Facturas falsas que sirvieron para engañar a familias campesinas, contratación de “planilleros”, obras que nunca se terminaron, un oscuro manejo familiar en la gestión de la merienda escolar y decenas de denuncias en la Contraloría por supuesta malversación de fondos, son algunos de los “clavos” que dejó en la Gobernación de Paraguarí el actual presidente de la Cámara de Diputados, Miguel Cuevas, de acuerdo a la investigación periodística que publica en la fecha el diario La Nación.

En Sapucai, departamento de Paraguarí, todavía recuerdan al Miguel Cuevas zapatero. Tenía un local en su propia casa. Una construcción pequeña, cerca del centro de la ciudad. Su hogar familiar todavía sigue allí, pero de la antigua casita ya no queda nada. Ahora en el lugar se construyó una fortaleza. Con murallas altas, con dos o tres guardias que se turnan por horas y cámaras de seguridad que se cruzan alrededor de la casa, don Miguel Cuevas disfruta sus días con su familia lejos de la angustia económica.

A principios de los 90, Miguel Cuevas ya tenía su recorrido en la política local, específicamente en la interna del Partido Colorado (ANR). Ascendió rápidamente con el apoyo de mucha gente que hoy ya no tiene la misma percepción que tenía sobre él en aquella época. En 1996, Miguel Cuevas Ruiz Díaz fue elegido intendente de su ciudad, Sapucai. A partir de ese año la vida de Cuevas cambió para siempre. Hoy es dueño de estancias, de empresas, de ganado y de una flota de vehículos cero kilómetros.

Completó su periodo y posteriormente consiguió un puesto clave en la administración pública; primero fue subadministrador y luego administrador de la Administración de Puertos de Paranaguá. En el 2010, se volvió a candidatar para la intendencia de Sapucai y ganó. Sin embargo, este periodo ya no completó porque peleó para gobernador de Paraguarí, cargo al que accedió en el 2013, por el movimiento Honor Colorado de la ANR. En el 2017 dejó las carpas de HC para unirse al movimiento Colorado Añetete y logró un escaño como diputado nacional por su departamento.

FACTURAS FALSAS

Dentro de la gestión de Cuevas como gobernador de Paraguarí resalta desembolsos para entidades sin fines de lucro y la del rubro destinado a “construcciones”. De todos los desembolsos que constan en los informes de la Gobernación, este equipo periodístico tomó algunos casos.

Uno de ellos tiene que ver con la compra de bolsas de fertilizantes que tenían que ser destinadas para un proyecto de ayuda a pequeños productos. La beneficiada fue la agrupación Kuña Aty, un pequeño comité que empezó con 26 integrantes en el 2015 y que actualmente tiene 12 miembros de la compañía Cerro Rokê, una hermosa zona de Sapucai que descansa entre cerros.

Este comité fue beneficiado supuestamente con la entrega de varios equipos para la construcción y semillas como para la puesta a punto de huertas familiares. La ayuda, además de fertilizantes, incluía mediasombras, alambres y principalmente la perforación de un pozo artesiano para la extracción de agua. “Sin agua es imposible trabajar en huerta, es indispensable”, razona Mercedes Cáceres, presidenta de este comité que prácticamente dejó de funcionar porque no pueden trabajar en las huertas sin el agua.

Mercedes tiene todo ordenado. En varias carpetas guarda prácticamente la historia misma de su agrupación. Tiene las actas, los documentos y hasta la constitución vía escribanía del comité. Entre estos papeles figuran las facturas que le entregó la Gobernación a cargo de Cuevas como ayuda dentro del programa. Una de las facturas corresponde supuestamente al comercial “Báez”, que figura a nombre de Elva Arzamendia de Báez. Este comercio está ubicado en el centro mismo de la ciudad de Caazapá, en el departamento del mismo nombre. En dicho documento, la Gobernación supuestamente compró para el comité Kuña Aty un total de 40 bolsas de fertilizantes por valor de G. 10 millones, según factura N° 2147, timbrado 11778423, sin fecha, pero de mayo del 2017.

