• Por Óscar Gavilán, periodista, oscar.gavilan@gruponacion.cm.py

El ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral, Dr. Jaime Bestard, en diálogo exclusivo con La Nación, realizó un resumen de gestión y sostuvo que el año 2020 será una prueba crucial para el organismo electoral, en donde se pondrá en vigencia la nueva ley de desbloqueo de listas y el uso de las urnas electrónicas. Sostuvo que la reforma electoral será una atracción para la ciudadanía, pero una gran responsabilidad para el Tribunal Electoral.

El presidente del Tribunal Electoral al ser requerido sobre la evaluación de la gestión de este año, dijo que este año que se va fue positivo, de consolidación, de mucha preparación, y que el 2020 será un gran desafío por la implementación de la reforma electoral.

–¿En qué consiste la reforma electoral, ministro?

–La reforma implica el desbloqueo de listas, en los cuerpos colegiados, y la implementación de muchas tecnologías. Esto significa un cambio total en la concepción misma del sistema electoral, y también en la forma de hacer política, porque los candidatos estarán obligados en trabajar en forma de distinta manera, porque con el desbloqueo de listas, cada candidato se convierte en el dueño de su candidatura. Luego de la reforma, vamos a hacer un balance a ver si se justificó desde el punto de vista político, si se mejoró la calidad de la política. El gran desafío es hacer que el proceso electoral sea transparente, confiable y sobre todo que el sistema sea fácil de entender para los electores, mientras el sistema sea confiable eso facilitará el trabajo, y que la tecnología sea de simple comprensión, entendible para cualquier persona, y sobre todo preservar los principios fundamentales de cualquier sistema democrático, que es el secreto del voto, que sea verificable. Es decir que cada elector verifique que el voto que marcó sea similar a los boletines impresos. Y que luego el escrutinio sea público y fiscalizado.

La tecnología facilitará que las actas sean impresas con los resultados; eso va a solucionar los problemas, errores, correcciones que se hacen con las redacciones en forma manual. Con esto vamos a ganar tiempo y precisión. El sistema de transmisión de resultado será el mismo que es muy confiable y seguro, que es el sistema TREP”.

–¿Cómo se encuentra el proceso de adjudicación para la provisión de las máquinas electrónicas?

–El análisis técnico está en su etapa final. Ya se tiene una resolución que excluye a una de las firmas competidoras, solamente falta la apertura del sobre económico para concluir la licitación. Las pruebas técnicas de las máquinas electrónicas se realizaron con mucho rigor, con mucha concentración y el asesoramiento del Instituto de Tecnología y Normalización, como la del calor, que la máquina soporte hasta 25 grados, para que no sean sometidas a una posibilidad de fracaso, considerando que nuestro país es muy cálido en el mes de noviembre. Asimismo, se hicieron pruebas de las baterías, con cantidad de electores y la rapidez para sufragar. También se hizo prueba del material que queda impreso: el voto de las personas. Los resultados fueron muy contundentes, solo se espera el plazo legal para la apertura del sobre económico y hacer la adjudicación.

–¿Con el presupuesto del 2020, se cumplirá el cronograma electoral?

–El presupuesto para el próximo año es satisfactorio. Logramos un acuerdo importante con el Ministerio de Hacienda para cubrir los costos para el cumplimiento de la implementación de la nueva ley. Hablamos inicialmente entre 60 a 70 millones de dólares solamente para la utilización de la tecnología; sin incluir ningún otro gasto que significa una elección. Sin embargo, terminamos con la opción de arrendamiento por todo el año 2020, con lo cual hemos logrado abaratar el precio a 20 millones de dólares. El Parlamento también respondió a esa inquietud y al proyecto de ley que ellos mismos sancionaron.

Quiero transmitir seguridad a la ciudadanía y expresar que estamos empeñados y sobre todo muy convencido de lo que estamos haciendo, y que la implementación de la tecnología y el desbloqueo de listas serán una motivación muy grande para el electorado, sobre todo para los jóvenes. Siempre se habla de la juventud, sin embargo, el porcentaje de participación no suele ser alto, al contrario, esa franja entre 18 y 30 años suele votar menos, ojalá que con la utilización de la tecnología mejore la cantidad de participantes.

PREVIA: INTERNAS

–Las elecciones internas simultáneas y generales de las municipalidades serán decisivas…

–Será una prueba de fuego, que va a requerir una gran capacitación previa, el gran desafío será hacer conocer a la ciudadanía la utilización de la tecnología. Nuestro objetivo será realizar jornadas de capacitación a todos los sectores políticos, a los municipios, educativos y los poderes del Estado, al sector privado, así como en las plazas públicas, con móviles de la institución. Esta tecnología que se va a utilizar es absolutamente diferente a la que se llegó a utilizar alguna vez, como las urnas brasileñas; estas máquinas electrónicas no tienen nada que ver. Las que se van a utilizar son fácil de entender, no tienen un teclado numérico, sino que tienen una pantalla táctil, con el rostro, el color y el número de cada uno de los partidos y de los candidatos. Y eso facilitará a los electores, porque es como si estuviera viendo una boleta de votación, es fácil de utilizar y preserva el secreto del voto. Además, permitirá que el mismo elector vea su voto.

