A través de un manifiesto publicado en la jornada de ayer, la Mesa de Presidentes de Partidos Políticos de la Oposición sentó postura sobre el caso que involucra a Efraín Alegre.

Dicha nucleación está conformada por el Frente Guasu, el Partido Encuentro Nacional (PEN), el Partido Revolucionario Febrerista (PRF), el Partido de la A, el Partido Democrático Progresista (PDP) y el Partido Paraguay Tekopyahu (PTP) junto con los movimientos MOPOCO y Franja Colorada de la ANR.

En la nota, las máximas autoridades de dichas agrupaciones políticas expresan su repudio y rechazo a “la grave persecución política” que tiene como protagonista al titular del Partido Liberal, “utilizando al Ministerio Público como instrumento para amenazarlo, amedrentarlo y procesarlo de manera ilegal y arbitraria”.

Asimismo, afirman que la audiencia de Efraín Alegre llevada a cabo el pasado martes “demostró el modo selectivo, corrupto y manipulado que utiliza la Fiscalía para perseguir a los demócratas siguiendo órdenes de las organizaciones mafiosas enquistadas en la institución”.

Según refiere la nota, las inconsistencias, incongruencias y falta de elementos jurídicos para intentar enjuiciar al presidente del PLRA “demuestran la clara intención de acallar las voces disidentes, sometiéndolas a un proceso judicial sin ningún sentido lógico y menos jurídico”. Por ello, catalogan a la imputación en su contra como “arbitraria sobre hechos imposibles”.

“Nos solidarizamos con el compañero Efraín Alegre, víctima más del sistema perverso y corrupto que nos rige, y le expresamos nuestro apoyo y compromiso en acompañarle en esta lucha contra las mafias”, reza el documento de la Mesa de Presidentes de Partidos Políticos de la Oposición.

Cabe recordar que Efraín Alegre fue imputado por los hechos punibles de producción de documentos no auténticos, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y uso de documentos públicos de contenido falso, en relación al caso de facturas adulteradas por valor de G. 1.700 millones en el PLRA.

Una de estas legislaciones, la de reforma del servicio civil, tiene ese estatus de urgencia, considerando la sangría diaria que implica el sostenimiento de la actual estructura legal.

El sistema de ingreso a cargos públicos, las compras de bienes y servicios estatales, la superposición de entidades que duplican gastos, los contratos que otorgan beneficios exagerados a funcionarios son algunos de los puntos que requieren urgente tratamiento para aplicar reformas.

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“Esta propuesta de reforma dará seguridad a quienes concursan, para que no entren los operadores políticos, sino las personas capaces. Varios planilleros entraron en el gobierno anterior, yo lo denuncié”, refirió “Bachi” Núñez, al ser abordado sobre el tema.

En efecto, los episodios de numerosos casos de personas que ingresan a cargos públicos, gracias a las brechas que se abren desde la perspectiva legal, podrán abortarse con la legislación de reforma del servicio civil.

El mandatario había abogado por la necesidad de establecer reglas claras en el sector público con relación al ingreso, permanencia y salida de los funcionarios estatales.

Férreamente, la legisladora Kattya González dispara a los cuatro vientos su indignación por la contratación de varios hijos de congresistas en el Poder Legislativo. Fiel a su estilo, inclusive hizo un show ante la prensa, colocándose una pañoleta colorada, haciendo alusión al Partido Colorado, y haciendo burla a la supuesta obligatoriedad de afiliarse para conseguir el primer trabajo.

Lo que la parlamentaria evita recordar es que ella también fue asesora del Senado durante 2 años y, aunque en ese tiempo aún su papá no era senador, ya gozaba de mucha influencia en el ámbito legislativo.

Fue así que sin concurso, el 12 de abril de 2004, el entonces presidente del Senado, Carlos Mateo Balmelli, contrató por tres meses a la abogada Kattya González, en carácter de asesora adscripta a la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario de G. 2 millones mensuales.

En tanto que, el 19 de enero de 2005, el presidente del Senado, Miguel Carrizosa, también la contrató por seis meses para que siga siendo asesora de la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario mensual de G. 2.500.000.

En esa oportunidad, la entonces abogada -hija del político Marcial González Safstrand- no requirió afiliarse al Partido Colorado para conseguir el puesto en la función pública, le habría valido solo los contactos de su padre.

Otro antecedente de González es su contrato como asesora legal en Aduanas, de acuerdo a antecedentes publicados en la prensa.

De manera incoherente, lo que hizo en el pasado, ahora cuestiona.

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El senador resaltó que, “a través de la carrera civil se estaría posibilitando que el ciudadano paraguayo acceda a través de concursos a la función pública, donde se va a tener en cuenta la idoneidad, la meritocracia, para que entre primero contratado y posteriormente pueda hacer una carrera dentro del ámbito de la función pública”, fundamentó.

Asimismo, no descartó la posibilidad de conversar con sus colegas para que el mencionado proyecto sea tratado en una sesión extraordinaria, considerando que el Poder Legislativo se encuentra en receso parlamentario.

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“Hablaré con los colegas para ver si podemos avanzar y, porqué no, en este receso tratar esta ley de carrera Civil, que es tan importante y nos va a ayudar para que Paraguay no tenga un gobierno ‘elefantiasis’”, expresó el legislador.

Igualmente, Núñez sostuvo que se deben mejorar los mecanismos de concursos y de esa manera eliminar los casos de “nepotismo” en la función pública.