El equipo de GEN y La Nación llegó hasta el comercial Báez en Caazapá y comprobó que en este local jamás vendieron fertilizantes y que nunca fueron clientes de la Gobernación de Paraguarí. En efecto, el número de factura y timbrado que la Gobernación entregó al comité Kuña Aty aparece con otra mercadería vendida por este negocio. Según la factura original N° 2147, timbrado 11778423 que consta en sus estados contables de Comercial Báez, la firma vendió sal mineral y dos desmamantes por valor de G. 1.760.000 el 22 de mayo del 2017.

“Nosotros hace 20 años que trabajamos como vendedores de balanceado y otros. Nunca trabajamos con fertilizantes y nunca fuimos proveedores del Estado, ni para la Municipalidad ni la Gobernación ni nada de ningún lado del país”, refiere la señora Elva Arzamendia, propietaria de este local. Doña Elva se muestra sorprendida y asustada por lo que el equipo de LN y GEN le comenta. “Voy a hablar con mi contadora, voy a iniciar una denuncia fiscal porque me pueden perjudicar demasiado grande”, dice la mujer.

Otro caso similar tiene que ver con la empresa “El Puente”, que se encarga de hacer perforaciones y montaje de pozos artesianos. Entre los documentos que la Gobernación de Paraguarí le entregó a Kuña Aty, figura el pago de G. 40 millones para hacer el pozo. En el lugar donde se tenía que hacer la construcción, se hizo apenas una excavación, nunca se terminó la obra. No hay caños ni tanque. Por eso, el proyecto con Kuña Aty fracasó. El equipo periodístico de La Nación y GEN llamó a preguntar por un presupuesto a la misma empresa y la respuesta fue contundente; todo montado, con motobomba, piola, excavación y los caños, el costo total con mano de obra incluida, no podría superar los G. 20 millones.

Según datos de la propia Gobernación, solamente en el 2017, esta institución “entregó” más de G. 1.500 millones para entidades sin fines de lucro. Gran parte del dinero que se le entregó a este tipo de organizaciones se hizo figurar dentro de rubro correspondiente a estas ayudas.

PROVEEDOR NOMBRADO

Miguel Cuevas Ruiz Díaz asumió como presidente de la Cámara de Diputados el pasado 30 de junio de este año. Al día siguiente, el 1 de julio, nombró y con cargo de “director de Desarrollo” a Vicente Humberto Vega Dávalos, un seccionalero de Paraguarí e hijo de Vicente Vega Zárate, uno de los principales “proveedores” de todo tipo de productos para la Gobernación durante la gestión de Cuevas Ruiz Díaz. En el 2014, Vega Zárate facturó unos G. 875 millones para la Gobernación, pero un año después, en el 2015, fue suspendido por la propia Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). Su hijo Vicente Vega Dávalos asume como “director de Desarrollo” en situación de funcionario “permanente” sin pasar por ningún tipo de concurso de oposición.

Además de Vega Zárate, el nuevo titular de Diputados hizo al menos 35 nombramientos más. También el hijo de Miguel Cuevas, Enzo, aparece todos los días por la Cámara de Diputados, pero no figura –hasta ahora– en alguna nómina oficial de funcionarios. Para el presidente de la Cámara de Diputados, todo lo que se publica es parte de una campaña mediática y política en su contra.

LA SET COTEJA DATOS

“Las facturas son únicas. Timbrado, número, etcétera. Ante la situación de un caso en donde hay dos documentos con los mismo números, es casi un hecho que estamos ante un caso de clonación o falsificación”, explicó Liz del Padre, viceministra de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET).

Si bien la funcionaria no quiso dar un comentario directo sobre este caso que sacan GEN y La Nación, dijo que el trabajo de la SET se reduce básicamente en cotejar los datos, los números, hacer un relevamiento y entregar estos datos al Ministerio Público, ya que se trata de un caso de producción de contenido falso que debe ser investigado por dicha unidad del Estado.