–¿Cuál es el nivel de relacionamiento del TSJE con los organismos internacionales?

–Estamos muy estrechamente con varios organismos internacionales, especialmente con la Unión Europea, y la OEA. Tenemos firmado un convenio que habíamos hecho luego de la promulgación de la ley del desbloqueo y la utilización de las urnas electrónicas. La OEA va a enviar una misión para dar acompañamiento del nuevo sistema que se va a utilizar el próximo año. También tenemos el asesoramiento de las Naciones Unidas, y la Unión Internacional de Organismos Electorales (UNIORE), y además tenemos los presidentes y técnicos de organismos electorales que siempre nos están acompañando.

–¿Cómo está conceptuado el Tribunal Electoral paraguayo en la región?

–Está muy bien conceptuado. Tenemos un buen concepto de los demás países de la región, sobre todo, destacan la confianza en el sistema de transmisión de resultados con relación a Uruguay, que tiene un sistema anticuado, que recién ahora están incorporando tecnologías y consultaron con Paraguay algunos aspectos positivos de nuestro sistema, y la última vez tuvieron un resultado con mucha rapidez. Ecuador también ha solicitado el asesoramiento de Paraguay, así como República Dominicana, que el próximo año tiene previsto realizar el 100 por ciento con urnas electrónicas.

La mayoría de los organismos internacionales consideran que el sistema electoral paraguayo es confiable. De acuerdo a los últimos acontecimientos en la región, los órganos electorales en estos momentos son las primeras trincheras, el primer mecanismo de defensa para la institucionalidad. En Bolivia, y el lamentable proceso en donde una auditoría de la OEA determinó que hubo un fraude, afectó tremendamente la institucionalidad, y los miembros del Tribunal Supremo Electoral fueron todos procesados. A nivel internacional, se resalta que todos los organismos electorales que tienen independencia y que tienen alta capacidad técnica son los que le dan solidez al sistema democrático. En tanto, que en Uruguay en donde la diferencia entre los candidatos fue mínimo, la Corte Electoral impuso su prestigio y seriedad, y se confió absolutamente en el resultado.

–El financiamiento político es otro de los objetivos para la institución…

–Siempre hay cosas que se pueden mejorar y profundizar. Recientemente tuvimos la visita de la Misión de Observación de la Unión Europea en donde nos resaltaron para priorizar el tema de Financiamiento Político. En ese sentido hemos creado una Unidad Técnica Especializada que trabajó con consultorías internacionales y que ha elaborado un protocolo y procedimiento que deben seguir los partidos políticos para la rendición de cuentas, asimismo tenemos el proyecto de la diputada Rocío Vallejos que introduce algunas variaciones muy interesantes, estamos analizando ese proyecto que será tratado tras el receso parlamentario. Lo importante es que haya un mayor control en la utilización de los fondos públicos, tanto en aportes como en subsidios. Hay una discusión doctrinaria si es conveniente o no de que haya financiamiento público, o si el financiamiento debe ser predominantemente privado. A mi criterio, el financiamiento público debe ser predominante, que facilite el control. En la mayoría de los países europeos tienen ese tipo de financiamiento. En Latinoamérica también existe, el control es difícil de realizar, el trabajo implica el trabajo de varias instituciones en forma conjunta. La principal responsable es el TSJE pero tiene que trabajar conjuntamente de acuerdo a la ley con Seprelad, Contraloría, Ministerio de Hacienda, para realizar un control cruzado. Asimismo, hemos avanzado positivamente con el Banco Nacional de Fomento (BNF), que facilita la apertura de la cuentas corrientes a los partidos políticos, y eso permite la trazabilidad; hay que hacer el seguimiento del origen y el destino de los fondos. En otros tiempos, los bancos privados por razones administrativas eran reacios a abrir cuentas a los partidos políticos, en ese sentido el BNF ayudó muchísimo.

–¿Otras prioridades de la reforma electoral en el futuro?

–Son varios los temas que tendremos que incorporar en el futuro como el transporte público gratuito en el día de las elecciones; algunos países lo implementan. En Chile, en el día de las elecciones, en el Metro y otros servicios públicos son totalmente gratuitos, pero eso implica un calculo económico minucioso, porque es un subsidio que debe hacer el Estado a las empresas de transporte público.

