Así lo consideró el director del Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA), Ezequiel Santagada, quien se hizo eco a través de sus redes sociales de la decisión del Dende (Desarrollo en Democracia), de suspender el debate presidencial al rechazar la petición de Santiago Peña de que los demás candidatos también participen del encuentro.

“Se puede organizar un debate presidencial con todos los candidatos, por mínimas chances que tengan”, dijo mostrando el realizado en Argentina recientemente con todos los postulantes. “Un debate de 2 invisibiliza a los demás candidatos y menoscaba el derecho a la información de los electores”, remarcó al insistir que si tenés pluralidad de candidatos, tenés que darle voz a todos.

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En el 2013, Dende (Desarrollo en Democracia), ya había organizado el debate presidencial, con la participación de cuatro candidatos. Sin embargo, el mismo grupo, hoy llamativamente exige que solamente sean dos los invitados (Santiago Peña y Efraín Alegre) y se niega a incluir a los demás aspirantes.

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Otro dato importante es quiénes están detrás de la organización de este debate presidencial.

En ese sentido aparece Santiago Llano Cavina, esposo de Andrea Zuccolillo, hermana menor de Natalia, directora de Abc Color, es director del grupo Azeta y vicepresidente primero del Banco Atlas. El mismo es uno de los que forma parte del grupo de organizadores del debate presidencial, suspendido porque se negaron a invitar un tercer o un cuarto presidenciable a participar.

Por su parte, Raúl Ayala Diarte, otro de los organizadores, integra el Consejo directivo de la ONG Horizonte Positivo, Despertar y Dende que también son instituciones dentro del denominado “Comité de Debate Presidencial”.

Diarte integra la Concertación Nacional y apoya abiertamente a la dupla Alegre-Núñez. De hecho, esta parcialidad no es nueva, y a que en el 2012 también había declarado su acompañamiento a Efraín Alegre.

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Diez años después, en el 2022, firmó una alianza electoral como representante de Despertar, junto a Kattya González y a Soledad Núñez.

Una de estas legislaciones, la de reforma del servicio civil, tiene ese estatus de urgencia, considerando la sangría diaria que implica el sostenimiento de la actual estructura legal.

El sistema de ingreso a cargos públicos, las compras de bienes y servicios estatales, la superposición de entidades que duplican gastos, los contratos que otorgan beneficios exagerados a funcionarios son algunos de los puntos que requieren urgente tratamiento para aplicar reformas.

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“Esta propuesta de reforma dará seguridad a quienes concursan, para que no entren los operadores políticos, sino las personas capaces. Varios planilleros entraron en el gobierno anterior, yo lo denuncié”, refirió “Bachi” Núñez, al ser abordado sobre el tema.

En efecto, los episodios de numerosos casos de personas que ingresan a cargos públicos, gracias a las brechas que se abren desde la perspectiva legal, podrán abortarse con la legislación de reforma del servicio civil.

El mandatario había abogado por la necesidad de establecer reglas claras en el sector público con relación al ingreso, permanencia y salida de los funcionarios estatales.

Férreamente, la legisladora Kattya González dispara a los cuatro vientos su indignación por la contratación de varios hijos de congresistas en el Poder Legislativo. Fiel a su estilo, inclusive hizo un show ante la prensa, colocándose una pañoleta colorada, haciendo alusión al Partido Colorado, y haciendo burla a la supuesta obligatoriedad de afiliarse para conseguir el primer trabajo.

Lo que la parlamentaria evita recordar es que ella también fue asesora del Senado durante 2 años y, aunque en ese tiempo aún su papá no era senador, ya gozaba de mucha influencia en el ámbito legislativo.

Fue así que sin concurso, el 12 de abril de 2004, el entonces presidente del Senado, Carlos Mateo Balmelli, contrató por tres meses a la abogada Kattya González, en carácter de asesora adscripta a la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario de G. 2 millones mensuales.

En tanto que, el 19 de enero de 2005, el presidente del Senado, Miguel Carrizosa, también la contrató por seis meses para que siga siendo asesora de la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario mensual de G. 2.500.000.

En esa oportunidad, la entonces abogada -hija del político Marcial González Safstrand- no requirió afiliarse al Partido Colorado para conseguir el puesto en la función pública, le habría valido solo los contactos de su padre.

Otro antecedente de González es su contrato como asesora legal en Aduanas, de acuerdo a antecedentes publicados en la prensa.

De manera incoherente, lo que hizo en el pasado, ahora cuestiona.

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El senador resaltó que, “a través de la carrera civil se estaría posibilitando que el ciudadano paraguayo acceda a través de concursos a la función pública, donde se va a tener en cuenta la idoneidad, la meritocracia, para que entre primero contratado y posteriormente pueda hacer una carrera dentro del ámbito de la función pública”, fundamentó.

Asimismo, no descartó la posibilidad de conversar con sus colegas para que el mencionado proyecto sea tratado en una sesión extraordinaria, considerando que el Poder Legislativo se encuentra en receso parlamentario.

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“Hablaré con los colegas para ver si podemos avanzar y, porqué no, en este receso tratar esta ley de carrera Civil, que es tan importante y nos va a ayudar para que Paraguay no tenga un gobierno ‘elefantiasis’”, expresó el legislador.

Igualmente, Núñez sostuvo que se deben mejorar los mecanismos de concursos y de esa manera eliminar los casos de “nepotismo” en la función pública.