El diario, según anunció, revelará mañana viernes el modus operandi para “ayudar” a las organizaciones con documentos falsos.

Una de estas legislaciones, la de reforma del servicio civil, tiene ese estatus de urgencia, considerando la sangría diaria que implica el sostenimiento de la actual estructura legal.

El sistema de ingreso a cargos públicos, las compras de bienes y servicios estatales, la superposición de entidades que duplican gastos, los contratos que otorgan beneficios exagerados a funcionarios son algunos de los puntos que requieren urgente tratamiento para aplicar reformas.

Lea también: Kattya fue funcionaria sin concurso, y ahora "el muerto se asusta del degollado"

“Esta propuesta de reforma dará seguridad a quienes concursan, para que no entren los operadores políticos, sino las personas capaces. Varios planilleros entraron en el gobierno anterior, yo lo denuncié”, refirió “Bachi” Núñez, al ser abordado sobre el tema.

En efecto, los episodios de numerosos casos de personas que ingresan a cargos públicos, gracias a las brechas que se abren desde la perspectiva legal, podrán abortarse con la legislación de reforma del servicio civil.

El mandatario había abogado por la necesidad de establecer reglas claras en el sector público con relación al ingreso, permanencia y salida de los funcionarios estatales.

Férreamente, la legisladora Kattya González dispara a los cuatro vientos su indignación por la contratación de varios hijos de congresistas en el Poder Legislativo. Fiel a su estilo, inclusive hizo un show ante la prensa, colocándose una pañoleta colorada, haciendo alusión al Partido Colorado, y haciendo burla a la supuesta obligatoriedad de afiliarse para conseguir el primer trabajo.

Lo que la parlamentaria evita recordar es que ella también fue asesora del Senado durante 2 años y, aunque en ese tiempo aún su papá no era senador, ya gozaba de mucha influencia en el ámbito legislativo.

Fue así que sin concurso, el 12 de abril de 2004, el entonces presidente del Senado, Carlos Mateo Balmelli, contrató por tres meses a la abogada Kattya González, en carácter de asesora adscripta a la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario de G. 2 millones mensuales.

En tanto que, el 19 de enero de 2005, el presidente del Senado, Miguel Carrizosa, también la contrató por seis meses para que siga siendo asesora de la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario mensual de G. 2.500.000.

En esa oportunidad, la entonces abogada -hija del político Marcial González Safstrand- no requirió afiliarse al Partido Colorado para conseguir el puesto en la función pública, le habría valido solo los contactos de su padre.

Otro antecedente de González es su contrato como asesora legal en Aduanas, de acuerdo a antecedentes publicados en la prensa.

De manera incoherente, lo que hizo en el pasado, ahora cuestiona.

Leé más: Kattya González fue asesora del Congreso en el pasado

El senador resaltó que, “a través de la carrera civil se estaría posibilitando que el ciudadano paraguayo acceda a través de concursos a la función pública, donde se va a tener en cuenta la idoneidad, la meritocracia, para que entre primero contratado y posteriormente pueda hacer una carrera dentro del ámbito de la función pública”, fundamentó.

Asimismo, no descartó la posibilidad de conversar con sus colegas para que el mencionado proyecto sea tratado en una sesión extraordinaria, considerando que el Poder Legislativo se encuentra en receso parlamentario.

Puede interesar: “Apoyo a emprendedores es fundamental para la generación de empleos”

“Hablaré con los colegas para ver si podemos avanzar y, porqué no, en este receso tratar esta ley de carrera Civil, que es tan importante y nos va a ayudar para que Paraguay no tenga un gobierno ‘elefantiasis’”, expresó el legislador.

Igualmente, Núñez sostuvo que se deben mejorar los mecanismos de concursos y de esa manera eliminar los casos de “nepotismo” en la función pública.