Asimismo, la inclusión de las personas privadas de su libertad. Según la ministra de Justicia existen más de 10 mil personas que están sin condenas, en ese sentido, nosotros hace poco hemos realizado un programa de digitalización de todos los procesados juntamente con el Ministerio de Justicia y creemos que eso se puede llevar a la práctica. Es relativamente fácil de realizar. Nosotros hace poco concluimos una base de datos muy actualizada, allí si se presenta un tema que tenemos que dilucidar y ver cómo hacer con las personas privadas de su libertad que vienen de distintos municipios, tenemos que ver cómo organizar las elecciones. El Tribunal Superior de Justicia Electoral tiene amplias facultades reglamentarias en ese aspecto y puede ir actuando para organizar ese tipo de incursión de personas, que hoy día están excluidos de la votación.También tenemos que aumentar el electorado en el exterior con los compatriotas que están habilitados para votar. Hasta hoy tenemos los países de Argentina, España, Estados Unidos y Brasil, en donde tenemos empadronados y tenemos personas habilitadas en las elecciones generales, no en las municipales; es un trabajo que continúa. El Tribunal ha diseñado un sistema de inscripción vía internet que tiene sus pro y su contra, tiene la ventaja de que implica una reducción muy grande de los gastos. Ya no tenemos casi misiones que se van a los países para organizar las inscripciones, pero también hay algún reclamo en el sentido que es un poco compleja la inscripción. Tenemos previsto aumentar para el 2023 la cantidad de inscripto.

PERFIL

JAIME JOSÉ BESTARD DUSCHEK

Nació en la ciudad de Asunción, 6 de setiembre del año 1958. Realizó sus estudios universitarios en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción, obteniendo el título de abogado. Especializado en Derecho Civil, Derecho Administrativo y Derecho Electoral. Idiomas: Español, inglés y alemán. En agosto del año 2013, la Honorable Cámara de Senadores del Congreso Nacional, con acuerdo del Poder Ejecutivo, aprobó el acuerdo para su designación como miembro del Tribunal Superior de Justicia Electoral.

Cargo actual: Presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral.

Una de estas legislaciones, la de reforma del servicio civil, tiene ese estatus de urgencia, considerando la sangría diaria que implica el sostenimiento de la actual estructura legal.

El sistema de ingreso a cargos públicos, las compras de bienes y servicios estatales, la superposición de entidades que duplican gastos, los contratos que otorgan beneficios exagerados a funcionarios son algunos de los puntos que requieren urgente tratamiento para aplicar reformas.

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“Esta propuesta de reforma dará seguridad a quienes concursan, para que no entren los operadores políticos, sino las personas capaces. Varios planilleros entraron en el gobierno anterior, yo lo denuncié”, refirió “Bachi” Núñez, al ser abordado sobre el tema.

En efecto, los episodios de numerosos casos de personas que ingresan a cargos públicos, gracias a las brechas que se abren desde la perspectiva legal, podrán abortarse con la legislación de reforma del servicio civil.

El mandatario había abogado por la necesidad de establecer reglas claras en el sector público con relación al ingreso, permanencia y salida de los funcionarios estatales.

Férreamente, la legisladora Kattya González dispara a los cuatro vientos su indignación por la contratación de varios hijos de congresistas en el Poder Legislativo. Fiel a su estilo, inclusive hizo un show ante la prensa, colocándose una pañoleta colorada, haciendo alusión al Partido Colorado, y haciendo burla a la supuesta obligatoriedad de afiliarse para conseguir el primer trabajo.

Lo que la parlamentaria evita recordar es que ella también fue asesora del Senado durante 2 años y, aunque en ese tiempo aún su papá no era senador, ya gozaba de mucha influencia en el ámbito legislativo.

Fue así que sin concurso, el 12 de abril de 2004, el entonces presidente del Senado, Carlos Mateo Balmelli, contrató por tres meses a la abogada Kattya González, en carácter de asesora adscripta a la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario de G. 2 millones mensuales.

En tanto que, el 19 de enero de 2005, el presidente del Senado, Miguel Carrizosa, también la contrató por seis meses para que siga siendo asesora de la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario mensual de G. 2.500.000.

En esa oportunidad, la entonces abogada -hija del político Marcial González Safstrand- no requirió afiliarse al Partido Colorado para conseguir el puesto en la función pública, le habría valido solo los contactos de su padre.

Otro antecedente de González es su contrato como asesora legal en Aduanas, de acuerdo a antecedentes publicados en la prensa.

De manera incoherente, lo que hizo en el pasado, ahora cuestiona.

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El senador resaltó que, “a través de la carrera civil se estaría posibilitando que el ciudadano paraguayo acceda a través de concursos a la función pública, donde se va a tener en cuenta la idoneidad, la meritocracia, para que entre primero contratado y posteriormente pueda hacer una carrera dentro del ámbito de la función pública”, fundamentó.

Asimismo, no descartó la posibilidad de conversar con sus colegas para que el mencionado proyecto sea tratado en una sesión extraordinaria, considerando que el Poder Legislativo se encuentra en receso parlamentario.

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“Hablaré con los colegas para ver si podemos avanzar y, porqué no, en este receso tratar esta ley de carrera Civil, que es tan importante y nos va a ayudar para que Paraguay no tenga un gobierno ‘elefantiasis’”, expresó el legislador.

Igualmente, Núñez sostuvo que se deben mejorar los mecanismos de concursos y de esa manera eliminar los casos de “nepotismo” en la función pública.