La ley de financiamiento político exige al TSJE que reenvíe a la Contraloría las rendiciones de cuentas de todos los partidos y movimientos políticos, para realizar una verificación documental y enviar un informe a la Justicia Electoral, donde los partidos y movimientos deben justificar y aclarar las observaciones encontradas.

Consultada al respecto, la directora general de Control Gubernamental de la Contraloría, Gladys Fernández, reportó que existen observaciones de forma y de fondo, siendo estas últimas aquellas inconsistencias de incumplimiento de los delineamientos previstos para los partidos y nucleaciones.

En cuanto a las observaciones que pudieran ser de incumplimiento, citó que se realizaron préstamos pero no se adjuntaron los contratos y además los pagarés carecías de todos los datos. Esta situación fue detectada especialmente en las alianzas, tal como la Alianza Senadores por la Patria (con un préstamo de G 9 mil millones); la Alianza por la Patria para Diputados (G 5 mil millones); la Concertación Nacional para un Nuevo Paraguay en Alto Paraná (G 1.500 millones), y la Concertación Nacional para un Nuevo Paraguay- Caaguazú, Diputados y Junta Departamental (G 1500 millones).

Otra debilidad detectada, de acuerdo con la directora de la institución contralora, fue que se detallaron comprobantes de gastos de servicios genéricos (Publicitarios) en Cruzada Nacional, Alianza y la ANR. El problema fue que en vez de estar detallado el gasto, la descripción era genérica.

Así también hubo donaciones pero no se depositaron en la cuenta habilitada; esto ocurrió en Cruzada Nacional. En Alianza Senadores de la Patria, Cruzada y la ANR no se completó el formulario de donaciones.

Más irregularidades: no se habilitó la cuenta única en la Concertación y Alianzas, que es una exigencia del TSJE. En Patria y Cruzada se hicieron cargas de combustible que no se detallaron aspectos como la chapa del vehículo, tipo de combustible, etc.

Un aspecto que llama la atención es la ínfima rendición de cómo financiaron sus campañas algunos partidos políticos. En ese sentido, el PLRA rindió sus ingresos y egresos por poco más de 5 millones guaraníes, sin embargo podría recibir más de 1.000 millones. Mientras que Cruzada Nacional rindió la suma de 21 millones, pero recibiría más de 9.000 millones. Según Fernández, estos montos serán determinados por el TSJE, donde deben ser presentados los descargos, para finalmente conocer la cifra que correspondería a cada organización política. En contrapartida, la ANR declaró el mayor monto de ingresos y egresos, mientras que otras ni siquiera presentaron.

El financiamiento político en Paraguay cuenta con un sistema de financiamiento mixto dado que combina el aporte público o estatal con el privado. La normativa que regula el financiamiento político fue modificada en el año 2012, mediante la ley Nº4743 que produjo la modificación de quince artículos del Código Electoral.

En el año 2020 surge la última modificación al Código Electoral en materia de Financiamiento Político, con la promulgación de la Ley Nº6501/2020 la cual establece la obligación de candidatos de realizar Declaraciones de Ingresos y Gastos de Campaña, Declaraciones de Interés Económico Vinculado y Rendiciones de Cuentas por la participación en Internas Partidarias y Elecciones Generales y/o Municipales.

Una de estas legislaciones, la de reforma del servicio civil, tiene ese estatus de urgencia, considerando la sangría diaria que implica el sostenimiento de la actual estructura legal.

El sistema de ingreso a cargos públicos, las compras de bienes y servicios estatales, la superposición de entidades que duplican gastos, los contratos que otorgan beneficios exagerados a funcionarios son algunos de los puntos que requieren urgente tratamiento para aplicar reformas.

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“Esta propuesta de reforma dará seguridad a quienes concursan, para que no entren los operadores políticos, sino las personas capaces. Varios planilleros entraron en el gobierno anterior, yo lo denuncié”, refirió “Bachi” Núñez, al ser abordado sobre el tema.

En efecto, los episodios de numerosos casos de personas que ingresan a cargos públicos, gracias a las brechas que se abren desde la perspectiva legal, podrán abortarse con la legislación de reforma del servicio civil.

El mandatario había abogado por la necesidad de establecer reglas claras en el sector público con relación al ingreso, permanencia y salida de los funcionarios estatales.

Férreamente, la legisladora Kattya González dispara a los cuatro vientos su indignación por la contratación de varios hijos de congresistas en el Poder Legislativo. Fiel a su estilo, inclusive hizo un show ante la prensa, colocándose una pañoleta colorada, haciendo alusión al Partido Colorado, y haciendo burla a la supuesta obligatoriedad de afiliarse para conseguir el primer trabajo.

Lo que la parlamentaria evita recordar es que ella también fue asesora del Senado durante 2 años y, aunque en ese tiempo aún su papá no era senador, ya gozaba de mucha influencia en el ámbito legislativo.

Fue así que sin concurso, el 12 de abril de 2004, el entonces presidente del Senado, Carlos Mateo Balmelli, contrató por tres meses a la abogada Kattya González, en carácter de asesora adscripta a la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario de G. 2 millones mensuales.

En tanto que, el 19 de enero de 2005, el presidente del Senado, Miguel Carrizosa, también la contrató por seis meses para que siga siendo asesora de la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario mensual de G. 2.500.000.

En esa oportunidad, la entonces abogada -hija del político Marcial González Safstrand- no requirió afiliarse al Partido Colorado para conseguir el puesto en la función pública, le habría valido solo los contactos de su padre.

Otro antecedente de González es su contrato como asesora legal en Aduanas, de acuerdo a antecedentes publicados en la prensa.

De manera incoherente, lo que hizo en el pasado, ahora cuestiona.

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El senador resaltó que, “a través de la carrera civil se estaría posibilitando que el ciudadano paraguayo acceda a través de concursos a la función pública, donde se va a tener en cuenta la idoneidad, la meritocracia, para que entre primero contratado y posteriormente pueda hacer una carrera dentro del ámbito de la función pública”, fundamentó.

Asimismo, no descartó la posibilidad de conversar con sus colegas para que el mencionado proyecto sea tratado en una sesión extraordinaria, considerando que el Poder Legislativo se encuentra en receso parlamentario.

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“Hablaré con los colegas para ver si podemos avanzar y, porqué no, en este receso tratar esta ley de carrera Civil, que es tan importante y nos va a ayudar para que Paraguay no tenga un gobierno ‘elefantiasis’”, expresó el legislador.

Igualmente, Núñez sostuvo que se deben mejorar los mecanismos de concursos y de esa manera eliminar los casos de “nepotismo” en la función pública.