidad de establecer reglas claras en el sector público con relación al ingreso, permanencia y salida de los funcionarios estatales.

Férreamente, la legisladora Kattya González dispara a los cuatro vientos su indignación por la contratación de varios hijos de congresistas en el Poder Legislativo. Fiel a su estilo, inclusive hizo un show ante la prensa, colocándose una pañoleta colorada, haciendo alusión al Partido Colorado, y haciendo burla a la supuesta obligatoriedad de afiliarse para conseguir el primer trabajo.

Lo que la parlamentaria evita recordar es que ella también fue asesora del Senado durante 2 años y, aunque en ese tiempo aún su papá no era senador, ya gozaba de mucha influencia en el ámbito legislativo.

Fue así que sin concurso, el 12 de abril de 2004, el entonces presidente del Senado, Carlos Mateo Balmelli, contrató por tres meses a la abogada Kattya González, en carácter de asesora adscripta a la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario de G. 2 millones mensuales.

En tanto que, el 19 de enero de 2005, el presidente del Senado, Miguel Carrizosa, también la contrató por seis meses para que siga siendo asesora de la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario mensual de G. 2.500.000.

En esa oportunidad, la entonces abogada -hija del político Marcial González Safstrand- no requirió afiliarse al Partido Colorado para conseguir el puesto en la función pública, le habría valido solo los contactos de su padre.

Otro antecedente de González es su contrato como asesora legal en Aduanas, de acuerdo a antecedentes publicados en la prensa.

De manera incoherente, lo que hizo en el pasado, ahora cuestiona.

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El senador resaltó que, “a través de la carrera civil se estaría posibilitando que el ciudadano paraguayo acceda a través de concursos a la función pública, donde se va a tener en cuenta la idoneidad, la meritocracia, para que entre primero contratado y posteriormente pueda hacer una carrera dentro del ámbito de la función pública”, fundamentó.

Asimismo, no descartó la posibilidad de conversar con sus colegas para que el mencionado proyecto sea tratado en una sesión extraordinaria, considerando que el Poder Legislativo se encuentra en receso parlamentario.

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“Hablaré con los colegas para ver si podemos avanzar y, porqué no, en este receso tratar esta ley de carrera Civil, que es tan importante y nos va a ayudar para que Paraguay no tenga un gobierno ‘elefantiasis’”, expresó el legislador.

Igualmente, Núñez sostuvo que se deben mejorar los mecanismos de concursos y de esa manera eliminar los casos de “nepotismo” en la función pública.