“Todo lo que ocurrió en este periodo demuestra fehacientemente que este gobierno entreguista no debe hacerse cargo de renegociar el tratado de Itaipú, porque corremos el riesgo de perder nuestra soberanía energética y de no lograr la reparación histórica que hasta ahora el pueblo paraguayo reclama. Con el gobierno de Mario Abdo, el Brasil nos hará seis a cero en la renegociación”, sostuvo Rejala.

El legislador recordó el “acta entreguista” de mayo de 2019 que atentaba contra nuestra soberanía y contra los intereses del Paraguay, y el posterior premio otorgado por Mario Abdo Benítez a los principales responsables del acta.

“Ante de conocerse los detalles del acta entreguista que casi le costó el cargo al presidente, Mario Abdo trató de pillos y peajeros a los paraguayos, y las autoridades directamente implicadas en ese mamotreto de acta, son premiadas con cargos de relevancia nacional, entonces, ¿Cuál es el mensaje que da el presidente? Que no hay castigo a los traidores de la patria y que no le importa el pueblo”, dijo.

A criterio del legislador, un punto de inflexión que suma como antecedente en lo que será la renegociación es el reciente veto del Ejecutivo al proyecto de Ley que incorpora los gastos socioambientales de la Yacyretá e Itaipú al Presupuesto General de la Nación (PGN).

“El acta entreguista pretendieron hacerlo en secreto, entre cuatro paredes, callados, entregando nuestra soberanía energética que en su momento iba a significar un sobrecosto a la ANDE que iba repercutir directamente en el bolsillo de la gente. Con el veto a la incorporación de los gastos socioambientales de las binacionales al PGN, se demuestra nuevamente que el gobierno prefiere el secretismo, obstaculizar la transparencia y seguir con el uso discrecional del dinero que pertenece a todos los paraguayos. Estoy muy preocupado porque este gobierno tiene capacidad demostrada que no es apto de hacerse cargo de la renegociación del tratado de Itaipú. Necesitamos un equipo de gente capaz, transparente, capacitada, honesta, patriota y que esté más allá de la política, si queremos recuperar lo que en este tiempo nos sacaron de Itaipú”, finalizó.

Una de estas legislaciones, la de reforma del servicio civil, tiene ese estatus de urgencia, considerando la sangría diaria que implica el sostenimiento de la actual estructura legal.

El sistema de ingreso a cargos públicos, las compras de bienes y servicios estatales, la superposición de entidades que duplican gastos, los contratos que otorgan beneficios exagerados a funcionarios son algunos de los puntos que requieren urgente tratamiento para aplicar reformas.

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“Esta propuesta de reforma dará seguridad a quienes concursan, para que no entren los operadores políticos, sino las personas capaces. Varios planilleros entraron en el gobierno anterior, yo lo denuncié”, refirió “Bachi” Núñez, al ser abordado sobre el tema.

En efecto, los episodios de numerosos casos de personas que ingresan a cargos públicos, gracias a las brechas que se abren desde la perspectiva legal, podrán abortarse con la legislación de reforma del servicio civil.

El mandatario había abogado por la necesidad de establecer reglas claras en el sector público con relación al ingreso, permanencia y salida de los funcionarios estatales.

Férreamente, la legisladora Kattya González dispara a los cuatro vientos su indignación por la contratación de varios hijos de congresistas en el Poder Legislativo. Fiel a su estilo, inclusive hizo un show ante la prensa, colocándose una pañoleta colorada, haciendo alusión al Partido Colorado, y haciendo burla a la supuesta obligatoriedad de afiliarse para conseguir el primer trabajo.

Lo que la parlamentaria evita recordar es que ella también fue asesora del Senado durante 2 años y, aunque en ese tiempo aún su papá no era senador, ya gozaba de mucha influencia en el ámbito legislativo.

Fue así que sin concurso, el 12 de abril de 2004, el entonces presidente del Senado, Carlos Mateo Balmelli, contrató por tres meses a la abogada Kattya González, en carácter de asesora adscripta a la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario de G. 2 millones mensuales.

En tanto que, el 19 de enero de 2005, el presidente del Senado, Miguel Carrizosa, también la contrató por seis meses para que siga siendo asesora de la Presidencia de la Cámara Alta, con un salario mensual de G. 2.500.000.

En esa oportunidad, la entonces abogada -hija del político Marcial González Safstrand- no requirió afiliarse al Partido Colorado para conseguir el puesto en la función pública, le habría valido solo los contactos de su padre.

Otro antecedente de González es su contrato como asesora legal en Aduanas, de acuerdo a antecedentes publicados en la prensa.

De manera incoherente, lo que hizo en el pasado, ahora cuestiona.

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El senador resaltó que, “a través de la carrera civil se estaría posibilitando que el ciudadano paraguayo acceda a través de concursos a la función pública, donde se va a tener en cuenta la idoneidad, la meritocracia, para que entre primero contratado y posteriormente pueda hacer una carrera dentro del ámbito de la función pública”, fundamentó.

Asimismo, no descartó la posibilidad de conversar con sus colegas para que el mencionado proyecto sea tratado en una sesión extraordinaria, considerando que el Poder Legislativo se encuentra en receso parlamentario.

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“Hablaré con los colegas para ver si podemos avanzar y, porqué no, en este receso tratar esta ley de carrera Civil, que es tan importante y nos va a ayudar para que Paraguay no tenga un gobierno ‘elefantiasis’”, expresó el legislador.

Igualmente, Núñez sostuvo que se deben mejorar los mecanismos de concursos y de esa manera eliminar los casos de “nepotismo” en la función pública.