Latorre refirió que la conformación de la comisión especial está aprobada y que solo queda aguardar que los líderes de bancada presenten la lista de sus representantes que integrarán el grupo de trabajo, tanto de la Cámara de Diputados como de Senadores.

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La “Comisión bicameral encargada del estudio del informe y dictamen de la Contraloría General de la República (CGR), sobre el informe financiero del Ministerio de Hacienda, correspondiente al ejercicio fiscal 2022”, buscará determinar cómo fue el funcionamiento de todas las instituciones señaladas por el ente de control.

“Creemos que va a ser muy importante la revisión de este informe que realizó la Contraloría y que plantea denuncias extremadamente graves en sectores muy sensibles” indicó el presidente de la Cámara Baja, Raúl Latorre, al programa “Arriba Hoy” del Canal GEN/Nación Media.

Latorre mencionó que con este trabajo, apuntan a combatir la corrupción y la impunidad de manera más efectiva para castigar a quienes hacen mal las cosas, y así sellar un precedente.

“Coincidimos de forma irrefutable que, quien cometió un acto de corrupción, debe pagar las consecuencias. Tiene que ir a la cárcel” agregó el diputado.

Instituto de Previsión Social, Ministerio de Educación y Ciencias, Salud, Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio del Interior, son solo algunas de las instituciones donde la Contraloría observó altos indicios de corrupción y faltantes de miles de millones de guaraníes.

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El informe del ente contralor determinó que el gobierno de Mario Abdo dejó grandes deudas en la ejecución de proyectos y sin ser transparentadas, como en el IPS, donde no se presentó los documentos respaldatorios de pagos realizados por más de 1 billón de guaraníes.

Una de estas legislaciones, la de reforma del servicio civil, tiene ese estatus de urgencia, considerando la sangría diaria que implica el sostenimiento de la actual estructura legal.

El sistema de ingreso a cargos públicos, las compras de bienes y servicios estatales, la superposición de entidades que duplican gastos, los contratos que otorgan beneficios exagerados a funcionarios son algunos de los puntos que requieren urgente tratamiento para aplicar reformas.

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“Esta propuesta de reforma dará seguridad a quienes concursan, para que no entren los operadores políticos, sino las personas capaces. Varios planilleros entraron en el gobierno anterior, yo lo denuncié”, refirió “Bachi” Núñez, al ser abordado sobre el tema.

En efecto, los episodios de numerosos casos de personas que ingresan a cargos públicos, gracias a las brechas que se abren desde la perspectiva legal, podrán abortarse con la legislación de reforma del servicio civil.

El mandatario había abogado por la necesidad de establecer reglas claras en el sector público con relación al ingreso, permanencia y salida de los funcionarios estatales.

Férreamente, la legisladora Kattya González dispara a los cuatro vientos su indignación por la contratación de varios hijos de congresistas en el Poder Legislativo. Fiel a su estilo, inclusive hizo un show ante la prensa, colocándose una pañoleta colorada, haciendo alusión al Partido Colorado, y haciendo burla a la supuesta obligatoriedad de afiliarse para conseguir el primer trabajo.

Lo que la parlamentaria evita recordar es que ella también fue asesora del Senado durante 2 años y, aunque en ese tiempo aún su papá no era senador, ya gozaba de mucha influencia en el ámbito legislativo.

Fue así que sin concurso, el 12 de abril de 2004, el entonces presidente del Senado, Carlos Mateo Balmelli, contrató por tres meses a la abogada Kattya González, en carácter de asesora adscripta a la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario de G. 2 millones mensuales.

En tanto que, el 19 de enero de 2005, el presidente del Senado, Miguel Carrizosa, también la contrató por seis meses para que siga siendo asesora de la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario mensual de G. 2.500.000.

En esa oportunidad, la entonces abogada -hija del político Marcial González Safstrand- no requirió afiliarse al Partido Colorado para conseguir el puesto en la función pública, le habría valido solo los contactos de su padre.

Otro antecedente de González es su contrato como asesora legal en Aduanas, de acuerdo a antecedentes publicados en la prensa.

De manera incoherente, lo que hizo en el pasado, ahora cuestiona.

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El senador resaltó que, “a través de la carrera civil se estaría posibilitando que el ciudadano paraguayo acceda a través de concursos a la función pública, donde se va a tener en cuenta la idoneidad, la meritocracia, para que entre primero contratado y posteriormente pueda hacer una carrera dentro del ámbito de la función pública”, fundamentó.

Asimismo, no descartó la posibilidad de conversar con sus colegas para que el mencionado proyecto sea tratado en una sesión extraordinaria, considerando que el Poder Legislativo se encuentra en receso parlamentario.

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“Hablaré con los colegas para ver si podemos avanzar y, porqué no, en este receso tratar esta ley de carrera Civil, que es tan importante y nos va a ayudar para que Paraguay no tenga un gobierno ‘elefantiasis’”, expresó el legislador.

Igualmente, Núñez sostuvo que se deben mejorar los mecanismos de concursos y de esa manera eliminar los casos de “nepotismo” en la función pública.